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A propósito de los tres años de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, EL TIEMPO publica unos fragmentos del libro ‘Los golpes del cambio’, del expresidente del Congreso Ernesto Macías Tovar.
Presentación
La motivación para publicar Los golpes del cambio trasciende el ejercicio de escritura; es un esfuerzo por registrar para la historia una etapa crítica en la vida política de Colombia. Este libro, más que una crónica periodística, es un análisis documentado de dos años y medio de turbulencia que marcaron más de la mitad del período presidencial de Gustavo Petro, una etapa definida por su controversial agenda de “cambio”. Este registro, elaborado con rigor crítico y el máximo esfuerzo por mantener objetividad, busca evitar que los hechos, por su complejidad, velocidad y transcendencia negativa, se diluyan con el tiempo si no son plasmados con precisión.
Portada Los golpes del cambio de Ernesto Macías Foto:Planeta
En sus páginas se concentran 101 hechos que contrastan con el cambio prometido. Este compendio aborda los episodios más significativos de un gobierno que, para sorpresa de muchos, transformó profundamente el país, pero no hacia el progreso esperado, sino por el sendero de la descomposición de logros construidos con esfuerzo a lo largo de un siglo. Como colombiano, hubiese deseado narrar únicamente memorias positivas de este periodo; sin embargo, mi formación como comunicador social y mi compromiso ciudadano me impulsaron a registrar estos hechos con fidelidad a la verdad, aun cuando retrataran un panorama desalentador. Este trabajo no pretende ser exhaustivo, pero sí ofrece un reflejo fiel y crítico del impacto de esta administración.
Es inevitable establecer un contraste con uno de mis libros previos, Resiliencia (2021), donde se documentaron los logros de la administración de Iván Duque Márquez. A pesar de enfrentar adversidades como la pandemia del COVID-19 y un paro nacional organizado por sectores de extrema izquierda que dejó cicatrices profundas en el país, aquel gobierno logró mantener el rumbo institucional y entregar a Colombia con las mejores tendencias en su desarrollo. Por el contrario, en Los golpes del cambio, los lectores encontrarán un relato doloroso pero necesario, que coincide con la realidad publicada en los medios desde la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.
El presidente Gustavo Petro en alocución. Foto:Presidencia
Algunos lectores podrán señalar que faltan temas o que algunos no se abordan con suficiente profundidad, y tendrán razón. La magnitud de los acontecimientos haría necesario un conjunto de volúmenes para abarcarlo todo, especialmente si se sumaran análisis detallados. Este libro es un primer paso, una invitación a continuar el debate y a profundizar en el análisis de este periodo que marcará un antes glorioso y un después triste en la historia de Colombia.
El título, Los golpes del cambio, refleja una dualidad: por un lado, la insistente narrativa de Petro sobre un supuesto “golpe blando” y hasta un “golpe de Estado” en su contra, una estrategia para victimizarse frente a la creciente impopularidad de su gobierno. Por otro lado, alude a los golpes reales que el país recibió bajo su administración, donde el tan prometido “cambio” resultó ser, según las evidencias, un retroceso.
Gustavo Petro, un político que durante décadas aspiró a conducir el país desde la Casa de Nariño, alcanzó su sueño en 2022; sin embargo, su gestión quedó marcada por contradicciones, enfrentamientos constantes y una incapacidad evidente para cumplir sus promesas. Lejos de liderar con los mínimos niveles de unidad, Petro centró su discurso en la confrontación, utilizando las redes sociales y los escenarios públicos para polarizar y distraer a la nación con mensajes confusos y propuestas inviables. Ejemplo de ello es su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023, donde, en lugar de hablar de los problemas de Colombia, divagó sobre la migración, el cambio climático y conceptos como el de “esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo”, un término que generó más desconcierto que claridad.
Este libro también documenta los numerosos escándalos de corrupción que han salpicado a su administración, desde las polémicas sobre la financiación de su campaña hasta el desvío de recursos en entidades gubernamentales bajo su mando. Estos hechos han sido tan graves que el propio Petro admitió que la corrupción había permeado su gobierno. Asimismo, se incluye un análisis del panorama político de cara a las elecciones de 2026, marcado por una incertidumbre generalizada y una fragmentación sin precedentes.
Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto:Presidencia
En cada uno de los ciento un resúmenes que componen este libro, se perciben los efectos de una estrategia que ha mantenido a Colombia en un estado de agitación constante, con titulares diarios que desvían la atención de los problemas reales. Más allá de las palabras y las promesas, lo que queda al cierre de este corto periodo es un país fracturado, un futuro incierto y la esperanza de que, en agosto de 2026, se recupere con una gobernabilidad responsable y seria.
Con Los golpes del cambio, no solo invito a reflexionar sobre los errores y pocos aciertos de este periodo gubernamental, sino también a construir desde las lecciones aprendidas un camino que garantice estabilidad y desarrollo para las futuras generaciones.
Corrieron la “línea ética”
Manteniéndose fiel a la retórica tradicional de la izquierda y con el propósito de reducir tensiones preelectorales, Gustavo Petro recorrió Colombia como candidato, representando a la coalición que creó e hizo conocer como Pacto Histórico. Su campaña se centraba en cinco pilares fundamentales que prometían una transformación profunda del país o un “cambio” como la identificó.
Petro abogaba por una reforma del modelo económico que impulsara la producción agropecuaria, apoyada en una reforma agraria que buscaba atacar la desigualdad en la distribución y el uso de la tierra, asegurando el derecho de las familias rurales a la misma. Proponía, además, una apuesta decidida por el cuidado del territorio y una transición energética, enfocada en la protección de los ecosistemas y los recursos naturales, colocando el agua como eje central del ordenamiento territorial. Su propuesta incluía una transición hacia energías renovables, desplazando la dependencia del país del petróleo y el carbón.
Otro pilar crucial giraba en torno a la igualdad de género. Petro se comprometía a incrementar la participación de las mujeres en la política, asegurando que ocuparan el 50 % de los cargos públicos en todos los niveles y ramas del poder. Prometió también la creación de un Ministerio de la Igualdad, encargado de coordinar las políticas relacionadas con los derechos de género y la equidad; además, anunció que sería “el ministerio de Francia Márquez”, su fórmula a la Vicepresidencia.
Gustavo Petro en su posesiòn Foto:Presidencia
Asimismo, propuso una transformación en las fuerzas de seguridad del país, incluyendo la disolución del Esmad y la eliminación del servicio militar obligatorio. Como quinto eje, prometió una reforma tributaria diseñada para aumentar los impuestos a “los 4.000 más ricos del país”.
A lo largo de su campaña, Petro insistió en la necesidad de un “cambio” no solo estructural, sino también en las costumbres políticas, comprometiéndose a erradicar la corrupción. No obstante, en la etapa final de la contienda electoral, los cimientos de esta promesa comenzaron a tambalear. “La línea ética se va a correr un poco”, fueron las polémicas palabras de Sebastián Guanumen, su principal asesor y estratega. Desde ese momento, la dirección de la campaña cambió, lamentablemente para mal del país, augurando un futuro sombrío para el gobierno por venir.
Lucharé contra la corrupción”
Es difícil encontrar un discurso de campaña en el que no se prometa erradicar la corrupción, aunque, lamentablemente, esa intención suele acabar archivada entre las promesas incumplidas. La famosa frase del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien aseguró que reduciría “la corrupción a sus justas proporciones”, sigue resonando en la memoria colectiva. Aunque algunos la recibieron con humor y otros con burla, es posible que haya sido una de las expresiones más sinceras de la política colombiana.
Porque, después de medio siglo, queda claro que erradicar la corrupción por completo es casi imposible. Aunque no es apropiado medir la corrupción en términos de pequeña, mediana o grande, ya que en todas sus formas y tamaños es igualmente detestable y corrosiva para cualquier sociedad y democracia, cuando este flagelo alcanza proporciones históricas, se convierte en una mancha indeleble en la gestión de un gobierno. La corrupción, en esencia, es una forma de delincuencia, y Colombia ha sido víctima de ella en todos los niveles imaginables.
Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia el 7 de agosto de 2022, pronunció ante el poder legislativo y el pueblo colombiano: “En este primer discurso como presidente de Colombia, quiero compartir mi decálogo de gobierno y mis compromisos. Tengo diez compromisos”. En el séptimo de estos, proclamó: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de ‘cero tolerancia’. Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. Ni familia, ni amigos, ni compañeros, ni colaboradores… nadie queda excluido del peso de la ley”.
Petro se refería claramente a los actos deshonestos cometidos por servidores públicos, independientemente de su posición jerárquica o cercanía personal con el poder. Aunque estas prácticas corruptas han estado presentes en el Estado colombiano durante décadas, Petro se jactaba de haber denunciado la corrupción durante su larga carrera en el Congreso de la República. En sus discursos, siempre resaltaba que la lucha contra la corrupción había sido una de sus principales banderas, exigiendo transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Sin embargo, tras su llegada al poder, muchos de sus colaboradores parecieron no haber escuchado esas proclamas y el mismo Petro pareciera permisivo con la situación. A pesar de las promesas de “cambio”, la corrupción se ha convertido en uno de los elementos más oscuros de su administración, alcanzando proporciones que superan lo imaginable en los primeros años de su mandato.
Debilitamiento de la Fuerza Pública
En su discurso de posesión, Gustavo Petro dedicó casi la mitad del texto leído a sus intenciones de paz, proclamando que, el suyo, sería el “Gobierno de la vida y de la paz”. Además, durante dos años largos en el poder, repite frecuentemente una frase que quiso imponer como sello de su gobierno: “Colombia, potencia mundial de la vida”, inclusive, así bautizó su Plan de Desarrollo.
Sin embargo, comenzó con el pie izquierdo. Tal vez, llevado por su ego y ante la increíble realidad nunca esperada de haberse convertido en “comandante en jefe de las fuerzas armadas”, una de sus primeras decisiones fue realizar la barrida de generales más grande de la historia de Colombia; de entrada —el 26 de agosto de 2022—, haciendo uso y, según sus críticos, abuso de su facultad discrecional, sacó del servicio a 24 generales de la Policía, 20 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea y 6 de la Armada. En la Policía solo quedó un Mayor General (Henry Armando Sanabria), a quien nombró director de la Institución.
En estos dos años en el poder, Petro ha retirado cerca de 70 generales y almirantes de la República. A la Policía la dejó en uno de los momentos más débiles de su historia institucional, en materia de cuerpo orientador, porque le quedaron solamente 12 generales activos, incluyendo su cúpula. Aprovechando ese poder discrecional que la Constitución le otorga al ejecutivo para llamar a calificar servicios a los altos oficiales, Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, sacaron a los generales argumentando “temas de valoración internos”.
Por otra parte, el debilitamiento de la Fuerza Pública es tan grave que el gobierno de Petro suspendió el mantenimiento de las aeronaves tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía. En un debate de control político en el Congreso de la República, en mayo de 2024, el propio ministro Velásquez, reconoció que, en ese momento, “permanecen 223 aeronaves fuera de operación, porque están en trabajos de mantenimiento”. Agregó que, de las 731 aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Militares y de Policía, solo el 40 por ciento están operativas. Uno de cada cuatro helicópteros no está en operación y de los MI-17 del Ejército, solo ocho están disponibles.
El presidente Gustavo Petro Foto:Presidencia
En otro debate en el Congreso, la senadora Paloma Valencia denunció, exhibiendo fotografías, que, ante la ausencia de los helicópteros, los soldados de las fuerzas especiales del Ejército son entrenados colgándolos de los árboles; algo degradante para los uniformados. También denunciaron que dos de los pocos helicópteros que están disponibles, son ocupados en los desplazamientos a su casa y asuntos personales de la vicepresidenta Francia Márquez.
