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El mundo actualmente es consciente de que la minería legal y sostenible es fundamental para la transición energética porque proporciona (por solo mencionar algunos) los minerales esenciales para la fabricación de las tecnologías de energía limpia y la infraestructura necesaria para reemplazar los combustibles fósiles. Sin el suministro constante y creciente de estos minerales, la transición energética no podría avanzar y no pasaría de ser una simple quimera.
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Las tecnologías clave para la transición energética, como los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas, los paneles solares y los sistemas de almacenamiento de energía, requieren grandes cantidades de minerales específicos, denominados minerales críticos o estratégicos como el litio, cobre, níquel, cobalto, manganeso, tierras raras y aluminio, silicio, plata, cadmio, entre otros.
Como consecuencia de lo anterior, la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Banco Mundial estiman que la demanda de muchos de estos minerales estratégicos aumentará drásticamente, de la siguiente manera: la producción de minerales esenciales podría aumentar hasta un 500 % para 2050; se proyecta que la demanda de litio podría crecer cerca del 90 % para 2040, y el cobre podría ver un aumento del 600 % para 2030, ya que un vehículo eléctrico usa casi cuatro veces más cobre que uno de combustión.
Para satisfacer esta demanda se requiere una aceleración en la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros a nivel mundial, lo cual pone una gran presión sobre la industria. Colombia tiene la oportunidad soñada, toda vez que reúne todo para convertirse en una potencia mundial en minerales estratégicos por estar dentro del denominado cinturón del Pacífico; como por ejemplo en extracción de cobre, como puede verse que actualmente se tienen 13 megaproyectos en exploración de este mineral, en departamentos como Chocó, Antioquia, Córdoba, Putumayo, La Guajira y Cesar.
De conformidad con lo anterior, Colombia al convertirse en una potencia minera y seguir el camino de países vecinos como Chile y Perú, generaría múltiples beneficios al recaudar grandes cargas tributarias y las concebidas regalías que pueden ser parte de un desarrollo exponencial que aporte además beneficios ambientales, mediante medidas de corrección, restauración, compensación y amplios programas sociales. Además, puede dejar grandes capacidades instaladas en las regiones y soportar enormes programas de infraestructura, educación, salud y múltiples programas de desarrollo, y potenciar adicionalmente grandes cadenas productivas de otros sectores.
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Sin embargo, de conformidad con lo anteriormente señalado, y a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro se nos vendió como el que daría un salto exponencial hacia la transición energética, pocos han sido los objetivos tan claros y contundentes en el denominado ‘Gobierno del Cambio’ como el del sustituir el modelo de desarrollo sostenible de nuestro país, el cual establecimos en la Constitución de 1991 y que se basa en una responsabilidad intergeneracional con el uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ecosistemas estratégicos, garantizando que el mismo traiga réditos económicos y sociales, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a generaciones futuras; por un modelo de “decrecimiento económico”, fundamentado en un catastrofismo ambiental, bajo el cual, si Colombia desarrolla su industria extractiva, el mundo inexorablemente desaparecerá en cuestión de pocos años.
César Gaviria, expresidente de Colombia y director del Partido Liberal Foto:Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO
Dicha concepción y política, que parecería más bien una simple caricatura extravagante, toda vez que Colombia tiene una emisión de gases de efecto invernadero de aproximadamente el 0,66 % de las emisiones a nivel mundial y que se podría atacar en una lucha sin tregua contra la deforestación, se ha convertido en la línea orientadora de la gran cantidad de decisiones del gobierno Petro.
Por desgracia para nuestro país, esta es sin duda una posición inmodificable del Presidente; no olvidemos que ya nos avisó en uno de sus pintorescos e interminables monólogos y diatribas a los cuales se les da el nombre usurpado de “consejo de ministros”, espacio donde sus ministros se limitan únicamente a escuchar y asentir con la cabeza, que cuando le dicen que no haga algo, con mayores ganas y ahínco lo hace. Esto nos demuestra que el destino de alrededor de 54 millones de personas está en manos no de un aplomado gerente y administrador público y un verdadero estadista, sino de un ‘rebelde sin causa’ y un niño tozudo, que solo quiere satisfacer su ideología, así sea en perjuicio general de sus compatriotas.
