Las elecciones legislativas del 8 de marzo supusieron un duro golpe para el artículo 2 del acuerdo de paz de 2016, cuyo objetivo es aumentar la participación política de sectores históricamente excluidos, incluidos aquellos que depusieron las armas para hacer la transición a la vida democrática.
Por un lado, El Partido de los Comunessurgió de la firma del acuerdo con las extintas FARC, pierde su personalidad jurídica al no alcanzar el número mínimo de votos. Por otro lado, la Declaración Especial Provisional de Paz (Citrep)destinado a garantizar la representación directa de las víctimas del conflicto y de las comunidades rurales, Terminaron en manos de estructuras políticas tradicionales con poder en las regiones.
La política de las Comunes en estas elecciones –las primeras en las que compitieron en igualdad de condiciones con otras comunidades– estaba sellando una alianza con Fuerza Ciudadanael movimiento del exgobernador Carlos Caicedo, después de que la Convención de Historia cerró sus puertas, según miembros del partido. Sin embargo, su candidata más visible, la senadora Sandra Ramírez, obtuvo sólo 10.505 votos (0,05% del total). Con estas consecuencias, la comunidad surgida del acuerdo de paz perderá los diez escaños parlamentarios que tuvo garantizados durante dos períodos constitucionales.
Rodrigo Londoño y Pastor Alape en la sede de la ONU en Bogotá. Imagen:Red social (X).
Según Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como Pastor Alape, miembro de la antigua oficina de las FARC, el mal resultado electoral de las Comunes respondió a una combinación de factores estructurales y de interconexión. En primer lugar, Señaló limitaciones de seguridad en las áreas donde históricamente ha tenido su base social: la presencia de actores armados y amenazas directas contra el partido impidieron hacer campaña en áreas rurales.obligándolos a centrarse en las redes sociales y los espacios urbanos, con menor alcance entre los votantes naturales.
“No pudimos abarcar todo el territorio. Nuestra historia acumulada está en las zonas rurales y hoy no podemos atacarlas por los actores armados que aún operan en nuestros territorios. La mayoría de ellos han declarado públicamente que somos el objetivo de sus operaciones”, dijo a EL TIEMPO.
A esto se sumaron las dificultades económicas. Alape dijo que la comunidad carecía de financiación de otras fuerzas políticas, lo que limitó incluso las principales actividades de campaña. También señaló el estigma actual contra el acuerdo firmado, que -dijo- sigue afectando su apoyo electoral. Finalmente, mencionó un factor político: la competencia dentro del espectro de izquierda, donde el peso de fuerzas mayores terminó absorbiendo a una buena parte de los votantes potenciales.
Sandra Ramírez, Partido Comunes Imagen:X: @SandraRamírez
Otros sectores confirman que la limitada influencia jurídica de los Comunes durante estos ocho años en el parlamento también terminó jugando en su contra. “¿Qué nos pudo haber faltado? Más capacidad para mostrar lo que estábamos haciendo. Teníamos muchas limitaciones en la comunicación”, admitió Alape.
Pese al revés electoral de hace dos semanas, los firmantes aseguraron que continuarán en la acción política, con el ajuste de instituciones y dirigentes una vez formalizada la pérdida de personería jurídica.
“Somos un proyecto político y seguimos como movimiento, con una bandera central: el acuerdo de paz. Habrá proyectos de reestructuración, pero lo importante es cumplir nuestras promesas: verdad, reconciliación y construcción de paz”, dijo la senadora Sandra Ramírez.
Lugar ambiguo de paz
Karen Astrith Manrique, representante. Imagen:@KarenManriqueO
Los Escaños de la Paz, por su parte, Aparecen desdibujados por la influencia de la política tradicional. En Antioquia, por ejemplo, Javier Eduardo López, inscrito en la Asociación de Víctimas de Construcciones de Paz, fue elegido con el apoyo del liberal Julián Bedoya, el polémico director regional.
En el Catatumbo, la representante electa Tatiana Gaona Pinzón cuenta con el apoyo de la familia Pinzón y de su primo, el congresista conservador Ciro Rodríguez Pinzón, una leyenda política local y cercano a la casa de William Villamizar, actual gobernador de Norte de Santander, según el Instituto Paz y Reconciliación.
En Orinoquía, Alejandro Castillo, de Asoprocacao, quien ocupará la silla de la paz por las regiones sureñas de Meta y Guaviare, cuenta con el apoyo del exgobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacios (2020-2023), contra quien el Ministro de Justicia presentó reglamentos de juicio político y supuestas regulaciones. ejecución de un proyecto financiado con fondos del sistema general de tasas.
Representantes por la sede de la paz. Imagen:NETO.
“La prohibición de que los partidos con estatus legal apoyen a candidatos es hoy una broma de mal gusto en comparación con el apoyo organizativo y financiero que las ‘casas políticas’ bombean debajo de la mesa. Se trata de conseguir un escaño barato, un beneficio que pocos rechazan. Los escaños de la paz terminaron siendo el caballo de Troya para que los comunes sigan ganando a expensas de los nunca-nadie y de la columna de El Wilson”, afirmó Le Wilson. Olfato. “Ha sido parte de las deficiencias en la supervisión que se debió establecer. Pero ese es el juego de la democracia; Así el parlamento acabó aprobando el funcionamiento de estos escaños. Eso no significa que haya fracasado.Dijo Alape.
probablemente, El caso que más refleja los malos momentos de las sedes de la paz es el de la diputada de Arauca, Karen Manriquequien se encuentra bajo orden de alejamiento dictada por la Corte Suprema por el delito de cohecho indebido por su presunto rol en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Manrique está acusada de haber recibido contratos en Saravena a cambio de su voto positivo a los préstamos que fueron sometidos a consideración de la comisión interparlamentaria de crédito público. Su marido, que también habla mucho porque Manrique está hoy tras las rejas, reclamó su lealtad como representante reelegido.4
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Escritura política

