Por A 40 años de la toma del Palacio de Justicia, EL TIEMPO revela la intervención del entonces representante César Gaviria pocos días después de los hechos, el 12 de noviembre de 1985. Las palabras de quien se convertiría en presidente cinco años después buscaban sustentar un cuestionario para esclarecer los hechos que fue dirigido a los ministros de Gobierno, Justicia y Comunicaciones del gobierno de Belisario Betancur. Aquí la transcripción, en la que se han hecho solo ajustes de digitación; las palabras e intertítulos se han mantenido como en el documento original:
Señor Presidente:
En medio de las excepcionales circunstancias que vive el país, quiero solicitar su benevolencia y la de la Cámara para sustentar, por medio de una Constancia, una proposición de citación a varios Ministros. Me voy a extender un poco, señor Presidente y señores Representantes, en el ánimo de que los señores Ministros comprendan dentro de cuál contexto deben responder este cuestionario. Lo hago por medio de una constancia escrita porque el tema así lo impone.
Quisiera advertir que lo que voy a decir, lo digo en mi condición de Director Adjunto del Partido Liberal. En el ejercicio de la práctica del libre examen, en ejercicio de la función de fiscalización en que nos colocó el pueblo colombiano en 1982 y el Presidente Betancur, que al margen nos ha mantenido de las principales decisiones de su Gobierno.
Un soldado junto a la Bandera de Colombia en el Palacio de Justicia Foto:EL TIEMPO
Sin conocimiento distinto de los hechos que el originado en los medios de comunicación, hechos que a nuestro juicio se deben esclarecer si es que el país ha de aprender algo de esta tragedia, que no insuceso como benévolamente lo califican algunos decretos oficiales.
No constituyen mis apreciaciones intento alguno de ser dueño de una forma de verdad, no son afirmaciones categóricas, son simples apreciaciones. Son preguntas sobre el manejo de tipo político. No sobre el manejo del operativo militar. Las Fuerzas Militares en referencia a los actos cometidos por razón del servicio, solamente y si acaso pueden ser juzgadas por los Tribunales Militares.
Las Fuerzas Armadas no son deliberantes
El Congreso tiene facultades de fiscalización frente al Presidente de la República, que es responsable de sus actos ante nosotros los representantes del pueblo. Que quede bien claro que las Fuerzas Armadas son responsables ante su Comandante en Jefe, que es el señor Presidente de la República. Existen todos los testimonios que reafirman que el Presidente asumió su poder constitucional. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes precisamente porque su deber constitucional es el de obedecer las órdenes de su Comandante en Jefe, tal como lo ordena la Constitución.
El Partido Liberal tiene bien definida su posición histórica. La más reciente situación crítica cuando fue necesario hacer el tránsito del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla al gobierno civil. En esa ocasión, su jefe, Alberto Lleras Camargo, tuvo como preocupación fundamental mantener incólume el honor de las Fuerzas Armadas. Lo dijo en el Teatro Patria. Es además una posición de respeto pleno a nuestra Constitución.
Trataré de hacer reflexiones serenas y justas. De una parte hacer una primera interpretación de los hechos para que el país vaya sacando corolarios de esta tragedia, para medir si simplemente somos todos víctimas de un acto terrorista o si alguna responsabilidad política se puede elevar sobre los actos ocurridos. Pretendemos también dejar unos interrogantes para que respondan los Ministros, en la medida en que ellos estén en condiciones de hacerlo y que todos los hechos y las respuestas de los Señores Ministros, las apreciaciones de otros representantes y las de otras fuerzas políticas, sean evaluados por una Comisión que debe nombrar el señor Presidente de esta Corporación, según los reglamentos de las Cámaras.
Para hacer claridad sobre los hechos
Quiero dejar claro, señor Presidente, que este ejercicio de deliberación y de cuestionamiento lo hacemos, no con el ánimo de cobrar dividendos políticos.
Ni más faltaba que pretendiéramos hacerlo sobre las tribulaciones que embargan a la Nación. Lo hacemos en el cumplimiento de la obligación impuesta a nosotros para el esclarecimiento de los hechos, e inclusive lo hacemos a petición del Presidente que, en una carta a Don Guillermo Cano, director de ‘El Espectador’, en el día de ayer, ha solicitado “reflexiones críticas que arrojen luz sobre los hechos y permitan apreciarlos en su impacto y en sus consecuencias”. O cuando el Presidente Betancur envía un mensaje dirigido al director de ‘El Tiempo’ Don Hernando Santos, identificándose con el texto de los editoriales de ‘El Tiempo’ de los días 8, 9 y 10 de noviembre. Acepta así que “el juicio de responsabilidades debe hacerse”, como lo señaló “El Tiempo”. Y seguramente acepta también los términos de otro editorial en el sentido de que hay principios que no son negociables. Pero “que hubiera sido mejor que lo hubiera dicho a priori y no a posteriori”, antes del holocausto y no después.
Toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, el 8 de noviembre de 1985. Foto:Archivo de EL TIEMPO
Quisiera, por lo tanto, citar algunos antecedentes recientes en relación con el proceso de paz que, a nuestro modo de entender, constituyeron señales equivocadas que el Gobierno envió a los grupos guerrilleros. Quisiéramos, también, obtener algunas precisiones sobre el comportamiento del Gobierno durante la toma del Palacio de Justicia. Queremos, por ejemplo, saber cuáles fueron los criterios que utilizó el Gobierno y la nueva Comisión de Paz para tomar algunas de sus primeras determinaciones. Desde luego, no me voy a referir a sucesos como los de El Hobo y de Corinto que representaron una negociación de las instituciones, sino a hechos mucho más graves y de más reciente ocurrencia.