El anuncio formal de lo que vendría en el gobierno de Gustavo Petro para marchitar el sector minero se concretó los días 27 y 28 de mayo del año 2023, en la denominada cumbre minera organizada por el Gobierno Nacional en la Universidad Nacional de Colombia, donde llamó la atención desde el comienzo que quien lideró el evento y tuvo toda la vocería fue la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien repitió en varias ocasiones que Colombia no era un país minero y así debería verse. Que prácticamente nos debería avergonzar haberlo considerado un país minero en determinado momento, lo que causó gran indignación en gran parte de los asistentes, incluso muchos de ellos petristas reconocidos.
Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia – Archivo particular
‘Decrecimiento económico’
Para asegurar el estricto cumplimiento de su política de decrecimiento económico en general, del marchitamiento del sector extractivo y concretamente del sector minero, en contravía incluso con presidentes de izquierda como Lula en Brasil y Boric en Chile, que han defendido con ahínco la industria petrolera y minera en sus respectivos países, el presidente Gustavo Petro nombró activistas radicales anti-desarrollo y antimineros en las cabezas de las entidades que tienen a su cargo las decisiones trascendentales sobre la ejecución de los proyectos de gran minería en el país: personas que han pasado gran parte de su vida moviéndose de punta a punta del territorio nacional oponiéndose a los más grandes proyectos de desarrollo en Colombia, como el abogado Rodrigo Negrete en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el geólogo Julio Fierro en cabeza del Servicio Geológico, la politóloga Susana Muhamad en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, finalmente, la tristemente célebre Irene Vélez, quien ha ocupado cargos estratégicos como ministra de Minas y Energía.
Cabe recordar a Irene Vélez, filósofa de profesión y ampliamente conocida ya por sus desafueros verbales y matemáticos, desconocimiento técnico y cuyo gran mérito es ser la hija del señor Hildebrando Vélez, ingeniero químico y magíster en filosofía, constructor de las teorías más radicales y delirantes del ambientalismo antidesarrollo y quien por años le ha hablado al oído a la vicepresidenta Francia Márquez e incluso al mismo presidente Gustavo Petro.
Irene Vélez Torres, exministra de Minas y actual directora de la Anla. Foto:Anla
A reglón seguido y posesionados cada uno de estos activistas radicales en sus cargos, se procedió en varias de estas entidades a realizar cambios en los manuales de funciones para que se pudieran contratar y emplear personas como filósofos, artistas, actores etc.; con lo cual quedaba garantizado que el rigor técnico no sería el factor para la toma de decisiones y que las mismas serían tomadas basadas únicamente en la línea ideológica trazada en el petrismo. Ahora bien, la cereza del postre fue nombrar a un reconocido antiminero como el abogado Álvaro Pardo en la presidencia de la Agencia Nacional de Minería (ANM), asegurándose el marchitamiento por completo del sector minero legal en el actual gobierno, a quien curiosamente terminaron despidiendo.
Adicional a esto, se impuso en las entidades técnicas una especie de amenaza vedada a los funcionarios de planta y carrera administrativa: que en el caso de tomar decisiones apegadas al rigor legal y/o técnico pero que beneficien de alguna manera la ejecución de proyectos de gran minería legal, serían declarados insubsistentes y acusados de traicionar el proyecto político de Petro. Para ello, recordamos casos sonados como los del exviceministro de Minas Giovanni Franco Sepúlveda, al que le fue exigida su renuncia públicamente, como consecuencia de lo que habría sido un ejercicio normal de su cargo en cualquier gobierno funcional, reunirse con un representante de la empresa multinacional minera Libero Cobre, con intereses mineros en el Putumayo. Igual suerte corrió la vicepresidenta de seguimiento y fiscalización de la Agencia Nacional de Minería, a quien Petro en sus alocuciones televisadas descalificó públicamente, acusándola de realizar actos de traición a su programa de gobierno, toda vez que aprobó la prórroga de la etapa de exploración minera de la multinacional inglesa ubicada en el municipio de Jericó, Antioquia, y sobre la cual la funcionaria y su equipo de trabajo, después de un riguroso análisis, conceptuaron que no había ningún argumento ni técnico ni legal para desconocerle la prórroga respectiva para que continuara la exploración requerida.