Una de las mayores afectaciones que han contribuido al debilitamiento de la Fuerza Pública, además de la falta de equipos y herramientas, es la desmotivación de sus integrantes, especialmente por el empoderamiento que el gobierno les ha dado a los grupos criminales, lo cual ha traído como consecuencia el asesinato de uniformados en el territorio nacional; 164 miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados por los mismos grupos con los que el gobierno sostiene negociaciones de paz. A raíz de la desprotección que se percibe y la desventaja frente a los criminales, solamente en los dos últimos meses del segundo año de mandato de Petro, 70 oficiales de la Policía solicitaron voluntariamente la baja, y aunque en la mayoría de las resoluciones de retiro se argumenta motivos personales, al interior confiesan que tiene que ver con la desmotivación, la desprotección y el descontento general con la cadena de mando.
Por otra parte, en el Ejército son innumerables los casos en que los comandantes de brigada o batallón no son autorizados para realizar operaciones contra los delincuentes, bajo la disculpa de que el gobierno se encuentra en diálogos o conversaciones con dichos grupos y “la orden del señor ministro, es evitar enfrentamientos”.
Contrario a sus antecesores que, por lo general, mantenían unos meses a los comandantes de las fuerzas para que se realizara un empalme real, Petro decidió en el día seis de haberse posesionado, el cambio de la Cúpula de la Fuerza Pública, porque, según lo anunció, su intervención en los cuadros de mando de aquellas instituciones, trasciende a los nombramientos debido a que quiere una tropa que sirva para el desarrollo económico, creando nuevas capacidades industriales y comerciales; también planteó fortalecer sus labores humanitarias y de salud; y notificó un cambio en el formato de los consejos de seguridad para que, más allá de la información operacional, se presenten datos sociales de las comunidades tales como, si un pueblo tiene, o no, agua.
“El éxito no está en el número de muertos, sino que estribe en que disminuyan sustancialmente los muertos y las masacres y aumenten los derechos y las libertades de las personas”, dijo Petro en uno de sus discursos a los uniformados. Así debilitó desde un comienzo el verdadero papel de las fuerzas para combatir a los delincuentes.
A pesar del bajo número de generales en la Fuerza Pública, mediante el llamamiento a calificar servicios, facultad discrecional del presidente de la República, otra forma de forzar la baja de altos oficiales es a través del llamado o no para el ascenso al siguiente grado. Así han salido otros 18 generales durante los dos años largos de mandato de Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro en Caloto, Cauca. Foto:Presidencia
Por ejemplo, el 28 de octubre de 2024, salieron de la línea de mando en el Ejército Nacional, seis brigadieres generales más que estaban listos para acceder al grado de mayor general y que superaban los 35 años de servicio a la Patria. Se trata de los generales: Óscar Leonel Murillo Díaz, quien se venía desempeñando como comandante de la Séptima División del Ejército; Miller Vladimir Nosa Rojas, comandante de la Sexta División; David Leonardo Gómez y Néstor Enrique Caro Gutiérrez, quienes tenían a cargo de la División de Asalto Aéreo; y el general Giovany Valencia Hurtado.
La salida del general Murillo Díaz estuvo rodeada de un escándalo inusual en la Fuerza Pública, a raíz de que se denunció que el grupo terrorista ELN, en la mesa de diálogo con el gobierno, habría solicitado su retiro, lo cual fue rechazado por varios sectores políticos y sociales, además de la Reserva Activa especialmente de los militares. Como coincidencia con las versión sobre presiones del ELN, los medios de comunicación conocieron un documento del 17 de noviembre de 2023, mediante el cual, el general Murillo interpuso denuncia en la Fiscalía en contra de Hernán Darío Chica Uribe, alias “Santiago”, porque dicho delincuente acusó al oficial de supuestas alianzas con otros grupos criminales para atacar a su grupo armado ilegal.
Un hecho sin precedente en Colombia y que causó consternación en el territorio nacional, en medio de la más grave crisis de violencia de las últimas tres décadas, fue la decisión del ministro de Defensa, Iván Velásquez, de desarticular las fuerzas especiales del Ejército. A través de una resolución expedida el 1 de noviembre de 2024, el gobierno desactivó los cinco comandos conjuntos que operaban en el país; suprimió las fuerzas de tareas conjuntas (FTC), Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón; y, así mismo, suprimió los comandos específicos del Caguán, del Oriente y del Cauca.
