



El panorama en el Catatumbo sigue siendo muy incierto, en línea con las advertencias de las autoridades regionales, que hasta la noche del viernes centraban sus esfuerzos en evitar desplazamientos masivos y reducir el conflicto armado interno que golpea a esta subregión de Norte de Santander.
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Sin embargo, los hechos ocurridos la madrugada del sábado en Caracas sumaron un nuevo factor de riesgo, abriendo la posibilidad de una afectación directa en la frontera colombo-venezolana y un posible aumento de los flujos migratorios hacia Colombia.
Según Luis Fernando Niño, alto asesor de paz de Norte de Santander, las principales preocupaciones están relacionadas con el comportamiento del ELN, grupo armado binacional que se moviliza en ambos lados de la frontera. “No sabemos cuál será la reacción ante lo ocurrido en Caracas”, dijo, advirtiendo que “cualquier decisión de este grupo, ya sea una retirada hacia territorio colombiano o una mayor presencia del lado venezolano, podría tener consecuencias inmediatas en el Catatumbo”.
Municipio de El Tarra, corazón del Catatumbo. Foto:Andrés Carvajal
Ante este escenario, las instituciones avanzan en la elaboración de planes de contingencia ante una posible migración o desplazamiento masivo.
Las autoridades citaron precedentes como enero de 2016, cuando se registraron cerca de 80.000 desplazados, y 2015, cuando aproximadamente cinco millones de venezolanos cruzaron la frontera. “Estamos tratando de aprender de estas experiencias para predecir lo que puede suceder en los próximos días”, dijo Niño.
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Luego de la instalación del Puesto de Comando Unificado (PMU) en Cúcuta, la noche del 3 de enero, Las autoridades anunciaron una serie de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, brindar servicios de salud y atención humanitaria en la región. Entre las decisiones adoptadas estuvo el anuncio de alerta amarilla en la red nacional de salud pública.
Así luce la frontera entre Colombia y Venezuela en plena crisis. Foto:Andrés Carvajal. TIEMPO
El viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, explicó que en todos los departamentos fronterizos existen condiciones para atender a la población receptora y posiblemente incrementar el flujo migratorio desde Venezuela. “El derecho a la salud en Colombia lo disfrutan todos los residentes en el país, independientemente de su estatus migratorio, y no se pueden utilizar criterios de discriminación sin razón”, subrayó.
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Urrego también advirtió sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas binacionales asentadas en la zona fronteriza, entre ellas los pueblos wayuu, yukpa y barí, este último presente tanto en el estado de Catatumbo como en el estado de Zulia en Venezuela.
Unidad móvil para la población migrante en Tibú
En respuesta al desplazamiento forzado y su impacto en los civiles, se han realizado esfuerzos coordinados para brindar asistencia humanitaria.como alimentos y atención médica, y se activaron mecanismos de protección para los grupos vulnerables, especialmente niñas, niños y jóvenes.
Así luce la frontera entre Colombia y Venezuela en plena crisis. Foto:Andrés Carvajal. TIEMPO
Por su parte, el Ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, anunció la asignación de una unidad móvil para la atención integral de la población migrante en el municipio de Tibú. “Contamos con Centros de Integración en las zonas fronterizas donde brindamos atención integral a las personas migrantes, desde seguridad alimentaria y formación vocacional hasta prevención de la violencia de género, la discriminación y la xenofobia”, explicó.
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La unidad móvil Centro Integrate entrará en funcionamiento el martes 6 de enero y la sede ubicada en Cúcuta seguirá brindando sus servicios con normalidad.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 78.000 personas han sido desplazadas desde el 16 de enero de 2025, cuando la crisis del Catatumbo se convirtió en un nuevo punto crítico. Este número puede seguir creciendo.
“Solo en los últimos días hemos recibido reportes de hasta 1.200 personas desplazadas y sabemos de otras familias que llegarán a Cúcuta en los próximos días”, dijo Niño.
Material del ELN capturado en el Catatumbo. Foto:Cortesía
Las acciones que ya comienzan a implementarse incluyen ampliar el despliegue de la fuerza pública en la zona fronteriza, encaminado a frenar los enfrentamientos entre grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las FARC, responsables de altos niveles de violencia en municipios como Tibú, Teorama, El Tarra, Hacarí y Convención.
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El Gobierno nacional también ordenó el despliegue de más de 30.000 miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional a lo largo de más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela.priorizando los puntos más críticos del Catatumbo y otras zonas donde convergen economías ilícitas y estructuras armadas.
Andrés Carvajal
Para EL TIEMPO | Cúcuta