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Como complemento a estas decisiones y en desarrollo de esa política del marchitamiento del sector minero legal, una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno Nacional fue arrebatarle al departamento de Antioquia su autoridad minera, revocando la delegación de funciones de autoridad minera a la Gobernación de Antioquia, decisión que fue efectiva a partir del 1.° de enero de 2024, a un gobierno local de un departamento minero que había construido en su gobernanza e institucionalidad y, a través del tiempo, una secretaría con una fortaleza que hasta el momento no ha podido desarrollar el Gobierno Nacional. En esta decisión, además de ejecutar las posiciones más delirantes del Gobierno Nacional para marchitar la minería legal, lo convocó el desprecio y el ataque permanente y frontal a todas las alternativas de desarrollo del departamento de Antioquia.
El marchitamiento del sector minero legal se concretó apelando a figuras abiertamente inconstitucionales e ilegales, como las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos y las denominadas reservas temporales de recursos naturales, que no son otra cosa que una especie de áreas protegidas exprés declaradas de manera inconsulta.
El marchitamiento del sector minero legal se concretó apelando a figuras abiertamente inconstitucionales e ilegales, como las llamadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas) y las denominadas reservas temporales de recursos naturales, que no son otra cosa que una especie de áreas protegidas exprés declaradas de manera inconsulta y sin ningún rigor técnico ni legal, mediante las cuales el Gobierno central reglamenta a su antojo y discreción los usos del suelo en todo el país y les quita arbitraria e ilegalmente la mencionada función a los concejos municipales, garantizando por supuesto que la gran minería, entre otras actividades, desaparezca. Figuras que he llamado en anteriores pronunciamientos como ‘expropiaciones indirectas’.
Como si eso fuera poco, se apoyan o manipulan sentencias como la llamada ‘ventanilla minera’ del Consejo de Estado en el año 2022, a las cuales se les cambia totalmente su sentido, y a pesar de que la misma hizo un llamado a no declarar moratorias mineras y destacó la minería legal como un sector indispensable para la económica nacional, esto no obstante que dentro de un sector del Gobierno Nacional mismo hay pleno conocimiento de la inconstitucionalidad de estas figuras. Pero se juega a que mientras estén vigentes y no hayan sido declaradas ilegales o inconstitucionales por vía judicial, logren marchitar los grandes proyectos mineros, dejando adicionalmente a centenares de personas sin trabajos y al Estado colombiano expuesto a multimillonarias demandas.
Todo este marchitamiento del sector minero legal en Colombia ha venido siendo acompañado por el presidente Gustavo Petro de un discurso hostil y de odio contra el sector extractivo, poniéndolo incluso al nivel de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Todo este marchitamiento del sector minero legal en Colombia ha venido siendo acompañado por el presidente Gustavo Petro de un discurso hostil y de odio contra el sector extractivo, poniéndolo incluso al nivel de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Movidas en el Congreso
Ahora bien, como estocada final al sector minero legal, el Gobierno Nacional acaba de radicar en el Congreso de la República una ley denominada con el pomposo nombre de ‘Ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida’, la cual por su contenido tiene el efecto inmediato de consolidar una incertidumbre jurídica mientras se decide su trámite.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) y otros expertos consideran el proyecto como una iniciativa “imprudente y equivocada” y amplios sectores del país ya la califican como una “ley antiminera” que generaría inseguridad jurídica total en el sector.
Es así como, al analizar en detalle la misma, se advierte que las nuevas cargas regulatorias, los cambios en las reglas de juego y la incertidumbre podrían paralizar definitivamente la actividad y ahuyentar la inversión privada, lo cual ya se ha visto reflejado en cifras de caída de la inversión extranjera en el sector mineroenergético. Además, vulnera principios constitucionales que deben ser respetados: el proyecto destruye la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia; crea en Colombia un modelo estatista que busca restringir la participación de las compañías privadas y podría establecer que la actividad sea adelantada, principalmente, por empresas estatales, con el problema de que la actividad exploratoria es una actividad de riesgo, donde se ponen en juego decenas de millones de dólares, sin tener certidumbre de ser una actividad sostenible financieramente. Esto haría que ninguna entidad estatal pudiese arriesgar semejante cantidad de recursos.
