La gestión del patrimonio cultural sumergido ha desatado un debate político en Colombia. Diez años después del hallazgo del galeón San José, el expresidente Juan Manuel Santos ha expresado públicamente su disconformidad con la forma en que está el gobierno de Gustavo Petros. emprender el rescate de uno de los artefactos más importantes de la historia marítima.
Galeón San José Imagen:la presidencia
Con mensajes en sus redes sociales, el expresidente cuestionó la interrupción de la hoja de ruta que se había hecho tras el descubrimiento público en 2015. Según Santos, el cambio de política ha impedido que el país cuente con una infraestructura cultural dedicada a la exhibición de estos hallazgos y ha puesto en riesgo la integridad del rescate.
Una crítica al modelo extractivo actual
El punto principal del reclamo radica en resultados tangibles después de una década. Santos sostiene que bajo el plan original el avance sería mucho más importante tanto para la preservación de las obras como para el disfrute público, sin haber generado gastos para el Estado.
“Hoy hace diez años encontramos el galeón San José. Es triste que se hayan recuperado pocas cosas y se haya roto todo lo rescatado. Si se hubiera seguido la hoja de ruta que dejamos, ya hubiéramos tenido un museo en Cartagena, el oro en las reservas del Banco Central de la República y ese patrimonio cultural totalmente protegido y preservado íntegramente con la mejor tecnología y costo para el público y lo más caro”, dijo. ex-presidente.
Santos critica la rapidez del rescate, argumentando que el plan original habría protegido el patrimonio. Imagen:Juan Manuel Santos / Armada Nacional
La historia y las disputas legales detrás del tesoro
El galeón San José se hundió en 1708 durante la Batalla de Barú, tras ser atacado por una flota inglesa. En su interior había un cargamento de oro, plata y esmeraldas que hoy en día no tienen precio. Desde su redescubrimiento por la Armada y expertos internacionales, la propiedad de los restos del naufragio ha sido objeto de una compleja disputa diplomática y legal que involucra a España, el pueblo indígena Qhara Qhara de Bolivia y la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA).
Para proteger el descubrimiento, el gobierno colombiano lo declaró Bien de Interés Cultural en 2020, medida que prohíbe su explotación comercial y busca preservarlo como patrimonio nacional. Sin embargo, Santos ha advertido sobre los riesgos legales actuales, sugiriendo que las decisiones de la comisión podrían debilitar la defensa de Colombia contra demandas internacionales, como la de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cuyo fallo se espera para finales de 2025.
Posiciones contrastantes con el rescate
Las preocupaciones expresadas por el exjefe de Estado indican que el tesoro podría volverse vulnerable a intereses privados o facilitar el saqueo si no se mantienen políticas legales sólidas. El presidente Gustavo Petro, por su parte, ha defendido su gestión asegurando que el objetivo es proteger a la leyenda de intereses externos.
Gustavo Petro. Imagen:Presidente PETRO
“Tendremos problemas, porque hay piratas en el mundo que quieren quedarse con lo que llaman tesoros, que para nosotros es nuestro patrimonio nacional, nuestra historia”, dijo Petro, en referencia a las disputas internacionales.
Recientemente ha El Ministerio de Educación y el Instituto de Antropología e Historia de Colombia (Icanh) Presentaron los primeros resultados de la encuesta. Los artefactos encontrados incluyen un cañón, una taza de porcelana, monedas coloniales llamadas macuquinas y fragmentos de cerámica. El actual gobierno sostiene que el galeón no corre peligro y que el proceso se realiza con un enfoque científico riguroso. Sin embargo, para Santos y otros críticos, estos extractos específicos no compensan la omisión del plan integral que prometía una recaudación y una fuerte protección financiera para el país.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

