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El precandidato y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, responde con franqueza a las preguntas sobre las medidas que hay que tomar para enderezar al país. ‘Estoy dispuesto a gastarme mi capital político en un acuerdo nacional’, dice. Y prende las alarmas ante una constituyente.
¿Un ministro de Hacienda de Colombia sin visa a Estados Unidos es viable?
Es inefectivo. Porque un trabajo muy importante que tiene el ministro de Hacienda es asegurar el financiamiento de Colombia y eso se logra en Washington con la banca multilateral, y con los bancos en Nueva York, en Wall Street. Sin acceso, él no va a poder participar en las discusiones, ni buscar financiamiento ni participar en las decisiones globales relevantes para el país. Donde no se sienta el ministro, ya no se sienta nadie. Esa silla queda vacía.
Salario mínimo. ¿Cuál es un rango prudente para ese aumento?
La inflación va a terminar en 5 %. Calculemos un 2 % más con incremento en productividad. Por encima del 7 %, un aumento del mínimo ya es por cuenta del populismo y de las intenciones electorales de Petro.
Fedesarrollo dice que estamos en la situación fiscal más difícil del siglo XXI. El déficit se proyecta en más del 7,5 % del PIB…
Sin calificativos, es el peor déficit fiscal de toda nuestra historia. Y sin una razón. Crisis, desastres naturales, pandemias, esas serían razones de un déficit. Hoy no la hay. Es una coyuntura simplemente política, electoral.
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¿Para reducirlo, recortaría la nómina oficial?
En 2018, último año en que fui ministro de Hacienda, la planta de empleados del Gobierno era de 1’000.000. Había 500.000 de la Fuerza Pública, 300.000 del magisterio y 200.000 el resto. Hoy hay 1’300.000, con tendencia al alza. Mucho de eso es por cuenta de Gustavo Petro, pero también hubo un crecimiento muy importante en los años anteriores. Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, duplicaron su tamaño. Pero aquí no es con espejo retrovisor.
No mirar el retrovisor, sino el vidrio panorámico…
Mirando por el panorámico, sincerémonos. No hay plata para pagar una nómina de 1’300.000 empleados públicos.
¿Por dónde más recortaría el gasto?
Por el lado del empleo militante, que son las órdenes de prestación de servicios, en lo corrido del año hay 585.000. No tienen función distinta a la de contratar gente que va a votar por los candidatos del Pacto Histórico, así de sencillo. En eso se pueden ahorrar unos 15 billones de pesos, lo que indica el derroche, el clientelismo y el ataque directo a la democracia, porque esto desnivela la cancha. Con 585.000 contratistas se puede calcular un millón y medio de votos de ventaja para el Pacto Histórico.
¿Cerraría ministerios?
Ahorraría en el billón de pesos que cuesta el Ministerio de Igualdad, cuya función la cumple el Departamento de Prosperidad Social. Y acabaría con otras entidades redundantes. Por ejemplo, con la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres: está totalmente manchada, perdió toda credibilidad y esa función la deben cumplir los ministerios sectoriales. Hay una cosa peor, que son los fondos que tienen los ministerios. Son invisibles, no tienen edificios, pero muchas veces resultan más grandes que los propios ministerios.
Deme ejemplos…
El Fonsecon, (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), del Ministerio del Interior, hoy dedicado a hacer placas huella con las juntas de acción comunal como contratistas del Estado. Pura politiquería. Es la caja menor del ministro del Interior. Hay que acabarlo, hablamos de un ahorro de billones de pesos. Otro ejemplo, el Fontic, en el Ministerio de las TIC. Billonario e intocable. Se dedica a regalar computadores y tabletas. No más fondos protegidos que no se pueden tocar.
¿Cómo recuperar la confianza internacional sobre el manejo fiscal de Colombia?
Con un presidente que genere credibilidad, confianza y que hable con autoridad ante los organismos multilaterales de crédito, como el FMI. Inmediatamente las tasas de interés que le cobran a Colombia van a caer. Hoy se paga el 13%. Si logramos reducir tres puntos la tasa de interés, nos podríamos ahorrar 10,15 billones de pesos. Es un ajuste viable, posible, que el país recibirá bien.
Recortar los subsidios al diésel sería menos popular…
No le quiero eludir la respuesta sobre la parte impopular de los ajustes. En los paneles ante los gremios, los precandidatos dicen sobre recortar subsidios al ACPM que todo se hará con mucho diálogo, que nada será atropellado…
¿Pero es realista no ajustar el diésel?
