Por Según el historiador Fernand Braudel, el declive de la hegemonía va acompañado históricamente de una financiarización. Ante el descenso de la rentabilidad de la producción y de los intercambios (comercio), los poseedores de capitales transfieren cada vez más sus activos hacia el sector financiero. Según Braudel, se trata de una “señal del otoño”, cuando los imperios “se transforman en una sociedad de rentistas-inversores al acecho de todo lo que podría garantizarles una vida tranquila y privilegiada”.
Este espectro del declive braudeliano asusta a las figuras clave de la segunda administración Trump. “Decidme lo que tienen en común todas las antiguas monedas de reserva”, se preguntaba (el 13 de junio de 2024) Scott Bessent, actual Secretario del Tesoro, durante la campaña electoral. “Portugal, España, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido… ¿Cómo perdieron su condición de moneda de reserva?” La respuesta: “se endeudaron fuertemente y ya no estuvieron en condiciones de financiar su ejército”. Aunque Bessent, antiguo gestor de fondos especulativos, niega oficialmente la existencia de un programa de depreciación del dólar, los especuladores han hecho bajar el tipo de cambio de la divisa americana desde la llegada al poder de Trump en enero de 2025. El Secretario de Estado Marco Rubio es autor de un informe, datado de 2019, sobre “la inversión americana en el siglo XXI”, en el que fustiga a Wall Street por su régimen de valor accionarial que “orienta las decisiones de las empresas hacia un rendimiento rápido y previsible para los inversores, y no hacia el reforzamiento de las capacidades de las empresas a largo plazo”. Su punto de vista sobre las finanzas es compartido por autoproclamados “populistas” republicanos, como Josh Hawley (senador de Missouri).
Esta hostilidad latente hacia Wall Street ha supuesto una ruptura ideológica durante los primeros meses del segundo mandato de Trump: por un lado, los aranceles impuestos por el Presidente con ocasión del “Día de la liberación” (2 de abril de 2025) han sacudido los mercados financieros; por otro, Wall Street ha respondido provocando un pánico financiero con el fin de disciplinar a la Casa Blanca. La cuestión central del segundo mandato de Trump es saber si la coalición entre los autoproclamados “populistas” del MAGA y la base electoral de Trump (que espera una mejora del nivel de vida y seguridad en el empleo gracias a un relanzamiento de la industria manufacturera estadounidense por medio de los aranceles y a un reforzamiento del mercado de trabajo por medio de la expulsión de inmigrantes) es viable. Las empresas del sector de las energías fósiles y las empresas tecnológicas orientadas hacia la defensa, como Palantir y Anduril, tienen mucho interés en el nacio-militarismo. Pero la política comercial de Trump perjudica claramente al sector financiero privado y a las grandes empresas tecnológicas, dos sectores que han apoyado a Trump y esperan ser recompensados. Atacar a estos sectores tiene el riesgo de alienarse a las propias facciones del capital estadounidense que lo han propulsado a la presidencia.
Para estas facciones del capital, el declive de los Estados Unidos es relativo y (a semejanza de Japón) puede ser gestionado con elegancia (ver Jacobin, “A More Graceful American Decline”, de Dominik A. Leusder, 8 de abril de 2025). Como observó Giovanni Arrighi en 1994, el sector financiero siempre ha jugado un papel de intermediario en las transiciones hegemónicas, de las que ha sacado beneficio. Hoy día, los gigantes de la gestión de activos se aprovechan tanto del reequilibrio de las carteras americanas que se alejan del hegemónico en declive, como del acceso a los activos americanos que ellos ofrecen a los pools de capitales en fuerte crecimiento de China y otras economías asiáticas emergentes. Las grandes empresas tecnológicas, por su parte, pretenden el control general del conocimiento y la coordinación económica. Tienen mucho que perder de una fragmentación geoeconómica que les podría privar del acceso a los datos, reducir sus ventajas de red, aumentar el coste de sus infraestructuras materiales y forzar a las políticas no alineadas a buscar la soberanía digital.