Las críticas a esta decisión vinieron de todos los sectores políticos, por considerar que se debilita aún más a la Fuerza Pública, en beneficio los grupos criminales que durante el mandato de Petro se han fortalecido sin ningún control del Estado.
Cambios en el gabinete
Solo hasta agosto de 2024, es decir en dos años de mandato, Gustavo Petro había nombrado 44 ministros, 83 viceministros y 12 directores de departamentos administrativos. Si comparamos con el gobierno inmediatamente anterior del expresidente Iván Duque, el cual tuvo 21 ministros en cuatro años, la cifra de Petro no solamente representa un verdadero récord, sino que deja mucho para hablar sobre una administración inestable en sus equipos directivos.
Ante esta situación nada común, Petro fue indagado por los periodistas a quienes les respondió: “los cambios en el gabinete se deben principalmente a que estamos en la mitad del gobierno y es necesario hacer una evaluación”. Sin embargo, la rotación exagerada de ministros y de altos funcionarios ha sido una constante desde comienzos de su gobierno. Casos como el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), tal vez el más importante de la Casa de Nariño, por el cual pasaron tres directores en el lapso de un año, muestra el problema.
Algunos cambios se han entendido como las decisiones presidenciales que reflejan inexperiencia o improvisación en su equipo, otros porque no han logrado alinearse con las directrices o caprichos del propio Petro. Iniciando el gobierno, en febrero de 2023, Petro removió de sus cargos a tres ministros: Alejandro Gaviria de Educación, por diferencias con él en temas como la reforma a la salud; a Patricia Ariza de Cultura, y María Isabel Urrutia de Deporte, por otro tipo de problemas, como el caso de la contratación irregular por parte de Urrutia. Dos meses después, sacó de sus cargos a figuras clave para él, como José Antonio Ocampo del ministerio de Hacienda; Cecilia López, de Agricultura; Alfonso Prada, del Interior; Carolina Corcho, de Salud; Arturo Luna, de Ciencia, Tecnología e Innovación; Sandra Urrutia, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; y Guillermo Reyes, de Transporte.
Posteriormente, a raíz del sonado caso de los pasaportes tuvo que cambiar al canciller Álvaro Leyva Durán, quien fue suspendido por la Procuraduría. Así mismo, siguiendo con la relación de su primer gabinete, se retiró por renuncia Néstor Osuna del ministerio de Justicia; la controvertida Irene Vélez, salió del ministerio de Minas y Energía, por varios escándalos como haber presentado informes técnicos con cifras falsas sobre las reservas de gas y petróleo en el país, y por un contrato de su esposo con el mismo gobierno.
Presidente Gustavo Petro. Foto:EFE
Otro que tampoco resistió las incoherencias de su jefe y renunció fue el ministro de Comercio, Germán Umaña. Igualmente, salió del primer gabinete, Catalina Velasco como ministra de Vivienda, por la baja ejecución presupuestal, la caída en la compra de vivienda. y profundas diferencias con Camacol.
Ante los constantes cambios en el gabinete ministerial, después dos años largos de gobierno, se han mantenido desde el comienzo del mismo, solamente tres ministros: Susana Muhamad, en el de Medio Ambiente; Gloria Inés Ramírez, del Trabajo, e Iván Velásquez, en Defensa.
Elecciones en riesgo
El ministro del Interior de Gustavo Petro respondió las críticas al acuerdo nacional que promueve y que, según él, estaba en el escritorio del presidente Gustavo Petro para su aprobación, el día en que dio una declaración contra sus críticos; pero, aprovechó la oportunidad para hacer una delicada revelación: “No podemos seguir con esa escalada verbal de cara a unas elecciones del 2026 que, además, están amenazadas por los grupos violentos. Lo estamos viendo. Por eso, parte del acuerdo Nacional que estoy proponiendo es rechazar la mezcla de la violencia con las elecciones, la posible interferencia armada en las elecciones del 2026”, señaló Cristo.
