Por 
La zona de los bloqueos en la vía entre Buga y Buenaventura, con pérdidas que subieron a 30.000 millones de pesos, dejando 8.000 vehículos represados en el occidente del Valle del Cauca, es una región donde comunidades afrodescendientes han venido reclamando la restitución de más de 65.000 hectáreas, en una defensa de sus territorios.
LEA TAMBIÉN
Es la misma zona donde la pobreza de Buenaventura y de Dagua, ambos municipios vecinos, motiva a que un segmento de su población se dedique a la minería ilegal, pero no ahora, sino desde décadas atrás, en una cuenca del río Dagua del tamaño de 142.000 campos de fútbol y, en muchos casos, al servicio de grupos armados.
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Allí, en la zona rural de Dagua, así como en la de Buenaventura, el frente de las disidencias ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, tiene presencia.
Según fuentes del Ejército y de la Policía Valle, los disidentes manipulan a la población más vulnerable y de más necesidades para sus fines de tráfico de drogas y armas, así como la minería ilegal de oro. Solo en esta misma área, en la carretera de más de 120 kilómetros entre Buga y Buenaventura, las autoridades han localizado en los últimos seis años entre 300 y 500 socavones bajo tierra solamente en la mitad del trayecto y en inmediaciones de los trabajos de la doble calzada que aún no culminan.
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Pero esta manipulación o presiones no solo es para minería ilegal, también para realizar asonadas y, en este caso, una de las hipótesis de las autoridades es que disidentes u otros grupos al margen de la ley podrían estar detrás de los bloqueos hacia Buenaventura, aunque la Gobernación del Valle planteó que esta parálisis sería orquestada por foráneos de otros departamentos y no por las mismas comunidades bonaverenses.
LEA TAMBIÉN
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Esta región en el Valle, es además, donde en el último año, la tasa de mortalidad por desnutrición de menores con edades de 5 años fue de 9 por cada 100.000 habitantes o donde solo el 14 por ciento de toda la población (alrededor de 324.000 habitantes de Buenaventura) son suscriptores de un servicio de acueducto, por el cual, el líquido vital no llega durante la 24 horas en el puerto más importante del país.
LEA TAMBIÉN
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año
De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio de Buenaventura y de Buenaventura Cómo Vamos, entre el 6 de marzo y el 4 de julio se registraron 10 bloqueos en esta carretera y casi siempre en los mismos puntos, como La Delfina, donde esta semana se concentró uno de los taponamientos, así como en el sector de La Víbora y en Loboguerrero, corregimiento de Dagua. Con estos últimos ya se superó la decena de protestas en la vía.
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año Foto:Iusef Samir Rojas
La Cámara de Comercio de Buenaventura sostuvo que detrás de estas manifestaciones “hay comunidades —indígenas, campesinas y afrodescendientes— que reclaman el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Sus demandas incluyen acceso a tierras, inversión social y respeto por los derechos territoriales, deben ser atendidas con seriedad y diálogo transparente”.
“Nos encontramos aquí reunidos en la comunidad de La Delfina en la lucha por la vida, la soberanía nacional y la dignidad de los pueblos”, dijo un vocero de las comunidades afros.
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año Foto:Iusef Samir Rojas
“Nos unimos al llamado de la movilización nacional por parte de las organizaciones sociales y populares. Nos movilizamos por la vida, no al capitalismo”, señaló un indígena.
“Nos movilizamos por la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas, con los consejeros comunitarios, con los campesinos y urbanos”, aseguró el nativo, mientras que una campesina dijo: “Estamos aquí en la vía Buenaventura, en el puerto marítimo más importante de Colombia, donde el abandono del Estado no deja ver el beneficio económico”.
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año Foto:Iusef Samir Rojas
El primer bloqueo de este año fue en inmediaciones del corregimiento de Loboguerrero, de Dagua, que está en el mismo corredor vial a Buenaventura, el 6 de marzo. El segundo fue el 13 de ese mes, también en Loboguerrero.
El tercero fue el 20 de marzo, una protesta del gremio del servicio de transporte público en el casco urbano de Buenaventura. El cuarto bloqueo se llevó a cabo en el sector conocido como El Gallinero, en la entrada a la ciudad puerto vallecaucana, el pasado 9 de abril. El 5 de mayo se unieron comuneros de las juntas de consejos comunitarios de poblaciones afros con indígenas de una minga en Cisneros y La Delfina.
LEA TAMBIÉN
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
El 19 y el 20 de mayo, mineros del corregimiento de Zaragoza, también en Buenaventura y donde hay explotación ilegal de oro, salieron a protestar contra operativos de Fuerza Pública.