En sus esfuerzos por relanzar el imperio americano, la administración Trump deberá encontrar por tanto un delicado equilibrio entre los intereses de los nacionalismos centrados en la industria manufacturera y las facciones capitalistas con intereses a escala mundial. La gestión de estas agendas concurrentes constituirá un enorme desafío para la longevidad de la coalición trumpiana y para la estabilidad del sistema financiero mundial en su conjunto.
El sector financiero privado apoya a Trump
Las elecciones de 2016 provocaron una espectacular escisión en el seno de Wall Street. Mientras los banqueros demasiado grandes para quebrar y los gestores de activos “públicos” se alinearon en sus discursos con los demócratas, los gestores de “capitales privados” o gestores de activos alternativos (capital-inversión, capital-riesgo y fondos especulativos) se mostraron como los fervientes partidarios de la primera candidatura de Trump a la presidencia. Esta división reflejaba la del Reino Unido, donde un grupo enardecido de magnates de capital-inversión y de fondos especulativos había dado su apoyo al Brexit, mientras las finanzas tradicionales tenían tendencia a apoyar el campo favorable a mantenerse en la Unión Europea.
Los gestores de activos alternativos sólo quieren dos cosas: privilegios fiscales y desregulaciones. El factor más importante que está detrás del inexorable ascenso de empresarios del sector financiero privado en la lista Forbes 400 es el nicho fiscal de los intereses aplazados. En los últimos veinticinco años, el “carry” (la remuneración basada en el rendimiento de los gestores de fondos privados) se ha elevado a la asombrosa cifra del billón de dólares. En 2010, Obama intentó sin éxito suprimir este nicho fiscal, una iniciativa que Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone (el mayor fondo de inversión estadounidense), consideró apropiado comparar con la invasión de Polonia por la Alemania nazi. Mantener este nicho fiscal ha sido la petición de última hora de la senadora Kristen Sinema (senadora por Arizona, “independiente” desde 2022) respecto a la ley sobre reducción de la inflación (Inflation Reduction Act-IRA) del gobierno Biden, que se añade al fracaso general de toda subida de impuestos a las empresas y a los ricos durante los años de Biden.
En el frente de la desregulación, la mayor ganancia para la facción financiera privada es el acceso al inmenso depósito que constituyen los activos de previsión individuales. En estos momentos, los fondos de capital-inversión y los fondos especulativos obtienen colosales beneficios gracias a los particulares afortunados y a los poseedores de activos institucionales. Su principal clientela está constituída con diferencia por los fondos de pensiones de prestaciones definidas, tanto públicas como privadas, esto es, inversores institucionales con compromisos a largo plazo. Desde la crisis financiera de 2008, los planes individuales de cotizaciones definidas, como los planes 401(k) (planes de jubilación patrocinados por los empleadores en Estados Unidos, que permite a los empleados ahorrar para la jubilación con ventajas fiscales) e IRA, han conocido un crecimiento el doble de rápido que sus homólogos colectivos. Hoy día, estos dos tipos de planes suman un poco menos de 10 billones de dólares, gestionados por los pilares de la facción liberal de Wall Street: BlackRock, Vanguard y State Street, entre otras.
En su búsqueda a largo plazo por acceder a esta gigantesca reserva de dinero, la facción del sector financiero privado logró su primera victoria sobre Trump. En 2020, el Subsecretario del Ministerio de Trabajo (DOL-Department of Labour), Eugene Scalia, hijo del juez conservador Antonin Scalia, miembro eminente del Tribunal Supremo, publicó una carta indicando que las reglas existentes autorizaban ya a los promotores de planes 401(k) a destinar el dinero de los planes a sociedades de capital-inversión. Ciertamente, una carta del DOL, a diferencia de una modificación reglamentaria vinculante de la SEC (Security and Exchange Commission), tiene frágiles bases jurídicas, pero no por ello resulta menos significativa. Poco después de la entrada de Trump en su segundo mandato, los gestores del capital-inversión redoblaron esfuerzos para abrir el grifo de los 401(k) que, en su opinión, podría doblar la demanda para sus fondos.
