En un contexto donde la preocupación por una posible crisis energética se vuelve cada vez más palpable, Facultades de Atlantic, Magdalena y La Guajira, junto con la Asociación Nacional de Empresas Generales (Andeg), expresan sus inquietudes en relación a la propuesta controversizada que ha presentado el presidente del Congreso en el ámbito del sector eléctrico.
El senador Cepeda ha propuesto que los $700,000 destinados a la implementación de una consulta popular podrían redirigirse para evitar problemas en el suministro de energía en la región. Según su argumento, este flujo de capital podría transformarse en una intervención que beneficie a las empresas de generación que actualmente enfrentan dificultades, como es el caso de Air-E, que es responsable de ciertas deficiencias en este sector. Esta sugerencia, a pesar de sus críticas, ha encontrado cierta aceptación dentro del Gremio de Energy.
No vemos los ojos malvados de la propuesta del senador Cepeda. Es importante aquí que empiecen a mirar
Alejandro CastañedaDirector Ejecutivo de Andeg
Según las palabras de Castañeda, el estado actual del panorama energético en el país es ya preocupante, y si no se resuelven las deudas pendientes antes del segundo semestre del año –específicamente antes de septiembre– el sistema estará al borde de un colapso. “Los bancos ya están comenzando a llamar a los generadores para preguntar si tienen intención de saldar sus deudas, y no hay respuestas claras al respecto. La incertidumbre genera desconfianza y afecta la operatividad de las plantas generadoras”, advirtió.
La falta de pago limita la capacidad de los generadores
Air-E anuncia redes en varios sectores. Foto:Gracias a la amabilidad de Air-E
Uno de los grandes miedos que enfrenta este sector es cómo la falta de pagos está limitando la capacidad de los generadores para obtener los recursos fundamentales para mantener el servicio, como combustible, gas o carbón. En este escenario, Castañeda resalta que, si bien hay diversas maneras de lograr financiamiento, lo que se requiere de manera urgente es garantizar la liquidez necesaria que permita el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico.
“Es crucial que los generadores no lleguen a un punto en el que no puedan adquirir insumos. Si esto sucede, las repercusiones serán profundamente negativas no solo para las compañías, sino también para millones de usuarios en toda la región del Caribe”, explicó el director de Andeg.
Pero la crítica del gremio no terminó ahí. Castañeda también cuestionó abiertamente el papel del superintendente público, Yanod Márquez, en la intervención de Air-E.
Estas declaraciones se producen tras un fuerte llamado de atención emitido por el fiscal general de la nación, quien ha condenado diversas irregularidades en el proceso de intervención y a la fecha no hay acciones específicas que busquen corregir la situación actual de la empresa.
La falta de coordinación entre el gobierno contribuyó a la profundización de la crisis:
Air-E funcionará en la subestación eléctrica Las Flores. Foto:Gracias a la amabilidad de Air-E
“Parece que el superintendente carece de claridad sobre sus responsabilidades en este proceso. La gestión es deficiente, sin resultados, y carece de estrategias claras; sus respuestas se limitan a excusas sobre la falta de recursos en el fondo empresarial”, criticó Castañeda.
Desde la perspectiva del líder sindical, la escasa coordinación entre la auditoría, el ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda ha intensificado la crisis actual. “Hay un desorden administrativo evidente. Necesitamos una intervención que cuente con liderazgo, habilidades de gestión y decisiones certeras. No podemos seguir esperando mientras la situación se agrava”, concluyó.
A pesar de la decisión del gobierno nacional de intervenir a Air-E con el propósito de estabilizar el servicio eléctrico en la región del Caribe, los resultados aún están lejos de ser satisfactorios. Los indicadores financieros y operativos de la compañía siguen siendo motivo de alarma.
Con el tiempo, y con el creciente riesgo de un apagón masivo en el norte del país, una discusión seria sobre el uso alternativo de los recursos de la consulta popular es más urgente que nunca, y el gobierno debe determinar si se requieren medidas extraordinarias para evitar una crisis energética de grandes proporciones.