El 28 de mayo volvió el bloqueo a El Gallinero. Este último se relacionó con el reclamo de líderes de comunidades de los corregimientos 8 y 9 por pagos de una indemnización, debido a daños ambientales por unos 200.000 millones de pesos por la construcción de una hidroeléctrica hace dos décadas. Hablan de 24 años, específicamente. Estas comunidades manifestaron que más de 1.600 personas esperan este resarcimiento.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Estos líderes aseguraron que la Defensoría del Pueblo medió en un litigio por impacto ambiental a los pobladores. Afirmaron que siguen esperando pagos por estos daños y que la Defensoría del Pueblo sería la administradora del Fondo para la Defensa de los Derechos Colectivos que tendría la misión de desembolsar los dineros.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
“Exigimos el pago de ley por la indemnización reconocida en la providencia del 10 de junio de 2021 del Consejo de Estado”, dijo Wálter Córdoba, uno de los líderes en esa época. “Llevamos meses en etapa administrativa de pago por parte de la Defensoría y la Defensoría no materializa esos dineros”, anotó Córdoba, en ese entonces.
Él y otros comuneros dijeron que rechazan “respuestas vagas de la Defensoría del Pueblo, documentos sin fechas ni compromisos reales, pagos parciales del 60 por ciento, cuando exigen la totalidad y soluciones sin cronograma definido”.
Reiteraron que exigen el pago completo de las indemnizaciones, fechas específicas para los pagos pendientes, cronograma claro para las resoluciones restantes y respuestas de fondo, no evasivas”.
Según estos líderes, comprenden los impactos en la vía de Buga a Buenaventura, pasando por Dagua, pero piden a la comunidad entender sus requerimientos.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
“Se nos agotaron los espacios de diálogos. Venimos dialogando y no se nos paga la indemnización”, dijeron otras personas.
El pasado 5 de junio, el octavo bloqueo del año se debió a una minga indígena. El 27 de junio, mineros volvieron a protestar en la carretera y el 4 de julio, el cierre de la vía fue por ataques e incineraciones de tractomulas por parte de insurgentes del Eln.
Ahora, desde el pasado 14 de octubre, los manifestantes de La Delfina y La Víbora sostuvieron que protestan porque reclaman tierras, así como la ampliación del fondo especial de Icetex para que comunidades negras puedan tener ayudas y así contar con posibilidades de estudios superiores.
No obstante, la Junta Asesora Nacional del Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras (Fececn) aprobó medidas excepcionales de condonación y renovación para este 2025, que permiten a los favorecidos que superaron los plazos para solicitar la condonación de su crédito educativo y ya se han graduado, acceder nuevamente a este beneficio. Estas medidas están vigentes desde el pasado 16 de junio e irán hasta el próximo 16 de diciembre.
LEA TAMBIÉN
También exigen la inclusión y la participación de organizaciones y consejos comunitarios con población afro y raizal en programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
‘Hay personas que no son de aquí’
Si bien, las comunidades en estas zonas están reclamando hasta la defensa a la vida por presiones de grupos armados, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró sobre el último de los bloqueos: “Tengo que decir que las personas que están ahí no son personas de la comunidad, ni afrodescendientes del lugar. Son personas que no son del Valle del Cauca, ni son personas que viven sobre la carretera, pertenecen a un Congreso de los Pueblos que tiene una estrategia de bloquear cuatro o cinco departamentos en el país y que está solicitando que le cumplan los compromisos al Gobierno Nacional. Lo difícil aquí es que el Gobierno Nacional no cumple y vienen y nos bloquean las carreteras nuestras, lo que nos genera daños sociales, económicos, alteración del orden público”.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Dijo que estas personas no tendrían que ver con la población de La Delfina ni de Loboguerrero de Buenaventura, además de que este bloqueo no ha respondido a una protesta pacífica, pues tres policías quedaron heridos por ‘papas bomba’. “Estamos muy preocupados. Son comunidades que han venido de otros lugares y que se han puesto de acuerdo para bloquear el departamento, pero vienen de otros departamentos”, puntualizó la gobernadora.
Toro agregó que en esta semana se ha desbloqueado la vía dos veces con la Policía y los manifestantes regresan por la noche a taponar. “Esto no tiene que ver con el departamento ni Buenaventura”, aseveró, fijando un ultimátum: si no hay desbloqueo voluntario, entra la Policía.
La afirmación de que estas protestas fueron planeadas con detalle y con suficientes ingresos, según fuentes del Ejército y de la Policía, toma fuerza por el bloqueo simultáneo en la vía Panamericana, en el sur del Cauca, también con indígenas, afros y campesinos.