Si el Ministro del Interior, encargado de la política en el gobierno y las relaciones con el Congreso de la República, afirma que las elecciones “están amenazadas”, es de la mayor gravedad, teniendo en cuenta que el funcionario se refiere a que los grupos alzados en armas que pondrían en jaque las elecciones son los mismos que están sentados en diálogos de paz con el mismo gobierno. Sin embargo, ante las diferentes voces de analistas que advierten el riesgo de suspender elecciones en zonas agobiadas por la violencia, Cristo afirmó: “…es inaceptable para la democracia pensar en suspender elecciones en zonas con altos índices de violencia”.
Pero, en lo que podría representar otra amenaza para las elecciones, ocurrió en septiembre de 2024, cuando se discutía el presupuesto general de la nación para 2025, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, denunció que, en la última ponencia del presupuesto, de 3,2 billones de pesos que estaban planteados para la Registraduría, le quitaron 2,5 billones, lo cual ponía en alto riesgo la organización de las elecciones de 2026.
“Es un golpe muy duro a la independencia de la Registraduría. El recorte del 77 % es un exabrupto inaceptable y un golpe a la democracia”, afirmó la senadora Lozano, porque los procesos de contratación para garantizar logística de los certámenes electorales, tecnología y material electoral deben comenzar un año antes, es decir, en marzo de 2025.
No obstante, el Ministerio de Hacienda trató de aclarar la situación argumentando que es esto ocurría normalmente en el proyecto de Presupuesto, con el fin de manejar los recursos de esta entidad.
“Todos los años el recurso de elecciones de la Registraduría, se programan como distribuciones desde Hacienda, así se hace siempre”, explicó el ministerio en una declaración.
Sin embargo, en vista de que las comisiones económicas del Congreso hundieron el presupuesto, porque negó el monto de 523 billones de pesos contemplados en el proyecto que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2025, el gobierno tuvo que expedirlo por decreto, y las normas pertinentes ordenan repetir el proyecto presentado inicialmente, lo cual garantiza que los recursos de la Registraduría quedaron a salvo.
El 9 de octubre de 2024, en una entrevista concedida a la red nacional de medios comunitarios, Gustavo Petro dejó pronunció una frase, como muchas suyas, que dio para muchas interpretaciones, a propósito de la apertura de la investigación y formulación de cargos a su campaña por parte del Consejo Nacional Electoral, por presunta violación de topes, dijo el mandatario: “si van a tumbarnos del Gobierno, vamos por el poder”.
El presidente Gustavo Petro respondió a los reparos sobre la creación de la zona binacional. Foto:Presidencia
Y, a renglón seguido, anunció: “Yo pienso que el pueblo debe reunirse en cabildos, en las plazas públicas, en municipios cerrados, para discutir y articularnos una asamblea nacional popular que se creó hace un mes más o menos, que coordina las principales organizaciones populares de Colombia, esa asamblea dirigirá la movilización nacional”.
Y agregó a título de estrategia: “No la vamos a desgastar desde el principio, esto va a durar unos meses todavía, sino que nos vamos a preparar. Preparar es juntarnos, unirnos a escala municipal, departamental, nacional e internacional, y la asamblea nacional popular propondrá la fecha de movilización. En mi opinión, esta vez la movilización no es como las demás, no se trata de llenar una plaza -ya hemos llenado muchas- e irnos para la casa. Esto debe tener una característica diferente y es la asamblea nacional popular la que definirá los pasos a seguir”. En otras palabras, reiteraba el mensaje que en un principio era subliminal, pero que poco a poco iba endureciendo, dejando la consigna de quedarse en el poder por las vías de hecho.
Pero, más adelante, apareció una nueva amenaza para las elecciones de 2026. Se descubrió el 10 de noviembre de 2024, cuando se conoció un cruce de mensajes en las redes sociales, a raíz de la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra de varios funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntas irregularidades en la contratación.
“El golpe duro que se está gestando contra la Registraduría pone en riesgo nuestra democracia y las elecciones del 2026”, afirmó la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, asegurando que este tipo de intervenciones, apoyadas de pleno por Gustavo Petro, afectan gravemente la democracia.
De inmediato, la superintendente Cielo Rusinque Urrego, conocida por su beligerancia extrema, respondió, a su estilo: “He sido tratada de leguleya por quienes desprecian la ley; también de dictadora, por quienes creen que la libertad significa impunidad; hasta de jefe de una Gestapo criolla por quienes ignoran y banalizan la historia. Incluso presentadores de circos imaginarios han querido darnos clases de derecho. Quizás la visitas que más temen no son las administrativas, sino las de la verdad”.