Si uno quiere ser un buen presidente, tiene que hablar con franqueza, porque la charlatanería populista es la que está dominando el panorama político. No se puede mantener indefinidamente el subsidio al ACPM. Es insostenible.
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¿Y los subsidios a los servicios públicos?
Hoy se definen en función de los estratos. Fedesarrollo propone que el subsidio esté asociado al Sisbén, a la persona, no a la vivienda. Esa es una combinación mucho más difícil. Técnicamente entiendo el argumento; pero políticamente creo que sería una reforma que, de entrada, le generaría problemas serios al estrato 3. No puede ser el que lleve el bulto con el ajuste. Las elecciones se ganan en el estrato 3. Esa es la realidad, honestamente.
Todo esto indica que el próximo presidente sí la va a tener muy difícil…
Heredará tantos problemas que va a ser necesario algo que está muy desgastada en el papel: un acuerdo nacional que proyecte al país más allá de un gobierno. Propongo que el día en que se conozcan los resultados electorales convoquemos a ese acuerdo nacional, antes de que se inicie el nuevo gobierno. Y que se invite a todos los partidos políticos, incluyendo a los de oposición. Las decisiones no se tomarían por consenso ni por unanimidad, sino por mayorías y bajo una agenda muy delimitada. Sobre todo, hay que incluir en ella los temas que hoy rebasan la capacidad propia del Ejecutivo. Será necesario también invitar a las cortes, que han influido mucho en esas decisiones, y, por supuesto, al Congreso.
¿Cuáles serían tres temas obligatorios de ese acuerdo nacional?
Uno, las consultas previas, el gran problema con el que nadie ha podido. Nos están costando muchísimo y hoy se ejercen como poder de veto: una extorsión, un chantaje. Segundo tema, la unidad agrícola familiar, que ha impedido el desarrollo de la agroindustria, especialmente en la altillanura. Y tercero, el plan de beneficios de salud. Si queremos tener una salud sostenible y financiable, debemos poder llevar las cuentas para saber exactamente cuánto va a costar. Ese plan de beneficios hoy es ilimitado, porque cualquier juez puede decir cualquier cosa. Si se logran esos tres puntos en el acuerdo nacional, eso les va a servir al siguiente gobierno y al siguiente del siguiente. Estoy dispuesto a gastarme mi capital político en lograr un acuerdo sobre estos puntos, que despejaría un poco el panorama y el país tendría más viabilidad.
Si uno quiere ser un buen presidente, tiene que hablar con franqueza, porque la charlatanería populista es la que está dominando el panorama político
Mauricio CárdenasPrecandidato presidencial
En el tema de seguridad: el Presidente montó en cólera con la reputada revista inglesa ‘The Economist’ porque sacó un mapa muy rojo de la violencia en Colombia…
El mapa es real y yo diría que es tal vez el principal problema en este momento. Siento que el país está reviviendo su historia, la que vivimos en los años 80. ¿Qué está pasando hoy con estos grupos armados organizados? Están diciendo: controlamos ya las ciudades con la extorsión, el micro-tráfico y, haciendo alianzas con el petrismo, van por la política.
¿Qué debemos hacer ante la descertificación de EE. UU.?
No es por la descertificación, es por nuestra propia supervivencia que debemos luchar de frente contra esos grupos armados organizados y contra su expresión, el narcotráfico y la minería ilegal. Esa es la prioridad. De lo contrario, en diez años, esta generación de jóvenes se habrá ido en gran parte del país.
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El otro tema muy difícil es el de la salud. ¿Tendremos que resignarnos a su estatización?
No han podido hacerlo en un periodo porque ha habido diques y contrapesos. Pero la intención del Pacto Histórico 2.0 es clara. Estatizar la salud y la educación superior, quitándole los subsidios a la educación en las universidades privadas. Están en contra de las concesiones de infraestructura; no quieren ver al sector privado invirtiendo en activos estratégicos y, por ahí derecho, van por los servicios públicos.
¿Y qué propone que el país haga frente a esa ruta?
Decir no. Esto no es estatizando el país. Colombia ya aprendió que el mayor avance lo logra cuando el sector público y el sector privado se complementan, eso sí, con regulación y vigilancia. No han logrado sacar la reforma de la salud en el Congreso, pero la estatización se está dando por la vía de la intervención.
