Por Este proceso millonario había sido uno de los focos de atención y “obsesión” del ex director de dicho organismo, Ludwig Valero, cuyo compromiso era buscar, a través de una subasta pública, una mejora en un sistema que ha sido ampliamente criticado por la corrupción y la mala calidad.
No obstante, el 12 de marzo, mientras se llevaba a cabo el crucial proceso de licitación, se le solicitó la carta de renuncia a Valero. A pesar de que las justificaciones públicas no han sido contundentes, diferentes voces sugieren que su salida fue “archivada” por el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien lideró la oposición que culminó con la reforma laboral rechazada por el presidente Gustavo Petro.
¿Qué ocurrió con USPEC?
La salida del Ministro de Justicia se produjo en un contexto de creciente presión por parte de Armando Benedetti. Foto:Archivo
Los servicios penitenciarios son responsables de la salud y la infraestructura de los centros de reclusión en el país, los cuales han sido históricamente un baluarte de cargos y de burocracia. De hecho, según informan diversos medios, algunas posiciones de alto riesgo en el área no solo provocaron la atención de Pinto, sino también del senador Fabio Amin, también del Partido Liberal.
Sin embargo, el interés en controlar la unidad es fuerte, considerando que este año manejará un presupuesto cercano a los dos mil millones de pesos.
Según Buitrago, tanto Benedetti como Angie Rodríguez, directora actual de la Administración Presidencial (DAPRE), presionaron directamente para que Valero fuese reemplazado “de manera inmediata”.
Sorprendentemente, el cambio de Valero no fue un caso aislado. En la actualidad, dos de los cargos más importantes dentro de la unidad han sido ocupados por personas propuestas. Dentro de un rango de días, entre el 9 y el 12 de mayo, se determinó la salida de dos figuras clave: el administrativo y el director financiero, Juan Carlos Barragán y el jefe del bufete de abogados, Sergio Andrés Agón.
De acuerdo con Buitrago, Benedetti le había exigido tomar “inmediatamente” el control sobre Valero
Por otro lado, según las resoluciones emitidas por USPEC, Naslly Esperanza Fonseca se mantuvo a cargo de la gestión política, mientras que Fabián Alberto Beltrán continuó como jefe legal. Hasta ahora, y hasta el cierre de este informe, no se han revelado los nombres de quienes ocuparían otros puestos.
Contratos millonarios y un presupuesto sustancial
Aunque no ocupa el primer lugar en el presupuesto estatal, el presupuesto de USPEC es significativo. Solo el acuerdo sobre la alimentación implica 946 mil millones de pesos, lo que representa el 49 por ciento de todo el dinero asignado a esta unidad en el proyecto de presupuesto nacional para 2025, que alcanza los 1.9 mil millones de pesos.
Hasta este momento, y considerando que un contrato ha sido formalmente firmado en menos de 20 días, USPEC ya ha experimentado un aumento del 16 por ciento en sus costos operativos.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de la Transparencia Económica (PTE), solo los costos laborales para estos 40 mil millones de pesos, asignados a los salarios de 508 funcionarios, están en juego.
El plan de planificación para la Unidad 2025, conocido por la Unidad de Datos El Tiempo, establece que la nómina de USPEC está constituida por 12 personas en la etapa de gestión, cuatro consultores, 116 expertos, 70 técnicos y 99 servidores en el nivel de atención. Todos estos, considerando únicamente el salario base, sin contar primas y otros beneficios, suman un gasto de 183 millones de pesos mensuales.
Solo los costos laborales de la unidad consumen 40 mil millones de pesos para este año
Comida: Un tema siempre en el centro de la controversia
La calidad de la comida en las prisiones infringe “el derecho a la alimentación”, señala la oficina del defensor. Foto:Tiempo
Sin duda, el aspecto más llamativo de la USPEC radica en los contratos asignados. Según los datos abiertos en el portal de transparencia, se han formalizado contratos por 1.600 millones de pesos para el año 2023, y para el año 2024 se registraron recursos por 450 mil millones de pesos.
Esta subasta ha generado muchas preguntas. Por un lado, organizaciones y ONGs, como la Corporación Internacional Anti-Corrupción (Coraci), han denunciado que los procesos de contratación de alimentos en las prisiones suelen ser “una fortaleza de empresas del mismo círculo, de los mismos grupos que operan dentro del sistema pues carecen de competencias claras para gestionar estos contratos y han tenido antecedentes negativos en eventos previos”.