La determinación de las sociedades de capital-inversión de acceder a los 60 millones de participantes en planes 401(k) no tiene nada de misteriosa. Su estrategia es clara: al limitar sus opciones de inversión a las acciones y obligaciones cotizadas en bolsa, los reguladores privan de diversificación y de rendimientos a los titulares de planes 401(k). Marc Rowan, director general de Apollo, se queja de que los fondos 401(k) “se invierten en fondos indiciales líquidos diarios, principalmente el S&P 500” (índice bursátil poseído y gestionado por Standard&Poor’s). Larry Fink, CEO de BlackRock, que se ha lanzado recientemente a los activos de infraestructuras, lamenta también que estos activos estén “en mercados privados, encerrados tras elevados muros, cuyas puertas sólo se abren a los actores más ricos o más importantes del mercado”. La entrada de BlackRock en el capital-inversión refleja el deslizamiento general hacia la derecha de los gestores de activos públicos, que venden el acceso de los ahorradores estadounidenses a los rendimientos de capital-inversión como un paso hacia una mayor democracia financiera.
En realidad, el sector de capital-inversión busca obtener un plan de salvamento para lo que el economista Ludovic Phalippou (Universidad de Oxford) denomina su “fábrica de billonarios”. Desde 2006, los rendimientos de los fondos de capital-inversión no han logrado superar a los del mercado bursátil, aun cuando el número de billonarios ha pasado de tres en 2005 a 22 en 2020. Estos últimos años, estos fondos de adquisición (buyout funds) han tenido dificultades para desvincularse de sus inversiones, transmitiéndolos más bien a otros actores del sector, en un juego de cajas musicales. En 2024, el sector del capital-inversión conoció su primera contracción en décadas (Financial Times, 5 de marzo de 2025). Las operaciones de fusión-adquisición, en el punto de mira de la administración Biden, ofrecen un camino de vuelta al crecimiento. “El sector ha redoblado la llamada a una vuelta de las fusiones-adquisiciones, en parte para justificar los capitales obtenidos”, ha declarado recientemente a los inversores el director de inversiones del gestor de activos alternativos Sixth Street. “El problema está en que la gente ha pagado demasiado caro por activos entre 2019 y 2022, y que nadie quiere vender estos activos sin un rendimiento aceptable”.
Con expectativas de rendimientos irreales que se acumulan, el medio más seguro de lograr una salida rentable a los inversores actuales es atraer a nuevos inversores. Según la lógica del sector, la aportación de un billón de dólares provenientes de fondos de jubilación 401(k) permitiría a los fondos de pensiones, a los fondos soberanos y a las grandes fortunas deshacerse de sus participaciones con un beneficio. Los pequeños ahorradores se encontrarían entonces con una cartera de activos sobrevalorados. En otras palabras, un sistema Ponzi.
Realineamiento de las grandes empresas tecnológicas
Mientras el mundo de las finanzas se dividía en dos facciones políticas, la élite de Silicon Valley se ha ido hacia la derecha con una sorprendente unidad (ver Sylvie Laurent, La Contre-révolution californienne, Seuil/Libelle, mayo 2025). Durante tres décadas, los empresarios de la tecnología y los financieros privados han podido “ir rápido y romper puertas” sin tener que temer grandes repercusiones impuestas por el Estado. Con una vida demasiado fácil, estos super-depredadores han decidido que había que poner fin a la lucha antitrust llevada a cabo por la administración Biden y el Partido Demócrata. En este sentido, su adhesión a la causa de Trump pretende restablecer el statu quo ante antitrust Obama-Biden. Citando la inquietud de los dirigentes del sector, el financiero de capital-riesgo Marc Andreesen (del fondo Andreesen Horowitz) describía los signos de una “revolución social” en los campus y en Silicon Valley como un “renacimiento de la Nueva Izquierda” que ha radicalizado a la mano de obra: “Está muy claro que las empresas están siendo desviadas para servir de motores para el cambio social y la revolución social. Los empleados se rebelan. Bajo la (primera) era Trump, varias empresas que conozco tuvieron la impresión de estar a tan sólo pocas horas de violentos motines en sus propios campus, llevados a cabo por sus propios asalariados”.