Acto seguido, en la cuenta de X de la SIC, publicaron un trino que dice: “La SIC imputa cargos a nueve funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por presuntamente desatender requerimientos durante visita administrativa”.
El exfiscal Francisco Barbosa, intervino en el asunto y publicó, por el mismo medio, el siguiente mensaje: “Como Fiscal General de la Nación, viví en carne propia el ensañamiento del gobierno de @ petrogustavo contra la Fiscalía General porque no nos plegamos a sus caprichos. Por eso me solidarizo con el Registrador Nacional, @HernanPenagos, por este ataque del gobierno contra la democracia de Colombia. Tanto hablar del golpe blando, para que sea @petrogustavo y du gobierno quien termine dando ropaje jurídico a un intento de golpe a uno de los engranajes del sistema electoral. No dejaremos solo al Registrador. Hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 1991 defienda la objetividad del resultado electoral de 2026”.
Ahora, durante casi todo el mandato de Gustavo Petro han rondado las especulaciones sobre sus intenciones de mantenerse en el poder como de una eventual suspensión de las elecciones presidenciales, todas surgidas por los mensajes y discursos del mismo mandatario, que tanto analistas políticos como connotados constitucionalistas se han ocupado del asunto cada vez con mayor frecuencia.
El ilustre catedrático y constitucionalista, Juan Manuel Charry Urueña, uno de los más consultados en Colombia, escribió una columna para la revista Semana, titulada: ¿Se pueden suspender las elecciones presidenciales?, a través de la cual desvirtúa académicamente la posibilidad institucional de unas supuestas atribuciones del gobierno para suspender las elecciones. Dijo sobre el tema: “La Constitución no prevé que las elecciones presidenciales y de Congreso no se realicen en las fechas previstas, ni faculta a ninguna autoridad pública para su suspensión. Los periodos establecidos para cargos de elección tienen carácter de institucionales, esto es, sus reemplazos lo harán por el resto del período”.
Y después de hacer una análisis juicioso y muy jurídico sobre las especulaciones políticas que insinúan un eventual aprovechamiento de Petro de sus negociaciones con grupos criminales, para suspender las elecciones, Charry, concluye lo siguiente: “En síntesis, el Gobierno nacional no tiene atribuciones para suspender las elecciones de su sucesor ni del Congreso, como consecuencia de sus decisiones como las políticas de negociación con grupos criminales, en beneficio de extender su propio periodo y propiciando una ruptura del orden constitucional”.
Un desastre al desnudo
El martes 4 de febrero de 2025, cuando este libro ya había sido cerrado y considerado terminado, la realidad nos obligó a añadir un episodio ineludible. Ese día ocurrió un hecho sin precedentes en la historia institucional de Colombia: Gustavo Petro tomó la insólita decisión de transmitir en vivo, a través de todos los canales de televisión nacional, un consejo de ministros convocado de manera repentina para esa misma jornada.
Más allá de la mera sorpresa que causó la emisión en directo de una reunión gubernamental —un acto expresamente prohibido por la ley—, lo que sucedió frente a los ojos de la Nación no fue solo un desacato normativo, sino la escenificación descarnada del desorden, la improvisación y la ineptitud de su administración. El pretexto de Petro para este despliegue mediático era que cada ministro y director de entidad rindiera cuentas ante el pueblo sobre su gestión, obligándolos, además, a “dar la cara por la escasa ejecución y el incumplimiento de las promesas de campaña y del plan de desarrollo”. En palabras del propio presidente, de las 196 metas establecidas por su gobierno, 140 seguían sin cumplirse después de 30 meses. Un reconocimiento explícito del desastre administrativo que atravesaba su mandato.