Cuando la nueva Comisión de Paz se instaló ya se había atribuido la célula “Laureano González” del M-19 el atentado contra el Comandante del Ejército, General Rafael Samudio Molina. Según versiones de prensa el comandante Oscar, en diálogo con un periodista de RCN, dijo que el objetivo del M-19 era secuestrar a Samudio Molina “para entregarle una a una las partes de su cuerpo a su familia”.
Dijo en la entrevista que este atentado se ejecutó para tomar venganza de una serie de acciones adelantadas por el Ejército, entre otras la muerte de 11 guerrilleros al sur de Bogotá. Leo la noticia periodística: Oscar, quien al parecer estuvo en el asalto al Palacio de Justicia, aseguró ser el comandante de esa célula urbana. Y afirmó que la próxima semana se “inicia una guerra abierta” en el país, con la ejecución de varios atentados “al General Vega, al General Mallarino” (que yo me imagino sea al General Delgado Mallarino), “que se tengan y se cuiden que les vamos a dar su Navidad” dijo el subversivo. “Si el General Samudio se salva de este atentado le vamos a advertir que si es el caso le vamos a matar a toda su familia” reveló luego de insistir en que el comando tenía la orden de asesinar a Samudio en caso de que fallara el secuestro.
Por lo visto a la Comisión de Paz y al parecer también al Gobierno, por su silencio frente a las decisiones de la Comisión de Paz, no les pareció suficientemente terrorista lo actuado por la célula del M-19 y pasaron desapercibido el asalto al Batallón Cisneros de Armenia; los debió considerar dos hechos menores, fue necesario que se produjera el holocausto del Palacio de Justicia para que la Comisión de Paz tomara la decisión por lo menos de suspender la negociación con el M-19. Sabemos por la revista Semana que el señor Procurador, en cambio, declaró que “por el momento hay que descartar la conversación de la Comisión con el M-19 porque la situación actual no se presta para ello”.
Toma del Palacio de Justicia. Foto:Archivo
Tardía decisión
El doctor Betancur siempre quiso estar a la izquierda del Partido Liberal. No lo digo yo, lo dijo el ex-Presidente Pastrana. Y desde su muy particular y absolutamente equivocado punto de vista, de lejos lo logró. Frente al ataque aleve y cobarde al Comandante del Ejército y al Batallón Cisneros, el Gobierno y su Comisión de Paz respondieron: diálogo y negociaciones con el M-19. No lo digo yo; aquí está la noticia de primera página de “El Espectador”.
Ese fue, en parte, el escabroso camino, la señal equivocada, el último eslabón, que nos condujo a la toma del Palacio de Justicia. En vez de consolidar lo alcanzado; en vez de consolidar la paz con las Farc y establecer una Comisión Negociadora y no simplemente de buena voluntad; en vez de anunciarlo el día que instaló la nueva Comisión de Paz, el señor Presidente manifestó que todos los caminos del diálogo estaban abiertos y no hizo distinción alguna en la prioridad que debía dársele a quienes se estaban acogiendo al proceso. Lo ha dicho ahora en su intervención televisada. Pero qué tan costosa y tardía decisión.
Y lo podrá hacer, nos preguntamos con la misma Comisión de Paz, su nueva Comisión de Paz que, de manera simplista, torpe, errada, juzgó que su primera tarea era dialogar con el M-19 y cuya determinación, la de algunos de sus miembros frente a los gravísimos hechos ocurridos es “suspender el diálogo por tiempo indefinido”. Es una decisión que sólo tomaron cuatro de sus miembros, según versiones de prensa. Sería bueno que los demás aclararan si están de acuerdo con suspender el diálogo con el M-19 y bajo cuáles condiciones reanudarían el diálogo. Y quisiéramos nosotros conocer, después de instalada la nueva Comisión de Paz, qué materias se trataron con el M-19, si es que el Gobierno tiene manera de informarse de qué ocurre en el seno de la Comisión de Paz; ¿u ocurrirá lo mismo que con la antigua Comisión de Paz, que se la pasaba meses esperando una cita con el señor Presidente de la República?
Y sería bueno que en alguna oportunidad el señor Procurador General de la Nación, que al menos juzgó que por el momento había que descartarlas, nos dijera bajo cuáles condiciones, en cuál momento serían ellas oportunas, y nos dijera también quiénes de los miembros de la Comisión de Paz compartieron su punto de vista.
