El Ministro de Trabajo envió un mensaje a los parlamentarios que dijeron que apoyan la consulta popular después de las elecciones.

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha realizado un enfático llamado a La Asamblea de la República para que respete la fecha límite legal establecida para la consulta popular que fue propuesta por el presidente Gustavo Petro. Sanguino considera vital que se mantenga el calendario previsto para esta consulta, subrayando la importancia de que el proceso democrático no se vea obstaculizado por decisiones políticas que podrían dilatarlo.

Durante una reciente conferencia de prensa, reportada por ‘Caracol Radio’, el Ministro Sanguino subrayó que La Ley 1757 de 2015 prohíbe el retraso en la implementación de este mecanismo de participación ciudadana, el cual ha suscitado debates acalorados entre varios legisladores. Algunos de estos parlamentarios han manifestado su intención de respaldar la consulta únicamente si esta se realiza posteriormente a las elecciones programadas para 2026.

En respuesta a estos planteamientos, Sanguino fue contundente: “La Ley 1757 establece que la solicitud de una idea al MP en el Senado debe llevarse a cabo en un plazo específico. Por lo tanto, es imperativo que los parlamentarios que proponen tal iniciativa de aplazamiento lean la ley“, puntualizó el ministro.

El Ministro Sanguino insinuó que los tiempos para llevar a cabo la consulta están definidos por la ley, y que no pueden ser alterados por acuerdos políticos que carecen de fundamento legal. A su juicio, dichas propuestas de postergación no solo son inapropiadas sino que además podría interpretarse como un intento de frenar un mecanismo legítimo de participación ciudadana.

Las 12 preguntas que el gobierno colombiano presentó para la consulta popular sobre mejora laboral

El presidente Gustavo Petro ha anunciado que el próximo 1 de mayo, en el marco de la jornada laboral, presentará ante la sesión de la República 12 preguntas que formarán parte de la consulta popular que su gobierno propone para que los ciudadanos respalden elementos clave relacionados con la mejora de las condiciones laborales, las cuales ya fueron sometidas con anterioridad a la consideración de la Séptima Comisión del Senado.

Se ha debatido ampliamente sobre la participación de los ciudadanos, específicamente acerca de la redacción de las preguntas, ya que diferentes expertos sugieren que podrían existir alternativas más adecuadas, tales como un referéndum o plebiscito, considerando las normas sobre políticas públicas. Esto sugiere que sería preferible llevar la consulta a cabo de otras maneras que se ajusten mejor a la naturaleza de las preguntas planteadas.

Las preguntas han sido presentadas oficialmente por el Ministro del Interior, Armando Benedetti. Según fuentes del Tribunal Constitucional, existe la posibilidad de que se genere un riesgo legal asociado a la combinación de diferentes métodos de participación política. Este fenómeno se debe a que algunas preguntas podrían requerir herramientas específicas de consulta popular, como es el caso de reformas necesarias a estándares existentes.

Por ejemplo, una pregunta que implique la modificación de un estándar debería ser tratada como un referéndum. Mientras que si se busca implementar una política pública que favorezca la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral, es probable que se requiera otro tipo de consulta más específica.

La opinión del ex presidente del Tribunal Constitucional, Alejandro Linares, añade otra capa al debate, al argumentar que esta iniciativa tiene más elementos que solo un simple requerimiento de consulta electoral. Él considera que promueve propuestas que ya habían sido presentadas por el gobierno, lo que a su juicio podría interpretarse como un mal uso de los recursos estatales en un contexto de pre-campaña.

Por su parte, el analista político Jairo Libros sostiene que la consulta popular constituye un acuerdo suficiente para abordar las políticas públicas y defender a la ciudadanía, advirtiendo que también puede ser vista como parte de la estrategia electoral hacia las elecciones de 2026.

De acuerdo con la Ley 134 de 1994, el Senado no tiene la facultad de modificar el contenido de las preguntas que se presenten. Su función se limita a emitir un concepto favorable o desfavorable dentro de los 20 días siguientes a la entrega de la solicitud.

*Este material fue elaborado con el apoyo de inteligencia artificial, fundamentado en información de acceso público proporcionada a los medios de comunicación. Además, fue revisado por un periodista y un editor.

Jos Guerrero

Equipo de extensión digital

Más noticias