Se comprueba que el liberalismo de Silicon Valley era sólo una fase temporal ligada a un período ya pasado de liquidez máxima y reglamentación mínima del capitalismo estadounidense. Después golpeó la Covid, y el gobierno concedió ayudas sustanciales a los asalariados, algunos de los cuales se han sentido habilitados para formular nuevas reivindicaciones. Al mismo tiempo, la rama más activista de la administración Biden, la Comisión Federal de Comercio de Lina Khan (calificada de “trustbuster”, “asesina de trusts”), dirigió su acción antitrust contra los gigantes de la tecnología. Añádase a ello la tímida coordinación internacional de la Secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, en materia de fiscalidad de las empresas y el apoyo retórico del presidente demócrata a la movilización sindical, y se comprenderá por qué Andreessen vivió todo esto como “un momento de radicalización” y pasó muchísimo tiempo en grupos de discusión promoviendo la conciencia de clase de los multimillonarios.
Estas son las circunstancias que han llevado a las grandes empresas tecnológicas a unirse a las finanzas privadas como segunda facción capitalista en apoyar la vuelta de Trump. La reunión de los empresarios de las grandes empresas tecnológicas el día de la investidura selló esta alianza. Pronto fueron recompensados con una serie de decretos presidenciales que suprimían las salvaguardas en materia de regulación pública para las empresas de IA y los obstáculos reglamentarios para las empresas de criptomoneda. En efecto, al contrario de la rápida reacción de la administración Biden contra el proyecto de Facebook de crear un sistema de pago mundial denominado Libra, lanzado en 2019 y abandonado en 2022, la nueva administración parece dispuesta a sostener al sector de las criptomonedas con toda la confianza y el crédito del Estado.
Los actores del sector de criptomonedas han adoptado la estrategia de los fondos de inversión privados intentando atraer a los fondos de pensiones. Desde la reelección de Trump, veintitres Estados han introducido una legislación que autoriza a las entidades públicas a invertir en criptomonedas. En varios casos, los proyectos de ley mencionan específicamente los fondos de pensiones públicos. Y mientras la ley “Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins” (Genius), que pretende proporcionar un marco reglamentario permisivo para las stable coins (la llamada moneda digital estable), ha superado una importante etapa en el Senado, el asalto lanzado por DOGE (Departamento de Eficacia Gubernamental) contra los agentes de regulación financiera (de la Securities Exchange Commission o SEC y al Consumer Financial Protection Bureau o CFPB) debilita la vigilancia e incita a la toma de riesgos en el conjunto del sistema financiero. Nada se opone al proyecto de Elon Musk de crear una “X Money Account” en asociación con Visa (New York Times, 12 de febrero de 2025). Ya está sembrado el germen de una versión mucho más importante de la crisis de Silicon Valley ( marzo de 2023, la mayor quiebra después de la crisis de 2008).
Las graves tensiones financieras que han perturbado los primeros meses de la nueva administración podrían ser tanto una característica como un bug de la coalición de empresas del Presidente. Las ambiciones de la nueva élite de Silicon Valley no se limitan a paralizar la burocracia federal, sino que aspiran también a destronar a Wall Street.
