Por Ex alcalde y candidato Claudia López dio la calificación causa penal presentada por la delegación del gobierno en la mesa de negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia como un intento de censurarla desde Casa Nariño.
La polémica comenzó cuando, el 24 de noviembre, López lanzó una dura crítica a la política de paz de la Comisión, garantizando el fin de las mesas de negociación porque eran, en sus palabras, “pura corrupción” y “conciertos para cometer crímenes contra la patria”.
Estas declaraciones llevaron al mediador gubernamental a acudir a la junta Fiscalía del Estado, argumentando que estas declaraciones son “irresponsables y calumniosas” y que atentan contra el honor de los funcionarios a cargo de estos procesos.
Defensa del precandidato
En respuesta a la denuncia, López argumentó que la demanda era un intento de limitar su libertad de expresión, comparando la situación con episodios políticos de hace dos décadas. Según la exsenadora, el presidente Gustavo Petro está repitiendo métodos que ella misma condenó en administraciones anteriores.
“El presidente Gustavo Petro quiere silenciarme, envió a sus negociadores en Paz Total a denunciarme a la fiscalía para silenciarme. ¡La historia se repite! Hace 20 años el uribismo hizo lo mismo; yo no tuve miedo ni entonces ni ahora. Me defenderé y no dejaré de denunciar la corrupción y el fraude al pueblo, ni para mejorar la vida de Colombia y la inmoralidad”. López.
Alerta de seguridad del solicitante
Uno de los puntos más conmovedores de la respuesta de López fue una referencia a la violencia política y la seguridad de los candidatos presidenciales. La precandidata se refirió a un crimen reciente para mostrar el peligro que, según ella, corren quienes participan en la carrera electoral en el clima político actual.
“Quiero recordarles que en su gobierno ya mataron a un candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, que este horrible crimen quede impune. Y ahora envía a sus agentes del orden público a amenazar a otro candidato presidencial. Entre eso y otro asesinato sólo puede haber un paso, presidente”, afirmó el ex alcalde.
López también anunció que llevará su caso ante organismos internacionales, especialmente la Comisión Alamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como emprenderá su defensa ante la Fiscalía de Colombia. “Pretendo defenderme ante la Fiscalía y la CIDH contra esta intimidación, censura e intimidación por parte de quienes están en el poder”, dijo.
Argumentos de la delegación de paz
El gobierno, que formalizó su denuncia el 29 de noviembre en Llorente, Nariño, defiende la legalidad de sus acciones. Los negociadores adjuntaron a su denuncia las actas de los acuerdos firmados con los disidentes bajo el alias “Walter Mendoza” desde junio de 2024, para demostrar que sus actividades están recogidas en la Constitución y cuentan con la clara autorización del Presidente de la República.
En su comunicado, la delegación señaló fuertemente que el estatus político de López no la exime de responsabilidad legal por sus declaraciones. “El cargo de candidata presidencial no le permite a la señora López hacer declaraciones irresponsables sobre crímenes que no cometimos”, señalaron los funcionarios, agregando que este tipo de retórica socava la calidad del debate electoral que exige el país.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
