La resurrección de las reformas laborales, presentadas por la Comisión VII del Senado hace casi dos meses, ha tomado un nuevo giro. En uno de los momentos más críticos de esta legislatura, las discusiones en torno a la consulta popular se han intensificado, especialmente tras el rechazo de la apelación presentada el martes anterior. Las tensiones políticas han alcanzado su punto máximo, con el presidente Gustavo Petro enfrentándose a una serie de compromisos políticos que amenazan con desbordarse en su administración.
Las recientes decisiones del Senado representan uno de los golpes políticos más significativos para el gobierno, evidenciando una adaptación adversa en la relación del ejecutivo con el legislativo. Este revés se suma a otras derrotas previas, como el hundimiento del presupuesto de 2025, que incluía nuevas reformas fiscales y la primera modificación de la salud en 2024. En un comunicado desde China, el presidente Gustavo Petro acusó de “fraude” a lo sucedido en el Senado y destacó la necesidad de reabrir la votación. Demandó también una “reunión de trabajadores centrales” con la coordinación de agricultores, medidas comunitarias y movimientos indígenas para discutir los siguientes pasos; aunque no especificó claramente cuáles serían, enfatizó la importancia de no recurrir a la violencia.
Entorno en el Senado después de una votación de consulta popular.
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NOSTOR GOMEZ – TIEMPO
La respuesta complicada del jefe de Estado y de algunos de sus asesores políticos es evidente. A pesar de los procedimientos establecidos en el Parlamento, el proceso legislativo ha sido ajustado conforme a lo que dictan las regulaciones actuales. Un punto crucial es que la aprobación de la apelación en la que se reivindican todos los proyectos de reforma laboral, que la misma comisión había solicitado previamente en la sala, revivió el interés alrededor de estos temas. Esto implica que varios de los problemas discutidos en la consulta, además de otros temas adicionales, ingresan a la agenda inmediata de la corporación, que se comprometió a trabajar en estas cuestiones antes de concluir la presente sesión legislativa.
Esto significa que los posibles cambios en las regulaciones sobre pagos de horas extras y trabajo dominical podrían ser efectivos este mismo año. Ayer se logró un consenso que impulsó la apelación. La consulta sugiere que, si se cumplen los umbrales de participación y aprobación, estos cambios pueden ser procesados incluso por dos autoridades legislativas.
La oferta en el programa
En uno de los momentos decisivos de la consulta, cuando se requería la decisión del Senado sobre el llamado a la consulta popular, Efraín Cepeda, presidente del Senado, como primer punto del día, anunció el resultado de los votos de la comisión que investigó el archivo del trabajo. Este recurso fue propuesto hace aproximadamente dos meses por el Senado Verde Alianza, representado por Fabián Díaz, de la organización pública. A pesar de los puntos cruciales implicados en la consulta, y de que tanto el gobierno como sus parlamentarios se opusieron a la apelación, esto no impidió que senadores como Angélica Lozano se esforzaran en mejorar las condiciones laborales.
Los parlamentarios del Senado Fabián Díaz, del Green Alliance, apelaron a la mejora laboral.
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A pesar de que la apelación parecía carecer de votos suficientes, los partidos en Fuerzas Unidas tuvieron una fuerte oposición. Ni el ministro Antonio Sanguino ni su colega del interior, Armando Benedetti, lograron los apoyos necesarios para cambiar el rumbo del programa. Cepeda permitió tres votos destinados a elegir primero la consulta, pero los senadores no respaldaron esos planes. Finalmente, alrededor de las tres de la tarde, luego de seis largas horas, el gobierno se encontró ante una situación complicada. Después de escuchar a los dos ministros, Sanguino y Benedetti, se enfrentaron a una situación que sólo había durado 24 horas, culminando con 68 votos en contra de las tres reactivaciones propuestas en el Senado, lo que significó que la discusión del proyecto pasaba a una remuneración distinta en VII.
De inmediato, el presidente del Senado sometió a votación la consulta popular, que según Benedetti fue “suficiente” para el gobierno. Sin embargo, tras varias reflexiones, el resultado fue “no”; 49 votos en contra de 47 que respondieron al gobierno. El proceso de votación se mantuvo abierto durante unos 5 minutos, a pesar de que el CEO, Cepeda, cerró el proceso y supuestamente impidió un nuevo apoyo hacia el “sí”. La senadora Martha Peralta, quien había salido del recinto, comentó que no tuvo tiempo de regresar para una nueva votación, mostrando así la incertidumbre y agitación en el ambiente.
Desde el principio, el MP estaba emocionado.
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El gobierno también demandó que el Secretario General del Senado fuera registrado manualmente en el lado opuesto, lo que eventualmente fue corregido. La votación que el ministro Benedetti declaró como paradójica fue un “no”: curiosamente, el senador Edgar Díaz, de Cambios Radicales, siempre opuesto a la consulta, fue uno de los que los apoyó (ver Apéndice). A pesar de que la pantalla mostraba que el “no” había ganado, fue necesaria la aclaración de los votos manuales, ya que no se registraron en el sistema, lo que generó confusión. Al rectificar la situación, se constató que había dos votos manuales por el “sí” y dos por el “no”. Documentos que confirmaron esta información fueron publicados oficialmente por el Senado. Este acontecimiento representó la cuarta y más monumental derrota del gobierno en un escenario político marcado por la incertidumbre. Varios parlamentarios, como Ana Paola Agudelo, Manuel Virgüeñez y Carlos Guevara, que estaban en un estado de indecisión, optaron por respaldar a la oposición.
En el momento crucial, los conservadores Carlos Andrés Trujillo (Olmedo López), Miguel Ángel Barreto y Diela Liliana Benavides estaban ausentes, lo que dejó una oportunidad invaluable para la oposición. Estos senadores, que estaban más alineados con el gobierno, se encontraron contra la espada y la pared. Por el contrario, Temístocles Ortega de la coalición Petrista no optó por una postura definida. De igual manera, otros dos senadores, Ana María Castañeda y Didier Lobo, no se hicieron presentes.
La interrogante que queda es cómo se dibuja el nuevo mapa político tras tantas derrotas imprevistas para el gobierno. Pedro Medellín observa que el Secretario General “ha sido certero”. Él comenta que “una carta del ex presidente César Gaviria tuvo un impacto en sus parlamentarios, instándolos a no asumir la responsabilidad en las próximas elecciones si votaban por la consulta. El experto Fernando Posada considera que en este contexto, la cuenta “No” refleja una amenaza de retalia y un tono de hostilidad hacia el presidente.
El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a mantener la paz.
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La realidad es que la consulta, que había sido un miembro de la Comisión para transferir políticas clave durante este ciclo electoral, no se llevará a cabo. La propuesta de una central eléctrica popular, así como la posibilidad de una huelga general, reviven las preocupaciones en el gobierno. Efraín Cepeda, presidente de la Asamblea, se ha consolidado como una de las figuras de la oposición más destacadas y también ha sido objeto de críticas. El Congreso tiene la relevante responsabilidad de discutir a fondo las propuestas de reforma laboral y asegurarse de procesar las iniciativas antes del 20 de junio, un compromiso que las fuerzas legislativas asumieron al aceptar la apelación.
Juan Sebastián Lombo
Político