Por Horas antes del día de las elecciones en Colombia, las autoridades lanzaron un operativo de seguridad a gran escala en el departamento del Cauca, uno de los territorios históricamente más sensibles por la presencia de grupos armados ilegales y conflictos de orden público.
Según datos del Registro Civil Nacional, en el departamento existen más de 1.078.000 ciudadanos con derecho a votar en elecciones legislativas y consultas interpartidistas.
También habrá un amplio despliegue de la fuerza pública en zonas rurales del Cauca. Foto:Cortesía del Ejército.
Para garantizar un proceso democrático, se establecieron 164 colegios electorales entre zonas urbanas y rurales.
En el caso de Popayán, capital del departamento, las autoridades Confirmaron la instalación de 72 mesas de votación y 811 mesas, algunos adicionales respecto a procesos electorales anteriores para facilitar la participación ciudadana.
También se han desplegado patrullas mixtas en zonas clave del departamento. Foto:Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO
operación de seguridad
Para vigilar la jornada electoral, la fuerza pública desplegará más de 6.000 policías y militares uniformados en todo el Cauca.
El operativo incluye vigilancia de los colegios electorales, patrullas en zonas rurales y la puesta en marcha de una sala de seguimiento para responder a cualquier situación que pueda alterar el orden público.
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Municipios con mayor riesgo
Las autoridades han identificado varios municipios del Cauca con mayores desafíos de seguridad debido a la presencia de grupos armados ilegales y la economía ilícita.
Las zonas de mayor riesgo son: Argelia, El Tambo, López de Micay, Timbiquí, Guapi, Morales, Suárez, Buenos Aires, Caldono y Toribío.
El objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos con derecho a voto una garantía de seguridad. Foto:Santiago Saldarriaga. TIEMPO
Estas ciudades forman parte de corredores estratégicos, como el Cañón del Micay y la costa del Cauca en el Pacífico, donde operan estructuras armadas ilegales.
Amenazas a las actividades políticas.
También se reportaron amenazas contra líderes sociales y actores políticos como parte del proceso electoral, así como restricciones a las actividades de proselitismo en algunas zonas rurales donde hay presencia de grupos armados.
Las organizaciones de observación electoral advirtieron que si bien las instituciones mantuvieron el control durante la jornada, la presión de actores ilícitos en algunas áreas podría limitar la libre participación en la vida política y el pleno ejercicio del derecho al voto.
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