No sorprende que al mirar hacia el futuro, varios de estos mismos contratistas figuran como candidatos en 2025 y ya participaron en 2024, incluyendo a MacSol y Ardiko A&S.
Además, el Defensor del Pueblo ha instado constantemente a mejorar los servicios en las cárceles, a menudo descritos como “inhumanos”. La alimentación promedio de 16,626 pesos es significativamente inferior al costo de un almuerzo estándar en Bogotá, lo que incluye desayuno, almuerzo, cena y refrigerios para los internos.
Para el defensor, este escenario representa una “violación flagrante del derecho fundamental a la alimentación” de los internos, ya que “la seguridad alimentaria no está garantizada debido al mal estado de las instalaciones se alimenta, junto con la falta de equipos de cocina adecuados y lugares apropiados para la preservación, preparación y distribución de alimentos”.
Queda por ver si, con este nuevo contrato, que difícilmente comenzará a implementarse, las condiciones de este servicio mejoren de alguna manera.
Una unidad bajo un presupuesto “en la mira”
La unidad, asociada al Ministerio de Justicia, fue creada mediante el nombramiento 4150 de 2011, con el propósito de administrar las actividades penitenciarias que supervisan INPEC, tal como se detalla en el documento oficial.
Desde su fundación, el sector penitenciario ha estado plagado de casos de corrupción, lo que ha llevado a frecuentes auditorías y a investigaciones. Dentro de este marco, la condena de 22 años al teniente de INPEC, Luis Enrique Murallas Gutiérrez, evidencia la gravedad de la situación, pues él y otros guardias fueron acusados de extorsionar sumas millonarias para permitir el ingreso a las instalaciones penitenciarias.
Así ocurrido, otro caso emblemático en el ámbito de justicia penal se relaciona con la ciudad de Bello, Antioquia, en 2011.
Los desafíos que enfrenta USPEC en su gestión son evidentes Foto:Tiempo
Iván Unigarro Dorado, un especialista en gestión pública con un máster en Derecho Público, afirma a El Panorama que a la luz de las acciones y consecuencias del actual estado de USPEC, la calidad del contrato puede implicar cambios significativos.
“La atención que brinda la unidad constituye un ciclo económico. Se repite cada dos o tres años. Esto no es nada nuevo. Es el mismo mecanismo operativo que refleja la razón de ser de USPEC y su creación”, argumenta Unigarro, señalando que la unidad se estableció para dividir las funciones de INPEC durante la administración de Juan Manuel Santos. Según las normativas para la gestión de la prisión y las compras, se pueden observar ciertas carencias en materia operativa, añade el experto.
Las unidades gestionan la compra de alimentos, colchones y vestimenta, entre otros suministros necesarios para la operación de las penitenciarías. El objetivo es asegurar una gestión centralizada de adquisiciones más efectiva, agrega Unigarro.
“Los sectores que manejan mayores montos son los ejecutivos. Una unidad que gestiona miles de millones de pesos, como USPEC, resulta interesante, ya que sus recursos son inmediatamente utilizables”, expone el especialista, diferenciando a USPEC de otras unidades administrativas que no cuentan con este tipo de presupuestos. Lo anterior explica la imposibilidad de no utilizar el dinero en USPEC, de lo contrario, las cárceles cesarían sus funciones. La liquidez en el presupuesto implica que el capital está disponible.
Pese a ello, el especialista advierte sobre la complejidad de ofrecer un eficiente servicio de alimentación, que es la razón detrás de los elevados costos presupuestarios del departamento administrativo, debido a las diferencias en las condiciones de cada una de las cárceles.
El conflicto ha dado lugar a disputas entre el ex Ministro de Justicia y Armando Benedetti, el actual Ministro del Interior, dejando un rastro de inquietudes respecto a la transparencia del gobierno. “En términos legales, pueden surgir quejas penales y disciplinarias por comportamientos inapropiados, así como el riesgo de calumnias”.
“Desde la perspectiva de la ética pública y la lucha contra la corrupción, es evidente que los problemas, o lo que ha salido a la luz pública, no se limitan a acusaciones de corrupción, sino a la controversia entre diferentes posiciones políticas ante esta situación”, concluye.
Tiempo de la unidad de datos.