Resulta señores que el diálogo y la negociación con el M-19 eran absurdamente posibles después del atentado al Comandante del Ejército y del asalto al Batallón Cisneros, cuando por lo menos uno de sus frentes había decidido “hacer de la muerte una forma de actividad política” ¿Por qué no fue posible el diálogo, no quiero decir las negociaciones, cuando estaba de por medio la vida de los Magistrados, de los Consejeros de Estado, de los funcionarios, de centenares de ciudadanos, de los soldados? Y para volver sobre esa forma de ambigüedad a que es tan propenso y afecto el Gobierno, quisiera hacer otras reflexiones: ¿cuánto tiempo, cuántos meses lleva por allí el Senador Leyva Durán hablando de que los militares son una rueda suelta en el Proceso de Paz? Ha pedido de manera insistente el Senador Leyva Durán que se publiquen las actas de la Comisión de Verificación, en donde se supone que habría graves denuncias contra los militares y en favor de los grupos alzados en armas. Un hombre que debe merecer al país toda la credibilidad, un ex-ministro de Estado del actual Gobierno, un miembro de la Comisión de Verificación, un ex-Presidente del Directorio Nacional Conservador. Quisiéramos saber nosotros si alguien del Gobierno o de la Comisión de Paz le informó al doctor Leyva Durán, quien por lo demás es miembro de la Comisión de Verificación, ¿que tales actas no existen, que estaban previstas entiendo en el reglamento, pero que nunca fueron levantadas? Hay sí algunos informes y alguno de ellos fue publicado por la Revista Guión. ¿Será que el Gobierno simplemente no sabe qué ocurre en el seno de la Comisión de Verificación? De todas maneras si debería saberlo uno de sus miembros. ¿O será que el Senador Leyva Durán estaba simplemente interesado en desprestigiar a las Fuerzas Armadas? ¿O simplemente que en medio de la ambigüedad que le interesa administrar al Primer Mandatario tenía instrucciones el Senador Leyva Durán de mantener ese tipo de confusión en el país y entre los propios grupos guerrilleros?
Señales equivocadas a la subversión
Sea lo que fuere, lo cierto del caso es que hubo allí una clara incitación, no sólo al M-19 sino a todos los grupos guerrilleros, para que dirigieran todos sus odios, todos sus temores, hacia las Fuerzas Armadas de Colombia y el Gobierno nada hizo para esclarecer esta situación.
Y me refiero a este hecho, no como un asunto puramente incidental, sino porque constituía una de las principales exigencias del M-19 según la proclama publicada en los periódicos y enviada también a las cadenas radiales.
Esa actitud demencial del M-19 fue estimulada por las actitudes del propio Gobierno Nacional. El abuso hasta el cansancio del argumento de los factores objetivos de la violencia, al que tanto alude el Presidente Betancur, y al que se han ido dejando arrastrar todos los estamentos de nuestra sociedad, se ha convertido en una permanente justificación de la violencia. De veras, en un momento como este, vale la pena reflexionar sobre algunas afirmaciones hechas por Regis Debray en su reciente visita a Colombia en la comitiva del Presidente Mitterrand, y que son de quien no propiamente simboliza la derecha internacional.
Belisario Betancur Cuartas del Partido Conservador fue presidente de Colombia de 1982-1986. Foto:EL TIEMPO
Dice Debray: “en un período democrático la guerrilla no se justifica; se justifica únicamente contra una dictadura que impide expresar la soberanía popular, que prohíbe la libertad de asociación y de expresión. Cuando el único recurso que queda es la violencia, esta puede justificarse. Digo puede“. Es el Gobierno y no sólo la guerrilla, el que ha abusado de los argumentos para justificarla. Hasta el señor Presidente, en su alocución del pasado viernes, después del fatídico acto terrorista, califica los guerrilleros o terroristas como personas que tienen “puntos de vista” distintos a los nuestros. Le quisiéramos decir al Presidente que usar tales calificativos es desconocer que los colombianos quieren vivir bajo un Estado de Derecho.
Como lo refiere el ex-Presidente Lleras Restrepo en su último editorial, si el país acepta como se lo predican con inconsciencia suma o con disfrazada malicia algunas gentes, que porque hay pobreza, porque no se ha aplicado con la deseable eficacia la Reforma Agraria o por la falta de buenas vías de comunicación en algunas regiones del territorio nacional, es legítimo organizar y mantener un movimiento armado que roba y asesina, no sólo no vamos a tener paz, digo yo, como no la hemos tenido, sino creciente violencia.
Si vamos a hablar de señales equivocadas que el gobierno le ha enviado al M-19, y publicada como está la proclama que esa organización tenía preparada; seguramente no imaginaron nunca los del M-19 que del asalto a la Embajada de la República Dominicana pasarían a uno de los más sangrientos episodios del siglo, con el 9 de Abril y la matanza de las Bananeras.
Es tal vez por este antecedente que quisiéramos nosotros identificar no si se iban o no a negociar las instituciones, expresión que por lo demás dice mucho pero que no se explica por sí misma.
Si el país quiere esclarecer los hechos, quisiéramos nosotros conocer del Gobierno si entendía toda forma de diálogo como una negociación con los terroristas. Hay noticias oficiales sobre el intento del diálogo y hay versiones de prensa. Dice la prensa que dijo un vocero de la Casa de Nariño que sí hubo intento de diálogo.
Por otra parte, el periodista Alberto Giraldo, bastante cercano al Presidente Betancur, y quien pruebas fehacientes ha dado de ser persona cercana al Palacio de Nariño y a lo que allí acontece, escribió en su columna de ‘El Siglo’ que el Presidente Betancur le comunicó a algunos de los ex-Presidentes su decisión de no dialogar, no negociar.
