Por A pesar de que se había presentado como un hecho consumado la intención del gobierno de Gustavo Petro de implementar un shock de 90 días en Catatumbo, Cucuta, y dos municipios de Cesar, la decisión del Secretario General fue dejar sin efecto esa medida. En vez de ello, decidió prorrogar la vigencia de 11 decisiones legislativas que se consideraban fundamentales.
En el fallo 0467 emitido el 23 de abril, específicamente en su primer artículo, se menciona: “Obtenga el estado de trauma interno declarado por Directiva 0062 del 24 de enero de 2025 del 24 de abril de 2025”. Lo que sigue es inequívoco; se establece que el Decreto legislativo 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025 continuará vigente durante 90 días adicionales.
De acuerdo con la comunicación del comando, “Las medidas inusuales indicadas han sido efectivas para conjurar las causas que motivaron la declaración de trauma interno y para evitar la expansión de sus efectos”. Esto sugiere que la situación se considera manejada, aunque se aclara que las decisiones legislativas que se han prorrogado deben mantenerse para continuar el trabajo en el área afectada y prevenir un panorama más complicado.
El gobierno de Petro también ha subrayado su capacidad para extender los efectos de estas decisiones bajo el Artículo 41 de la Ley 137 de 1994: “El fallo legislativo que el gobierno determina durante el shock interno dejará de controlar tan pronto como se declare la regla general, pero su vigencia puede extenderse por hasta 90 días adicionales”. Esto implica que el gobierno podrá tener un margen de maniobra adicional para manejar la situación de manera efectiva.
Así, el gobierno ha decidido mantener en vigor durante tres meses adicionales, es decir hasta julio, una significativa cantidad de órdenes que están relacionadas con los residentes y las comunidades de las áreas afectadas. Esto incluye medidas implementadas por Landvernd, Foundation y diversas otras estrategias que se seguirán ejecutando, a pesar de que la excepción inicial ya no esté en efecto.
Por lo tanto, se puede inferir que, aunque el plan original de shock fue desestimado, la administración de Gustavo Petro sigue comprometida con la estabilidad de esas regiones, buscando proteger a sus habitantes y controlar el contexto social y político en el que se desenvuelven, garantizando que las medidas necesarias se mantengan vigentes a medida que se evalúe la situación de manera continua.