Mauricio Cárdenas Santamaría, precandidato. Foto:Mauricio León. Archivo EL TIEMPO
¿Esa intervención de las empresas de la salud ha sido politizada?
Totalmente. El superintendente es un recomendado de alguien; el que maneja la plata es de otro padrino político; los interventores, que supuestamente tendrían que estar resolviendo problemas, son intermediarios que le hacen favores políticos a su padrino.
Aprovechando su franqueza en esta entrevista, hablemos de reforma tributaria. ¿Usted ampliaría la base gravable? ¿De las personas naturales o también de las jurídicas?
Cada gobierno debe ser muy consciente de cuál es su capital político y de cómo lo quiere invertir. Para mí, gobernar es priorizar, regla de oro. No se puede llegar a hacerlo todo. Es tan grande el problema del exceso de gasto, tan serio, que priorizaría su reducción, más que ponerme ahora a decir que, además, vamos a hacer una reforma tributaria, de esas que son tremendamente difíciles, como meterse con la ampliación de la base. No hay espacio en este momento para la reforma tributaria.
¿Quitaría el impuesto al patrimonio?
Indiscutiblemente. Hoy no genera mayor recaudo. Existe en Colombia desde el 2002; en la reforma del 2016 propuse quitárselo a las empresas, cosa que hicimos, pero quedó vigente para las personas naturales. Creo que llegó la hora de quitárselo a ellas también porque, además de su bajo recaudo, ese impuesto produce éxodo de patrimonios altos para residenciarse en otros países.
Cosa que evidentemente ha sucedido…
Sí. Y no solo se lleva el impuesto al patrimonio por delante, sino el de renta. No es conveniente.
Los intereses de la deuda están en primera fila de los altos gastos del Estado. ¿Cree que su financiación, viendo las movidas de los últimos días, resultará una granada de tiempo para el próximo gobierno?
La pregunta es por qué no ha explotado si el problema es tan grande y tan evidente. Creo que los mercados que financian al país están siendo muy optimistas.
¿Muy optimistas en qué sentido?
Están partiendo de la base de que después del desastre va a llegar, el 7 de agosto del 2026, alguien serio a poner la casa en orden. Va a llegar un Cárdenas que resuelve todos los problemas.
¿Y si gana el Pacto Histórico?
Digámonos la verdad: el Pacto 2.0 puede ganar porque la cancha está muy desnivelada, como le decía. Le han metido mucho al gasto. Claro que nos están prestando, pero también nos están cobrando unas tasas de interés altas; o sea, están haciendo un buen negocio en el camino. Aunque no estaría tan confiado de prestarle y prestarle a Colombia…
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Hay, en la forma como están manejando la deuda, unos riesgos cambiarios grandes…
Total. Y si vamos mirando el panorámico hacia adelante, como usted propone, aquí hay dos opciones muy claras que marcan una ye. Por un lado, creo que si el Pacto Histórico 2.0 sigue gobernando, terminaremos no pagando la deuda. Probablemente se inventarán una figura de reprogramación, o si quiere un nombre más presentable, de reperfilamiento. El ministro Ávila usó ese término hace unos días. Son expresiones, pero al final, de cada 100 pesos que debo, no voy a pagar 70 o 60. Estoy casi seguro de que ellos se irían por ese camino, y anunciarán que ese ahorro se lo van a dar a la gente en vivienda, salud y educación… Pero nos meterían así en el camino de un Ecuador, de una Argentina, en la época en la que incumplieron sus obligaciones. Con eso se dispara el dólar y se suspende el financiamiento al país. Y lo que más me preocupa es que todo eso vaya de la mano de una asamblea constituyente.
¿No es parecido el acuerdo nacional que usted propone a una constituyente?
No. Es la alternativa. No a la constituyente, sí al acuerdo nacional sobre tres o cuatro temas pendientes que no hemos podido resolver. Varios grupos se tienen que poner de acuerdo simplemente con una mayoría simple. La constituyente es el instrumento para cambiar las reglas electorales y perpetuarse en el poder. Hoy dicen que será una nueva Constitución para cumplir con la del 91. Vaya contra-sentido. Colombia no necesita una nueva Constitución, necesita es un nuevo gobierno. La asamblea constituyente sería la precursora de una dictadura.
¿Y el otro camino de la ye cuál es?
La seriedad, la responsabilidad, el manejo pragmático de las cosas. Esa es la alternativa que quiero representar.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
