Unas horas después, El Senado paga la llamada o no en una consulta popular sobre mejora laboral, propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta situación ha tomado por sorpresa a muchos, incluido al Secretario, quien fue uno de los últimos en enterarse de que la apelación para reactivar su tarea estaba entre los puntos prioritarios de la agenda. Las decisiones que se tomen en esta fase tienen el potencial de frenar sus planes de convocar encuestas de opinión, lo que podría tener repercusiones significativas en el proceso democrático.
La apelación que se discute en el Senado podría ser la última estrategia de oposición y de los independientes del gobierno de Petro para tratar de evitar consultas populares. Si esta apelación logra ser aprobada, podría interpretarse como un argumento de que el proceso democrático no es necesario, dado que el proyecto que lo motiva aún se encuentra activo y en discusión.
Desde el día de ayer, esto se consideró una posible vía de escape y fue evidenciado a través de una declaración del partido U. Aunque la consulta fue publicada, también se tomó una decisión bancaria simultáneamente para apoyar la continuación de la discusión sobre el empleo y la fuerza laboral.
Esta es la declaración de la categoría U.
Foto:
Archivo privado
“La clase del partido’U’ desea informar a la opinión pública acerca de su decisión de aprobar una apelación positiva para la mejora laboral, con la esperanza de que esta iniciativa tenga otra oportunidad en un debate extendido, constructivo y democrático”, menciona el comunicado emitido.
Desde la tarde del martes, el Secretario había recibido información sobre el posible “cambio” en el escenario político y lo rechazó de manera contundente. “Consideramos que hay un propósito mal entendido que busca enterrar nuevamente la reforma laboral”, expresó Sanguino durante el primer encuentro parlamentario para discutir la consulta. Además, señalaron que el tiempo disponible no es suficiente para realizar las mejoras necesarias, tal como mencionó el ministro Armando Benedetti en el mismo contexto parlamentario.
“Me enteré a través de los medios que ahora se desea revivir la propuesta en la séptima comisión. Me parece positivo, lo celebro, pero ya han pasado nueve semanas desde que las reformas fueron rechazadas y solo quedan cinco semanas para el procedimiento”, argumentó Benedetti.
Ministro del interior Armando Benedetti, durante el debate sobre consulta popular.
Foto:
Nostor gómez / tiempo
Los movimientos para detener la dirección
Lo que en principio parecía ser únicamente una posibilidad especulativa ha tomado forma. La junta del Senado abordó por primera vez la discusión sobre la posible eliminación de la Biblioteca Laboral el miércoles. De aprobarse esta medida, podría resultar en una oposición significativa al llamado para la consulta popular.
A partir de este nuevo desarrollo, los colaboradores cercanos al gobierno comienzan a actuar. Fabián Díaz, el senador que propuso la apelación de la reforma, declaró a este medio que si la serie del día se mantiene como está, planea solicitar el retiro del esfuerzo por reactivar la reforma laboral.
Él enfatizó que no permitirá que la apelación presentada se utilice como un escudo para vulnerar los derechos de los trabajadores. “La apelación solo busca revivir el proyecto de ley y nos quedan menos de cinco semanas para procesarlo. El tiempo es insuficiente”, sostuvo.
La idea de una resurrección laboral es negativa.
Foto:
Archivo
León Freddy Muñoz también se dirigió a la Alianza Verde y mencionó que ya había presentado una sugerencia para reformular el programa con el fin de priorizar la consulta popular. Sin embargo, no se confirmó cómo se logró inicialmente la apelación.
Esta situación genera tensiones y coloca a los gobiernos aliados en una complicada encrucijada. Aunque perciben la transferencia de poder como un medio para evitar la consulta, también deben lidiar con un intento de revivir un proyecto que desean utilizar como plataforma para convocar encuestas de opinión. Al rechazarlo, ofrecen argumentos a aquellos que afirman que el Secretario General no tiene un interés genuino en las mejoras laborales, sino que busca una justificación para iniciar su campaña electoral anticipadamente en 2026.
Juan Sebastián Lombo
Político