El dilema de la Fed
Esto nos lleva al árbitro decisivo en cualquier enfrentamiento entre las finanzas y el Estado: la Reserva Federal americana (Fed). A pesar de una gran crisis financiera, la Fed ha gozado de una sólida posición dominante en materia de política monetaria en el marco de la política macroeconómica estadounidense. Una vez relanzada la inflación, la política monetaria ofreció un instrumento prometedor para la estabilidad financiera y de los precios, pasando la política presupuestaria a un segundo plano. La high-pressure economy (con un crecimiento superior a la media y una baja tasa de desempleo), puesta en marcha bajo la estrategia go-big-go-early (hacerlo a lo grande, hacerlo pronto) de Janet Yellen en respuesta a la recesión pandémica, combinada con el alza de precios debido a retrasos en las cadenas de aprovisionamiento, justificó el endurecimiento de la política monetaria de la Fed con el fin de deflactar los mercados financieros y los mercados de trabajo.
Pero bajo el segundo mandato de Trump, la Fed se implica en una vía mucho más peligrosa. Los aranceles impuestos por Trump y el debilitamiento del dólar hacen que sea muy probable la vuelta de las presiones inflacionistas. Una administración competente y disciplinada tal vez podría impedir el alza de precios de los productos de primera necesidad por medio de stocks estratégicos y un control de precios. Pero la actual administración no es ni competente ni disciplinada, y el asalto sistemático del DOGE contra el gobierno federal refuerza la impresión de que la responsabilidad de controlar la inflación incumbirá sólo a la Fed.
Jerome Powell (Presidente de la Reserva Federal o Fed) se encuentra ante un dilema. Si se intensifican las presiones inflacionistas bajo el doble efecto de los aranceles y el debilitamiento del dólar, habría que esperar normalmente que la Fed subiese sus tipos. La Fed autoriza ya un alza de los rendimientos de los bonos. Sin embargo, la agravación de las tensiones financieras debidas a tipos de interés más elevados de lo previsto y a un crecimiento de las rentas más débil de lo previsto (los propietarios de vehículos registran la tasa más elevada de impagos de créditos desde hace tres décadas) podría forzar a la Fed a intervenir para sostener el valor de los activos, como lo hizo a finales de 2019 y a comienzos de 2023, por medio de préstamos de urgencia y compras de activos. Además, Trump y Bessent han indicado claramente que desean una baja de los tipos de interés sobre la deuda pública americana, una perspectiva que complica considerablemente cualquier proyecto de endurecimiento monetario (tras el encuentro Trump-Powell del 29 de mayo, parece que el statu quo de la Fed seguirá en vigor en la reunión de junio).
El dilema de Powell es aún más urgente porque parece estar en juego la baza más importante: la condición de los bonos del Tesoro americano como refugio mundial, y por tanto la condición del dólar americano como moneda de reserva y de financiación mundial. El apetito de los gestores de reservas oficiales por los títulos americanos está a la baja desde hace años, habiendo pasado la proporción del dólar en las reservas mundiales del 71% en 2000 al 57% en 2024. Ya en febrero aparecieron signos de inquietud creciente entre los inversores de bonos, cuando el director de inversiones del gesor de activos francés Amundi declaró, en respuesta a las medidas adoptadas por la Casa Blanca para relajar la reglamentación de los valores mobiliarios, que “cada vez más medidas […] podrían comenzar a erosionar la confianza […] en el sistema americano, en la Fed y en la economía americana”. Durante las semanas siguientes, esta amenaza apenas velada comenzó a concretarse en una fuerte corrección de los mercados bursátiles y, lo que es aún más inquietante, en un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro americano. Después del anuncio de Trump de aranceles “recíprocos” el 2 de abril de 2025, Estados Unidos conoció un fenómeno extraordinario: la huída de capitales. Si la Fed se ve obligada a dejar que los tipos de interés reales bajen mientras la inflación aumenta, bien podría ocurrir una huída de capitales a una escala mucho mayor.
Desde hace mucho tiempo, es sabido que los objetivos de eliminación del déficit comercial americano y de preservación de la condición del dólar como moneda de reserva son incompatibles. Después de los trabajos de Robert Triffin a finales de los años 1950 sobre la “superabundancia del dólar”, los economistas monetarios internacionales comprendieron que el crecimiento económico mundial por el comercio dependía de la disponibilidad de las reservas. En ausencia de un nuevo standard de reserva, esto se ha interpretado como que se necesitaba una oferta abundante de dólares, proporcionada al resto del mundo por medio de déficits comerciales americanos permanentes. Aunque un mundo de eurodólares y de flujos financieros transfronterizos brutos ilimitados significa que la liquidez mundial no está necesariamente ligada a la cuenta corriente americana, las ideas de la administración para disociar a ambos no son tranquilizadoras. Incluyen sobre todo la promesa de “promover el desarrollo y el crecimiento de stable coins legales y legítimas adosadas al dólar en todo el mundo”. Eric Monnet ha calificado esta estrategia de “criptomercantilismo” (The European Money and Finance Forum, 10 de abril de 2025), pretendiendo prolongar, en lugar de debilitar, la dominación del dólar en el sistema monetario mundial, puesto que el valor de las stable coins estaría adosada a activos en dólares.
Las trampas del poder de la clase dirigente
La vuelta de Trump al poder ha puesto en evidencia las fallas en el seno de la coalición que ha contribuido a su victoria. Las facciones populares del MAGA se han apoyado en Trump por su posición nacionalista, que apenas tiene puntos comunes con los intereses de las finanzas tradicionales y del sector tecnológico a favor de mercados financieros y digitales mundiales abiertos. La tecnología y el MAGA podrían potencialmente confluir en su ambición de relanzar la base industrial americana, pero esto cuestionaría el fundamento mismo del dólar fuerte del que dependen tanto el sector financiero tradicional como el sector privado para conservar su primacía. Aunque “muchos partidarios del MAGA se benefician de Medicaid”, como dice Steve Bannon (Financial Times, 27 de marzo de 2025), el presupuesto federal recién aprobado por la Cámara de representantes, controlada por el Partido Republicano, prevé recortes radicales en las prestaciones sociales, defendidas por el sector financiero privado. A pesar de los discursos, estos recortes presupuestarios no compensan las reducciones de impuestos: los déficits públicos van a continuar, de la misma manera que el programa de aranceles y desregulaciones de la administración amenaza la estabilidad financiera.
Los teóricos del Estado sostienen desde hace tiempo que “la clase dirigente no dirige”. En acertada expresión de Fred Block, las democracias liberales se caracterizan por una división del trabajo entre los capitalistas, que dirigen sus empresas, y los “gestores del Estado”, que dirigen el gobierno. Como los capitalistas individuales tienen tendencia a no ver más allá de sus propios resultados financieros, su fortuna depende de la capacidad de los gestores del Estado para mantener las condiciones necesarias para la reproducción social, ecológica y financiera.
Según Fred Block, el Estado capitalista asegura su propia supervivencia agregando intereses. La cuestión se plantea así: ¿será capaz el gobierno americano actual, en su estado demacrado, de agregar los intereses de las múltiples facciones rivales que mantienen a Trump? Aranceles que preservan los intereses manufactureros americanos en el sector tecnológico en China y apaciguan a los nacionalistas pro-Trump, combinados con una devaluación del dólar orquestada a escala internacional, contribuiría a sostener el boom de las inversiones manufacturereas de la Bidenomics. La desregulación financiera y la apertura de las compuertas de los 401(k) al capital-inversión podrían combinarse con un retorno de las elevadas tasas impositivas del 37% sobre las rentas a su nivel anterior a 2017, o sea del 39,6%, como ha sugerido Trump en el debate sobre el presupuesto federal en la Cámara. Está por ver si se producirá dicho consenso. Tan sólo después de unos meses, las antinomias de la Trumponomics ya son plenamente visibles, sin solución evidente.
05/Jun/2025
Cédric Durand es un economista marxista y profesor de Economía en la École des Hautes Études en Sciences Sociales e investigador del Centre d’economie de Paris Nord.
Benjamin Braun es profesor asistente en la London School of Economics and Political Science, enfocando su investigación en el rol de las finanzas en el capitalismo, las macrofinanzas y la transición verde. Traducción: viento sur