Sin embargo, el espectáculo no se desarrolló como Petro había previsto. Primero, porque lo que debía ser un Consejo de Ministros se convirtió en una grotesca puesta en escena, una parodia de la institucionalidad donde reinaron la desorganización, la vulgaridad y la absoluta falta de respeto del gobierno hacia la nación. Algunos lo denominaron un sainete, otros lo compararon con un circo, y no faltó quien lo bautizara como un espectáculo dantesco. Más que un acto de rendición de cuentas, fue la demostración en vivo y en directo de un gabinete caótico, carente de rigor y marcado por la grosería, la deslealtad y el antiliderazgo.
Durante seis largas horas de transmisión, el país atestiguó no solo la improvisación rampante del equipo ministerial, sino también las profundas grietas de poder y las disputas personales que desangran al gobierno. Lo que debía ser un espacio de deliberación y estrategia se transformó en un campo de batalla verbal donde los ataques, las recriminaciones y las traiciones florecieron sin disimulo.
Desde la Casa de Nariño se filtró que el “reality show” gubernamental había sido una idea del recién designado jefe de gabinete, Armando Benedetti. Su llegada, junto con la de la nueva canciller, Laura Sarabia, provocó la furia de varios ministros, quienes no dudaron en hacer públicas sus desavenencias. En una escena digna de la peor telenovela política, Gustavo Bolívar lanzó un incendiario “Laura miente”, mientras que Susana Muhamad dijo que se negaba tajantemente a compartir la mesa con Benedetti. Alexander López fue aún más directo: “No deben estar aquí Sarabia y Benedetti”. Como si el espectáculo no estuviera ya lo suficientemente cargado de tensión, el propio Petro añadió más leña al fuego con una frase demoledora: “Benedetti es loco”.
Pero no todo fueron insultos y acusaciones. También hubo espacio para las declaraciones de amor y odio en el seno del gabinete. En un arrebato teatral, Gustavo Bolívar proclamó con vehemencia: “Yo lo amo a usted”, dirigiéndose a Petro en medio de divagaciones de este sobre erotismo, sexo y hasta sancochos. Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez denunciaba públicamente los desplantes y el maltrato que recibía de Sarabia, exigiendo respeto: “Respéteme, yo soy la vicepresidenta”, le espetó ante las cámaras.
El desorden fue tal que, en un momento de frustración evidente, Petro exclamó: “¿Qué soberanía tenemos aquí, un país de pacotilla o un país digno?”. La respuesta era obvia: el espectáculo dejó en claro que lo que había en la mesa no era un equipo de Estado, sino un gabinete de pacotilla. Un reflejo nítido del desgobierno y la crisis institucional que azota a Colombia.
Entre tanto y mientras el gobierno se sumergía en su propio escándalo televisado, los verdaderos problemas del país seguían agravándose sin que nadie pareciera inmutarse. La crisis energética, con Colombia al borde del apagón; la salud pública en estado de colapso; la inflación galopante que asfixiaba a los ciudadanos; el desplome en la ejecución presupuestal, que apenas alcanzó el 83 % en 2024; y el escandaloso incremento del 35 % en las tarifas del gas debido a la importación, eran asuntos que parecían no figurar en la agenda de un gobierno más preocupado por dirimir sus pugnas internas que por ejercer el liderazgo para el que fue elegido. Ni siquiera la grave crisis de seguridad en el Catatumbo, que había llevado a Petro a decretar la conmoción interior, mereció mención alguna en el grotesco show ministerial.
Así, lo que comenzó como un intento de Petro por exhibir un supuesto ejercicio de transparencia, terminó por desnudar la esencia de su gobierno: la incompetencia, la desunión, el desastre y el caos, elevados a política de Estado. Un desastre en vivo y en directo. Posteriormente, se vino una cascada de renuncias de sus ministros, algunos que habían ingresado al gabinete para hacer campaña política, otros porque saltaron del barco al ver que se estaba hundiendo y, algunos, porque no soportaron las imposiciones absurdas de su jefe.
Cuando comencé a escribir Los golpes del cambio, nunca imaginé que, al momento de cerrarlo, ocurriría un hecho posterior a los aquí relatados, el cual merecería ser incorporado como una síntesis o epílogo de esta crónica sobre una triste etapa política de Colombia.
ERNESTO MACÍAS TOVAR
Expresidente del Congreso