Pero desde luego, tal vez sería preferible atenernos a las opiniones del señor ministro de Justicia, que ha referido un diálogo que con el Presidente de la Corte y con el terrorista Otero hubo desde la Casa de Nariño. No dijo desde luego, que tal conversación se produjo por iniciativa de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Hernando Baquero, José Antonio Bonivento, Luis Enrique Aldana, Héctor Gómez Uribe, quienes en la tarde del miércoles visitaron el Palacio de Nariño. Allí están las fotos de los periódicos como prueba de lo que digo. Fue a instancias del Poder Judicial que se hizo ese intento de diálogo.
Toma Palacio de Justicia Foto:Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO
Un catálogo de interrogantes sin respuesta
Sí, desde el Despacho Presidencial se hizo contacto con el guerrillero o terrorista Otero, comandante de la operación. Establecida la comunicación no habló con ellos un funcionario político, el ministro de Gobierno por ejemplo, o el de Justicia o el Presidente de la Comisión de Paz, o tal vez el Delegado de la Cuz Roja para hacer algún intento de usar el instrumento de la persuasión. No, habló el General Delgado Mallarino, los notificó, en claro cumplimiento de su deber, que debían entregarse, que estaban perdidos desde el punto de vista militar. La obligación constitucional del General Delgado Mallarino no es la de deliberar, es la de notificar, no la de persuadir; él era uno de los responsables del operativo militar, no era el responsable del diálogo con el Presidente de la Corte o el guerrillero Otero. Se perdió sí una oportunidad, y una muy importante que tuvo el Gobierno de dialogar con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entendemos también que hubo una carta o mensaje enviada por el conductor del Presidente o de un funcionario de la Cruz Roja ¿Cuál era su contenido? ¿Qué proponía? ¿Llegó a su destino?
El ministro Parejo, quien tenía una relación personal, vieja, de muchos años, con el guerrillero Almarales, de quien dice era linea blanda del M-19, que creía apasionadamente en el diálogo como el señor Presidente de la República, nos ha afirmado que se trató de instalar un equipo de radio o un megáfono.
De pronto nos asalta el temor de que ocurrió lo mismo que con el equipo de radio, que cuando se firmaron los Acuerdo de La Uribe con la Farc, quedó de instalar el Gobierno para ayudar en la tarea de verificación de los hechos que violaran los acuerdos y en mi reciente viaje a La Uribe me enteré de que fue el primer reclamo que Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, le hizo al ministro de Gobierno y a la ministra de Comunicaciones. Hecho que revela que la audacia del Gobierno es sólo verbal y que es incapaz de cumplir los compromisos más elementales para mantener un diálogo con la gente armada que parece cumplir con el proceso de paz. Se les adujeron a ellos motivos de orden fiscal y legal y a mi oído se dijo que se trataba del temor a unos Senadores que los podían acusar de peculado.
Y para regresar al tema de si hubo o no diálogo están los testimonios del Presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, su angustioso llamado por las cadenas de radio y por intermedio del Presidente del Senado. Están también los testimonios del Magistrado Humberto Murcia Ballén y de la Magistrada Aydée Anzola Linares.
Y está el del Magistrado Reinaldo Arciniegas, que al parecer por un convenio conseguido con los guerrilleros por el Magistrado Gaona Cruz, salió el jueves en la mañana del Palacio de Justicia, precisamente con ese propósito ¿Por qué no regresó? ¿Porque no lo quiso, o porque no pudo? ¿O porque no encontró en el Gobierno un ambiente de diálogo?
Bien valdría la pena que se nos respondiera ese interrogante. Es bien difícil para nosotros aceptar la explicación del señor ministro de Justicia, que los guerrilleros, a más o menos la misma hora del jueves en la mañana, no aceptaron el radio o el megáfono, pero sí liberaron a uno de los rehenes, un Magistrado, para que, en nombre de Magistrados y guerrilleros, llevara un mensaje de diálogo al Gobierno.
Al parecer el Presidente pudo establecer diálogo con muchos Presidentes latinoamericanos, con todos los presidentes del Grupo de Contadora; habló varias veces con el Presidente Lusinchi y con el Jefe de Gobierno Felipe González. Pudo llamar a uno de los más destacados periodistas de Colombia a Europa, a un Congreso Ecológico, pudo visitar el Cantón Norte y la VI Estación de Policía para visitar las familias de los soldados que perdieron la vida.
Tercer incendio durante la toma del Palacio de Justicia. Foto:EL TIEMPO
Con el perdón del señor ministro de Justicia. ¿Todo eso no requiere de pruebas o explicaciones? Nada más inexacto que decir que se dañaron todos los teléfonos del Ministerio de Justicia y que por eso no hubo diálogo. Y citar como testigos a los Magistrados. El ministro de Justicia puede traer acá los Magistrados sobrevivientes. En lo que a nosotros toca, en toda la prensa, por las cadenas radiales, de la propia voz de ciudadanos y de Magistrados, de la voz de Consejeros de Estado y de simples funcionarios hemos leído y escuchado infinidad de llamadas entre los rehenes y sus familiares, entre los guerrilleros y las cadenas radiales, todas realizadas en la tarde, desde el momento mismo de la toma del Palacio de Justicia. Sí, desde luego, después del incendio la noche del miércoles ya no hubo teléfonos y el único intento de diálogo parece haber venido de Magistrados y guerrilleros cuando comisionaron al señor Magistrado Reinaldo Arciniegas, para que así se lo transmitiera al Gobierno Nacional.
