Por En medio de operativos sorpresa que causaron alarma en el sector manufacturero, las autoridades sanitarias incrementaron los controles en las fábricas de bolas tras identificar posibles riesgos que podrían afectar tanto a los trabajadores como a la comunidad en general. La intervención realizada por el Ministerio de Salud en coordinación con la Inspección de Policía reveló varias irregularidades que requirieron una alerta inmediata y una mayor vigilancia de este tipo de establecimientos.
Durante las visitas, los funcionarios realizaron una revisión detallada de la documentación requerida por la normativa vigente, como uso de suelo, política sanitaria y registro actualizado ante la Cámara de Comercio. Si bien algunos talleres cumplían con los requisitos básicos para su funcionamiento, otros corrían riesgo por deficiencias administrativas y técnicas que podían poner en riesgo la legalidad de su funcionamiento e incluso acarrear sanciones.
Uno de los puntos más críticos identificados fue la inadecuada disposición de los residuos del proceso de fabricación, especialmente del conocido “Retal”, material que puede convertirse en una fuente de contaminación ambiental si se maneja incorrectamente. En algunos casos, estos residuos han sido almacenados sin control o eliminados de manera inadecuada, presentando riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas que trabajan en estos espacios.
A esto se suman malas prácticas en el manejo de químicos utilizados en la producción, como adhesivos y solventes, que pueden representar un peligro silencioso al afectar el sistema respiratorio y la piel de los operadores. La falta de elementos de protección personal y protocolos adecuados aún más el nivel de riesgo en estos entornos laborales.
Además de exigir atención, las autoridades también brindaron a los propietarios orientación técnica para corregir las deficiencias identificadas y hacer la transición a procesos más seguros y sostenibles. Sin embargo, el mensaje fue claro: cualquiera que no cumpla con los requisitos legales enfrentará sanciones y cierres temporales o permanentes.
“Estas medidas pretenden garantizar que las instalaciones funcionen de forma segura y responsable”, explicó Paula Almonacid, destacando la importancia de proteger la salud pública y el medio ambiente. La operación deja claro que los controles continuarán y que la lupa de las autoridades seguirá centrada en este sector, donde cualquier control podría tener consecuencias más graves.
95