Las mismas fuentes señalaron que ambos bloqueos en Valle y Cauca fueron tal calculados con el mismo impacto, por lo que está la hipótesis de que fuerzas ilegales que pueden incluir a grupos armados, como disidentes de las Farc u otro tipo de personas, habrían instrumentalizado a la población, en zonas justamente donde las necesidades sociales son elevadas, en este caso, el área a Buenaventura, y el sur del Cauca. Ambas son corredores estratégicos para los mismos alzados en armas.
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Estas fuentes de la Fuerza Pública indicaron que con la parálisis del suroccidente del país, los promotores de las protestas serían ilegales buscarían poner en jaque al Gobierno Nacional. De hecho, el sur y el suroccidente del Cauca, así como Cali y Buenaventura son las áreas de estos grupos, sea para producir coca y para distribuirla hacia países de Centroamérica y Estados Unidos o al interior del país.
Además, manifestaron que sostener tales protestas requieren millonarias sumas de dinero para que los manifestantes permanezcan en los sitios, garantizándoles su alimentación.
Y estos últimos bloqueos en particular, como lo dijo la gobernadora Toro, no han sido protestas pacíficas. Los anteriores 10 bloqueos de este año no tuvieron ese componente de agresiones, pero aun así es posible que haya habido infiltración de los mismos grupos armados para incitar a pobladores que claman por la atención del Estado.
A su vez, Buenaventura y también Dagua son municipios, donde el frente ‘Jaime Martínez’ mantiene el reclutamiento de menores para enfrentarse al Eln, como lo hizo recientemente en una calle del corregimiento de Bajo Calima, del mismo puerto.
Ese reclutamiento se asocia con la deserción escolar que aunque disminuyó notablemente a 3,53 en 2023 en comparación con el 5,66 reportado en 2022, lo que representa una reducción de 37,63 por ciento, “aún persisten riesgos asociados a la violencia y la informalidad laboral que representan una amenaza para la continuidad escolar”, dice el informe de la Cámara de Comercio de la ciudad puerto y Buenaventura Cómo Vamos.
El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), Juan Manuel Sanclemente, dijo: “El sistema o el mecanismo de los bloqueos ya desnaturalizó el derecho a la mínima protesta, porque cuando hacemos un ejercicio de moderación de los derechos de todos, evidentemente hay un desbalance”.
Sanclemente añadió: “Estos bloqueos se han vuelto tan reiterados, tan sistemáticos; se vuelve es un destructor de valor. Y esa destrucción de valor la terminan pagando, por supuesto, los empleos”. También dijo que son más las pérdidas que los logros por estas protestas.
‘El Eln podría estar presionando’
En cuanto a la vía Panamericana, a la altura del municipio de Rosas, este bloqueo que empezó también el 14 de octubre, lo que vuelve más sospechosa la realización de estas protestas, se suma a más de 50 que se reportan en lo que va de este 2025.
El comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Hernando Africano, denunció presiones del Eln hacia las comunidades que participan en las protestas.
“Estos bandidos han llegado a veredas y corregimientos a intimidar a la población civil con el uso de las armas”, afirmó.
En la misma línea, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que la Gobernación ha recibido reportes sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
“Desde municipios como Bolívar, líderes comunales han manifestado que no se dejarán presionar ni utilizar. Rechazamos totalmente este tipo de acciones”, sostuvo el oficial.
Las autoridades coordinaron con el Ejército Nacional la vigilancia del corredor entre El Ortigal y el Puente del Mayo para garantizar la seguridad de los viajeros.
“La seguridad de la Panamericana está asegurada, estamos articulados con los gobernadores de Cauca y Nariño para prevenir hechos de orden público”, precisó la secretaria de Gobierno del Cauca.
Las organizaciones sociales advierten que la falta de una política clara de soberanía alimentaria ha llevado al empobrecimiento de las familias campesinas, afectando la producción local y el abastecimiento de alimentos.
“Queremos producir, no sobrevivir de ayudas. El campo puede sostener al país si se invierte en él”, afirmaron líderes agrícolas del sector.
Uno de los reclamos más urgentes proviene de las familias damnificadas por el deslizamiento de tierra, piedras y lodo ocurrido en Rosas, el 9 de enero de 2023. Los afectados han dicho que el Estado no ha cumplido con los compromisos de reubicación ni con las promesas de restitución de tierras y viviendas. En un comunicado explicaron que cuando ocurrió la emergencia por la avalancha, el Gobierno Nacional anunció que 264 familias damnificadas serían reubicadas, prometiendo la compra de predios en 15 días y la entrega de 10 hectáreas de tierra por familia, así como la construcción de viviendas dignas y proyectos productivos.
“Llevamos más de un año esperando una solución. Seguimos en albergues y con deudas. Nadie responde”, comentó una de las afectadas desde el punto de bloqueo.
CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MICHEL ROMOLEROUX
Corresponsales de EL TIEMPO
Consulte más noticias
Entrevista María Lourdes Máñez. Foto:
