Por Este sábado, un grupo de representantes del gobierno, liderados por Gloria Quicia, anunció la instalación de un Área de Ubicación Temporal (ZUT) en la zona rural del tibetano, específicamente en Santander del Norte. Este hecho se hace en el contexto de una serie de acciones relacionadas con el Frente 33 en el bloque medio de Magdalena, que forma parte de los esfuerzos por desmantelar grupos armados ligados a alias Calarcá. Tal anuncio ha provocado diversas interrogantes sobre cuándo se implementará realmente esta estrategia, cuál será la ubicación específica de las áreas de ubicación y cuántos hombres se espera que estén involucrados en este proceso de desmovilización.
En esta línea, Luis Fernando Niño, un destacado asesor en temas de paz dentro del gobierno, conversó con la emisora Cuadrado y expresó que hasta el momento no se había recibido información precisa sobre el diseño final del proceso para la entrega de armas por parte de este grupo en particular.
“(…) No sabemos cuántas personas ingresarán, ni siquiera si lo harán con armamento o desarmadas, y además, la incertidumbre sobre quiénes serán los beneficiarios del proceso es también relevante,” afirmó en la entrevista. Esto reafirma las preocupaciones existentes sobre la falta de comunicación y claridad en los procesos que rodean estas iniciativas.
El presidente Gustavo Petro afirmó que este acuerdo representa un primer paso fundamental para “abandonar la violencia”. Foto:Juan Diego Cano. Presidencia
El funcionario también resaltó su inquietud debido a la escasez de información sobre los términos firmados en el acuerdo. “Esperamos que esta situación no se convierta en un fracaso, como ocurrió en 1998 con el área de liquidación de Caguán, que resultó en un regreso de la violencia a manos de las FARC,” comentó.
A pesar de la falta de detalles adicionales sobre el funcionamiento de las mencionadas áreas, la Ley 2272, conocida como ‘Total PAZ’, proporciona algunos lineamientos sobre las condiciones que se podrían establecer en este contexto. Según el tercer párrafo de la ley, se señala que no deberá haber retirada de la población ni control político por parte de grupos armados.
El marco legal también aclara que estas ZUT no deben estar situadas en áreas urbanas y deben asegurar la total implementación del estado de derecho. Se establece que “el gobierno definirá cómo interactuarán las agencias gubernamentales para garantizar los derechos de la población,” pues el bienestar y los derechos de los ciudadanos son una prioridad en este proceso.
El Frente 33 es parte del bloque Magdalena Medio, el cual, a su vez, integra el FMI. Foto:Ernesto Guzmán. Ete
Es crucial destacar que la decisión respecto a la suspensión de actividades abusivas contra esta estructura armada, firmada por el presidente Petro y que tiene validez hasta el 18 de mayo, está condicionada a que se adopten las ubicaciones para estos componentes que tienen como meta facilitar la transición a una vida civil para los involucrados.
En cuanto a los próximos pasos a seguir, el gobierno ha confirmado que en los días venideros se procederá a elaborar los protocolos necesarios para el establecimiento del ZUT, junto con su operación y su fase temporal. Este acuerdo se da en medio de la violenta confrontación que ha vivido esta región entre el grupo y el ELN en Catatumbo y marca otro avance en la dirección de la “Paz”, particularmente después de que se iniciara el proceso de desmovilización en los Comuneros del Sur en el departamento de Nariño.
Camilo A. Castillo
Político
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