La ministra de Educación, en cambio, ha dicho, que la guerrilla dio un teléfono equivocado. ¿Se referirá al mismo que todos los colombianos conocieron, de boca de uno de los guerrilleros y que está publicado en varios medios de comunicación? ¿O a uno diferente, que le llegó por un conducto no conocido por nosotros? Sería bueno que el ministro de Gobierno o la ministra de Educación nos dieran la explicación debida.
Entre las apariencias y las realidades
El Partido Liberal es amigo de defender el pedazo de paz que difícilmente se ha alcanzado por la vía del diálogo, del cese del fuego, de la negociación con los grupos alzados en armas. Es amigo de defenderlo con una negociación bajo la responsabilidad del Gobierno. En que sea posible esclarecer, no sólo lo relativo a la entrega de armas, al uso de uniformes privativos del Ejército, lo relativo a los medios de supervivencia de la guerrilla en el período de prueba o espera, para que reemplacen la extorsión, el secuestro, el boleteo, que todavía practica la guerrilla, según lo ha dicho en estas Cámaras, el actual ministro de Gobierno hace pocos días.
Y quisiéramos saber, si le importa o no al Gobierno que quienes participan en la nueva Comisión de Paz, sean o no comandantes del aparato militar de los frentes guerrilleros.
¿Le importa o no que quienes participan en la vida política, sean o no comandantes de los cuerpos militares? ¿Le importa o no que con afiches de las organizaciones armadas y no de las organizaciones políticas, se invite a manifestaciones públicas? ¿Le importa o no al Gobierno que, por los canales de la Televisora Nacional, alguien que se dice dirigente de uno de los grupos que se ha acogido al proceso de paz, diga que hay que purgar a los malos indígenas? Esos son asuntos, se dirá, de procedimiento, de administración, pero que nosotros los liberales juzgamos importantes dentro del proceso de paz.
No lo ha juzgado así el Gobierno. Él prefiere su nueva Comisión de Paz delirante, que poco le importa la defensa de las instituciones, que cuando establece graves hechos delictivos como el ocurrido recientemente en el Huila con el Frente XIII de las Farc, pasa callada. Lo que importa es guardar las apariencias.
Y en cuanto al Poder Judicial, nos sentimos obligados a decir aquí, que no podemos compartir las apreciaciones del pre-candidato Conservador Álvaro Gómez Hurtado. Desde luego no vamos a justificar la huelga. Pero hay razón para las explicaciones que demandan los jueces, hay razón para la indignación y no creemos, como lo cree el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que sean inelegantes sus reclamos. Y nos parece desproporcionado decir, como lo ha dicho el doctor Álvaro Gómez, que hay un motivo de ociosidad detrás de esa intención.
Escenas de la toma realizada por la guerrilla del M-19 al
Palacio de Justicia. Foto:Archivo. EL TIEMPO.
Y queremos decir también, que debe explicar el ministro de Justicia qué quiso decir el Gobierno cuando dejó saber que le ofrecía a los guerrilleros o terroristas juicios justos o imparciales. ¿Es que acaso en Colombia los jueces se pueden dividir en jueces justos e injustos, o en jueces parciales y jueces imparciales? Tal vez se pueda hacer la distinción entre jueces civiles y militares. Pero no entre jueces justos y jueces injustos y entre jueces parciales y jueces imparciales.
No nos gusta ni poco el calificativo que el Presidente le dio al acto en su intervención televisada como “una injusta retención de los Magistrados“. Por decir lo menos, es un débil calificativo.
Y nos solidarizamos también con el Poder Judicial cuando pide explicaciones sobre la falta de protección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Según versiones de prensa, había por lo menos cuatro amenazas sobre la Corte: del grupo guerrillero M-19, del grupo guerrillero Ricardo Franco, de los extraditables, y de los narcotraficantes. ¿Por qué abruptamente desapareció la protección al Palacio de Justicia? Desde luego no podríamos aceptar la explicación de que ya había transcurrido la visita del señor Presidente Mitterrand que da la prensa. Y no se trata simplemente de indagar por qué estaba desprotegido ese día el Palacio de Justicia, sino frente a una amenaza real, persistente, hecha desde distintos frentes, qué plan contingente tenía el Gobierno para una tan grave eventualidad. Sería bueno que sobre ello nos informaran el señor ministro de Gobierno y el señor ministro de Justicia.
Y ahora que mencionamos a ‘Los Extraditables’, quisiera referirme a las declaraciones del ministro de Justicia tratando de centrar toda la atención en los juicios de los guerrilleros sobre el Tratado de Extradición y en las cercanas decisiones de la Corte en relación con una de las varias demandas de inexequibilidad sobre el tratado de extradición. Desde luego esa puede ser una hipótesis. Puede también corresponder a los hechos. Esperamos los indicios o las pruebas que acá nos traiga el señor ministro de Justicia.
Pero no podemos dar por cierto que todo colombiano, guerrillero o no guerrillero, terrorista o no terrorista, que esté en contra del Tratado de Extradición de nacionales, esté financiado por los narcotraficantes.
No hay que olvidar que esa fue la posición oficial del Presidente Betancur y de su ministro de Justicia Rodrigo Lara, hasta cuando este último fue vilmente asesinado por los narcotraficantes y entonces el Presidente cambió de posición frente a la extradición de nacionales.
Como la cambia ahora el Gobierno con respecto a los nexos entre la guerrilla y el narcotráfico ¿Fue necesario acaso el holocausto para que el Gobierno cambiara de posición? Y si tal nexo fue establecido antes, ¿cómo se otorgó el indulto a personas que, además de guerrilleras, eran narcotraficantes y que, según el propio Gobierno participaron en la toma del palacio de Justicia? Bien vale la pena abrir esos interrogantes para que nos los responda el señor ministro de Justicia.
Y por lo demás, ese vocero autorizado de la Casa de Nariño, en una publicación que hizo ‘El Tiempo’ el día domingo, a pesar de sostener la misma teoría del ministro, dice que los expedientes sobre la extradición están en buen estado. De manera que si es bueno establecer quién dice la verdad, si el vocero autorizado de la Casa de Nariño o el ministro de Justicia. Y que nos conteste el gobierno quién es su vocero autorizado que tanto sabe pero que no se atreve a poner la cara para dar las explicaciones que el país exige, que esta Cámara Popular debe escuchar.
Es el propio Ministro de Justicia quien ha dicho que Almarales era alguien que, dentro del M-19, quería a todo trance el diálogo. Tal afirmación no guarda proporción con la del ministro, que los guerrilleros llegaron a matar a los Magistrados de la Sala Constitucional. En efecto, lo hicieron, pero tenemos entendido, también por versiones de prensa, que ello ocurrió en los últimos momentos del rescate por las Fuerzas Armadas, del Palacio de Justicia. De manera que las cosas no son tan claras como las ha tratado de presentar el señor ministro de Justicia.
Toma Palacio de Justicia Foto:Felipe Caicedo. Archivo EL TIEMPO
El Reformismo Conservador: apenas audacias verbales
Algún editorial de un periódico de amplia circulación ha dicho que a esta situación hemos llegado por la falta de reformas.
El Partido Liberal se quedó esperando, a lo largo de casi ya cuatro años, que el Gobierno hiciera claridad sobre las propuestas o modificaciones constitucionales que esperaba fueran aprobadas por el Congreso como parte de la mal llamada apertura política o de la reforma democrática, o de compromisos con los alzados en armas. Se agotó la imaginación de científicos, académicos, políticos, guerrilleros, jefes partidistas, todos haciendo alarde de la vastedad de sus conocimientos o de sus esfuerzos para promover viejas o nuevas iniciativas, todas enderezadas a trastocar nuestra Carta Fundamental, sin que nunca se supiera en verdad qué era lo que se esperaba que el Congreso aprobara.
Es difícil distinguir de cuándo hubo o no proyecto de ley, cuándo ellos no fueron atinados, cuándo, cuándo faltó disposición del Ejecutivo para defender una u otra iniciativa. Es más, a quienes se preguntan que dónde están las reformas, nosotros les quisiéramos responder con una pregunta: ¿cuáles reformas? ¿Qué es lo que el Congreso no le ha aprobado al Gobierno a lo largo de estos cuatro años? ¿Se tratará acaso del Proyecto de Reforma Financiera que no pasó de ser un borrador de trabajo y que, sin embargo, el señor ministro de Hacienda de entonces mencionó como ya presentado a la consideración del Congreso, frente al grupo de consulta de Paris? ¿O se tratará de la Reforma Agraria, traída hace un mes a la consideración del Congreso? La ley de los partidos fue una precipitada concesión del Congreso al Gobierno y al proceso de paz en unas sesiones extraordinarias, legislando de afán como lo reclamaban los críticos del Congreso y quienes se decían amigos del proceso de paz. Allí están las invocaciones a la urgencia de aprobar tal ley, aduciendo tales motivos por parte del Gobierno Nacional.
No se trata simplemente de que el Congreso no quiera hacer la revolución por contrato, sino de que el Gobierno ha mantenido un ambiente de confusión para señalar al Congreso como responsable del fracaso de su política de paz.
En cuanto al papel de los medios de comunicación, que tanto elogia el Presidente, quisiéramos decir que no indica la experiencia moderna, que para combatir al terrorismo la mejor manera de responder a sus ataques sea entregarle indiscriminadamente toda la información por todos los medios de comunicación. Está bien, como cuando la toma de la Embajada de la República Dominicana, se transmitían noticias. Pero no en vivo los pormenores de la batalla, señalándole a los terroristas toda acción o movimiento del Ejército y de las fuerzas de seguridad, de manera anticipada. Algún medio de información alcanzó a señalar, con tres horas de anticipación y con bastante precisión, cuál sería la hora exacta del ataque final de las Fuerzas Armadas y cómo se llamaría el operativo.
Esa no es propiamente la mejor manera de minimizar el número de víctimas y ello pudo costar la vida a varios magistrados, a varios soldados, a varios funcionarios. Hay versiones de prensa que abonan esta tesis nuestra. Aquí tengo a la mano el mensaje de la ministra de Comunicaciones a los medios de comunicación; dice así: “El Gobierno nacional agradece a los medios de comunicación la colaboración que presten ante los hechos conocidos por la opinión y solicita abstenerse de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos militares en directo a través de entrevistas o comunicados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupan el Palacio de Justicia y las zonas aledañas. Cordialmente, Nohemí Sanín Posada”.
Yo quisiera que la señora ministra nos informara en qué medida hizo cumplir su mensaje. Creo que todos los colombianos tenemos la impresión de que todos los medios de radio y televisión violaron el mensaje y el Gobierno nada hizo para detenerlos. Sería bueno establecer si fue que simplemente se juzgó que para salvaguardar la vida de las personas que ocupaban el Palacio de Justicia y las zonas aledañas, bastaba con una simple colaboración, o el Gobierno entendía esta colaboración como una exigencia a los medios de comunicación.
Pero tal vez podamos tener aquí a la señora ministra de Comunicaciones, para desvirtuar esta impresión que tenemos casi todos los colombianos de que ese manejo de los medios de comunicación pudo costar la vida de muchos Magistrados, de muchos ciudadanos, de muchos soldados.
Toma Palacio de Justicia Foto:Archivo EL TIEMPO
Un fracaso político
No podemos acatar las palabras del Presidente de que este es un triunfo de la Democracia. La Democracia es un sistema de Gobierno. A los ojos de hoy, el mejor, o el menos malo según los ojos que miren. Pero las democracias tienen éxitos y tienen fracasos y este es uno de los fracasos políticos más grandes de nuestra democracia a todo lo largo de nuestra historia. Nos tomaremos muchos años también para poder invocar la condición de potencia moral que invoca el Presidente. No la podemos invocar, creemos nosotros, inmediatamente después de este holocausto.
La Democracia se tiene que doler de sus fracasos frente a aquellos que hoy llaman terroristas y narcotraficantes pero que hasta hace poco eran ciudadanos amnistiados con amplio acceso a la radio, a la prensa, a la televisión, a los salones del Palacio Presidencial.
Señor Presidente, señores Representantes:
El Partido Liberal cree que ha debido haber cese al fuego, que ha debido haber diálogo, solicitados por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no sólo por los guerrilleros. Desde luego creemos que bajo amenaza no se pueden negociar las instituciones, ni frente a ese trágico suceso, ni ante ninguna circunstancia anterior.
Y por último, señor Presidente y señores Representantes, que se entienda mi constancia, lo que he dicho, como lo que mencioné, como una primera interpretación de los hechos, como unas apreciaciones, no como unas afirmaciones categóricas. Después de escuchadas las explicaciones de los Ministros, se deben confrontar con los hechos, con estas mis apreciaciones, con las apreciaciones de otros representantes, y nombrar la Comisión que evalúe estas materias y que produzca un informe con resultados contundentes. En lo único que quisiéramos ser categóricos, como ya lo indiqué, es en la actitud que el Congreso y el Partido Liberal deben jugar frente a las Fuerzas Armadas de Colombia, para que no deliberemos sobre sus actuaciones, para que seamos fieles a nuestra tradición histórica, para proceder en respeto de nuestra Constitución. En la defensa del Estado de Derecho, al que debemos regresar, y eso sólo lo podemos conseguir, respetando nuestra Carta Fundamental. Detengamos ese absurdo intento del Presidente Betancur de desconocer las atribuciones de las ramas del poder Público, de pretender que él puede darle funciones al Congreso, que él se las puede dar al Procurador y el último y más inaudito, que le puede dar funciones a la Corte Suprema de Justicia para que nombre una Comisión investigadora. Esa no es función constitucional de la Corte. Tal proceder la inhabilitaría para fallar sobre las investigaciones de orden legal que se efectúen. El juicio de hechos políticos corresponde al Congreso y no a la Corte que es la rama del Poder Público afectada y que no puede crear ese mecanismo de investigación que precipitadamente ha anunciado el señor Ministro de Justicia.
Nosotros los liberales sí creemos en el papel de las reformas en el proceso de pacificación, no de la manera confusa y retórica e ineficaz del Presidente Betancur. Y nos identificamos con las expresiones con las cuales el ciudadano y ex-Presidente de la República, Alfonso López Michelsen, sintetizó la vida y obra de uno de los grandes del liberalismo, el autor de la “Revolución en Marcha”, de quien le ha dado aliento político al partido por medio siglo. Ha sintetizado su misión histórica en un lema que nos pertenece, que lo hacemos nuestro, que fue pronunciado en la inauguración de la Sala Constitucional del Congreso hace pocos meses: “reforma para pacificar“. He aquí la gran diferencia que nos separa de la ineficaz audacia verbal del Presidente Betancur, de la vocación por los gestos y no por las reformas, por las acciones, por las realizaciones, en la afanosa búsqueda de la paz que todos compartimos.
Operación de retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército. Foto:Felipe Caicedo. Archivo EL TIEMPO
Preguntas al ministro de Gobierno
- ¿Cuáles fueron las exigencias que el grupo que asaltó el Palacio de Justicia hizo al Gobierno, antes o durante la operación terrorista?
- ¿Qué gestiones de diálogo adelantaron las autoridades a raíz de la solicitud que en tal sentido hiciera el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía?
- ¿Creyó el Gobierno toda forma de diálogo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia como una negociación de las instituciones?
- ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó el Gobierno y la nueva Comisión de Paz para tomar la determinación de dialogar y negociar con el M-19 después del asalto al Batallón Cisneros y el intento de secuestro y asesinato al Comandante del Ejército Rafael Samudio Molina?
Según versiones de prensa, cuatro de los miembros de la Comisión de Paz tomaron la determinación de “suspender el diálogo por tiempo indefinido con el M-19” después de la toma al Palacio de Justicia…
- ¿Comparten los demás miembros de la Comisión de Paz esa determinación de suspender el diálogo con el M-19?
- ¿Bajo cuáles condiciones estarían dispuestos a reanudarlo?
- Después de instalada la nueva Comisión de Paz, ¿Qué materias fueron objeto de negociación con el M-19?
- ¿Por qué el Gobierno permitió que el Senador Leyva Durán, miembro de la Comisión de Verificación, manifestara en tantas oportunidades que se publicaran las actas de la Comisión de Verificación?
- ¿Es que acaso el Gobierno no conoce qué sucede en la Comisión de Verificación?
- ¿O era que al Gobierno le interesaba que el Senador Leyva Durán se mantuviera en su persistente actitud de descalificar a las Fuerzas Armadas como ruedas sueltas en el proceso de paz y mantener el tipo de confusión que se creó?
- ¿Cree o no el Gobierno que esta actitud suya y la del Senador Leyva Durán fueron una clara incitación al M-19 y a otros grupos guerrilleros con miras a dirigir todos sus temores y odios hacia las Fuerzas Armadas?
- ¿Por qué no aclaró el Gobierno la situación?
- ¿Cree el Gobierno, en verdad, que como lo afirmó el Presidente en su alocución televisada, el calificativo que le merecen los guerrilleros que asaltaron el Palacio de Justicia sea el de ciudadanos?
- ¿Al dañarse en la noche del miércoles los teléfonos del Palacio de Justicia y con miras a enviar el mensaje que se dice llevaba el enviado de la Cruz Roja, se intentó algún cese al fuego mientras se entregaba el mensaje?
- ¿Cuáles fueron las medidas que utilizó el Gobierno para instalar el equipo de radio con los guerrilleros o entregar el megáfono?
- ¿Hubo un pequeño y transitorio cese al fuego?
- ¿Tiene alguna explicación el Gobierno de cómo los terroristas liberaron al Magistrado Reinaldo Arciniegas el jueves en la mañana; para llevar un mensaje de diálogo y en cambio no aceptaron, según el Gobierno, ni la carta llevada por el Presidente de la Cruz Roja ni el equipo de radio?
- ¿Qué se habló con el Magistrado Reinaldo Arciniegas? ¿Cuál era su mensaje de diálogo? ¿Qué le propuso al Gobierno?
- ¿Realmente insiste el ministro de Justicia en su explicación de que no hubo diálogo porque estaban dañados todos los teléfonos del Palacio de Justicia?
- La ministra de Educación dice que la guerrilla dio un número telefónico equivocado, ¿qué número era y por cuál conducto llegó?
- ¿Cuáles fueron las razones para que abruptamente se suspendiera la precaria protección al Palacio de Justicia?
- ¿Frente a la amenaza real, persistente, hecha desde distintos frentes, qué plan contingente tenía el Gobierno para una tan grave eventualidad como la toma del Palacio de Justicia por guerrilleros y/o narcotraficantes?
- ¿Considera el Gobierno que todo enemigo de la extradición de nacionales es persona sospechosa de estar financiada por los narcotraficantes?
- Que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por los narcotraficantes ¿es una hipótesis del Gobierno, o tiene pruebas al respecto?
- ¿Cuándo descubrió el Gobierno los nexos entre guerrilla y narcotráfico?
- ¿Fue acaso necesario el holocausto en el Palacio de Justicia para que el Gobierno cambiara de posición pública frente a este tema?
- ¿Si tal nexo fue establecido antes, cómo se otorgó el indulto a personas que, además de guerrilleros eran narcotraficantes, y a los pocos días terroristas?
- ¿Están o no en buen estado los expedientes sobre el Tratado de Extradición y sobre ‘Los Extraditables’, como según versiones de prensa lo informó un vocero autorizado de la Casa de Nariño?
- ¿Cree el señor Ministro que guarda proporción su afirmación que el terrorista Almarales, a quien él califica de línea blanda del M-19 y amigo a todo trance del diálogo, llegó directamente al Palacio de Justicia a matar a los Magistrados?
- ¿Tiene el Gobierno alguna información oficial de en cuál momento fueron muertos los Magistrados?
Toma Palacio de Justicia Foto:Felipe Caicedo. Archivo EL TIEMPO
Preguntas a la ministra de Comunicaciones
En su mensaje a los medios de radio y televisión, pidió su colaboración para abstenerse de transmitir por radio y televisión informativos sobre los operativos oficiales en directo o a través de entrevistas o comunicados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupaban el Palacio de Justicia.
- ¿Cuáles medios, señora ministra, le dieron esta colaboración al Gobierno?
- ¿Era esa colaboración obligatoria o era un simple favor que pedía el Gobierno?
- ¿Qué hizo su Despacho para hacer cumplir su pedido a los medios de comunicación?
- ¿Si el Gobierno entendía tal colaboración como obligatoria, ha tomado alguna medida para sancionar a los infractores o para hacerles algún reclamo por su falta de colaboración?
- ¿Cree el Gobierno que el anuncio anticipado por un medio radial, con tres horas de antelación de la hora en que se haría el operativo final por parte de las Fuerzas Armadas pudo costar la vida de muchos Magistrados, funcionarios, ciudadanos o soldados?
REDACCIÓN POLÍTICA