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Entre los aspectos regulatorios y ambientales tenemos que la mencionada ley se enfoca más en imponer limitaciones que en solucionar los problemas estructurales del sector, como la informalidad, la falta de control sobre la extracción ilegal y la degradación ambiental en zonas de minería ilegal; se aumenta el riesgo de que el país se plague completamente de ilegalidad en la extracción de minerales, toda vez que las nuevas restricciones y cargas hagan imposible la aplicación de la ley en los territorios, lo que podría estimular aún más la minería ilegal en lugar de erradicarla y en los casos donde sea posible, formalizarla. Adicionalmente, el proyecto crea una figura de terminación anticipada y unilateral del contrato minero en contravía directa al derecho fundamental al debido proceso.
El proyecto promovido por el gobierno podría incentivar la minería ilegal. Mina ilegal en el Cauca. Foto:Archivo EFE
En conclusión, el proyecto de ley pone en riesgo la estabilidad económica y la inversión en el sector, al imponer un marco regulatorio excesivamente restrictivo y con un alto componente estatista, sin ofrecer soluciones efectivas a los problemas de ilegalidad y formalización existentes.
El proyecto de ley pone en riesgo la estabilidad económica y la inversión en el sector, al imponer un marco regulatorio excesivamente restrictivo y con un alto componente estatista, sin ofrecer soluciones efectivas a los problemas de ilegalidad y formalización existentes.
Estas políticas de marchitamiento del sector minero legal lo que han hecho por supuesto es incentivar la ilegalidad, la Contraloría General de la República reporta que el 74 % del oro extraído en Colombia corresponde a minería ilegal, situación que de conformidad con la Asociación Colombiana de Minería (ACM) se atribuye a un “paquete regulatorio profundo” con leyes, impuestos y decretos que restringen la actividad formal y reducen la inversión, generan financiamiento para estructuras criminales y contribuyen a hechos de violencia.
Según la misma Asociación, la caída de la inversión extranjera directa en el sector fue de 60 % en 2024 y casi 31 % en el primer trimestre de este año, lo que genera efectos en la producción y en la economía regional. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en un informe del 13 de diciembre de 2024, reveló que en los últimos diez años se ha reportado la presencia de minería ilegal en 29 de los 32 departamentos del país, afectando especialmente a Antioquia, Bolívar, Chocó, Santander, Caldas, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá, Amazonas, Putumayo y Guainía. De hecho, más del 50 % de los municipios colombianos han sufrido los estragos de esta actividad.
Detalló además el ente de control que la extracción ilícita de minerales se ha consolidado como uno de los principales conflictos en Colombia, provocando, además, desplazamientos forzados, violencia, explotación laboral y el aumento de riesgos para la salud de quienes se dedican a la minería y de las comunidades ribereñas, especialmente las más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.
Así mismo, puntualizó que, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la minería de oro de aluvión afecta a más de 94.000 hectáreas, siendo la explotación ilícita responsable del 73 % de esta actividad, lo que agrava la contaminación por mercurio y la deforestación.
Como colofón de las situaciones anteriormente citadas, el sector minero nacional, los inversionistas internacionales, e incluso gobiernos extranjeros con quienes tenemos tratados de libre comercio, están pendientes y a la expectativa de la decisión de la Agencia Nacional de Minería sobre la última prórroga minera, que deberá ser tomada en el mes de diciembre del presente año, del más grande proyecto de cobre del país en el municipio de Jericó, Antioquia.
Este fue declarado en su momento por el Estado colombiano como proyecto PIN (Proyecto de Interés Nacional), por ser esencial para el sostenimiento financiero del país y sobre el cual llamo la atención a los entes de control para que pongan sus ojos para evitar más desafueros y arbitrariedades con el sector, así como proteger los contratos legalmente celebrados por el Estado colombiano y blindarnos a posibles demandas multimillonarias.
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Dicha decisión podría considerarse un punto de inflexión para saber si todavía queda algo de un Estado de derecho que respeta la inversión extranjera, o simplemente pasamos a ser una dictadura formal, donde nuestro presidente autócrata decide, por encima de cualquier consideración técnica, el futuro económico del país.
CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO
Expresidente de Colombia
Para EL TIEMPO
