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La aparición de varios capos de las bandas delincuenciales de Medellín en la tarima de la Plaza La Alpujarra, junto al presidente Gustavo Petro, no solo reabrió el debate sobre el protagonismo que se les otorga a estos actores en los procesos de paz del actual gobierno en detrimento del lugar de las víctimas -como ya había ocurrido con Salvatore Mancuso en Montería en octubre del año pasado-, sino que también puso en el centro de la discusión los avances de la ‘paz urbana’ en la capital de Antioquia, Quibdó y Buenaventura, las tres ciudades escogidas por el Gobierno para implementar sus laboratorios de paz con estructuras delincuenciales.
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En su intento por abordar la criminalidad urbana dentro del marco de la ‘paz total’, el Gobierno puso en marcha estos tres espacios de conversación sociojurídicos, nombre con el que designa los diálogos con estructuras armadas sin connotación política. Estos escenarios se activaron en un periodo de tres meses en el año 2023, bajo la gestión de Danilo Rueda como alto comisionado para la Paz: el primero en Medellín, el 2 de junio; luego en Buenaventura, el 18 de julio; y finalmente en Quibdó, el 18 de agosto.
Dos años después, los avances en estos escenarios de negociación son poco visibles. Pese a los esfuerzos de los jefes negociadores designados por el Gobierno, las mesas no han logrado consolidarse, en gran parte por la ausencia de una ruta jurídica clara para el sometimiento de las estructuras criminales y de sus integrantes —a un año del fin del gobierno y con solo una legislatura por delante, la anunciada ley de sometimiento sigue sin ser radicada en el Congreso—.
El caso de Medellín
Este vacío adquiere mayor relevancia si se considera la magnitud del fenómeno. Según el informe Radiografía de los procesos de diálogo de paz en Colombia entre 2022 y 2025, elaborado por Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), solo las estructuras criminales que operan en Medellín agrupan entre 12.000 y 14.000 miembros. Sus líderes —en su mayoría herederos del temido Don Berna, quien renunció a su rol como gestor de paz este mes— ejercen control mediante violencia selectiva, extorsión sistemática y prácticas de sustitución estatal en los barrios populares.
Aunque ha sido objeto de críticas por permitir hasta cuatro salidas de prisión a los capos para asistir a eventos de la mesa, el proceso adelantado en Medellín -primero bajo el liderazgo de Jorge Iván Mejía, exsecretario de Gobierno, y luego de la senadora Isabel Zuleta- es el que muestra mayores avances, según el seguimiento realizado por Pares y Vivamos Humanos.
Nueve meses antes de la instalación del espacio de diálogo en la cárcel La Paz de Itagüí, sede de las conversaciones, las bandas que operan en la ciudad —casi todas cobijadas por ‘La Oficina’ y ‘Los Pachelly’— anunciaron una tregua. Aunque no tuvo mayor impacto sobre la mayoría de las dinámicas criminales, sí generó, según la investigación citada, una reducción en las violencias y hechos asociados a disputas entre organizaciones delincuenciales.
El presidente Petro durante el evento en La Alpujarra. Foto:Juan Diego Cano. Presidencia
Cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) muestran una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en Medellín. En 2022 se registraron 391 muertes violentas, 14 menos que en 2021. La reducción continuó en 2023, que cerró con 375 homicidios (16 casos menos). En 2024, primer año de la segunda alcaldía de Federico Gutiérrez, la cifra descendió aún más, con 319 homicidios: el número más bajo desde que se lleva registro en la ciudad. De estos, 82 estuvieron asociados a estructuras delincuenciales conocidas como ‘combos’.
En el caso de la extorsión, desde la mesa de diálogo se anunció un acuerdo piloto con las estructuras armadas para ponerle fin a este delito. La iniciativa se desarrolló inicialmente entre el 19 de diciembre de 2024 y el 19 de enero de 2025 en 25 barrios, y posteriormente se extendió a 45 barrios de Medellín, Bello e Itagüí, hasta el pasado 21 de junio. Según cifras de la Alcaldía de Medellín, las denuncias por extorsión pasaron de 942 casos en 2023 a 914 en 2024. Con corte a junio de 2025, se han registrado 602 casos. Analizando mes a mes, se observa una reducción sostenida desde marzo, cuando se reportaron 71 denuncias, frente a 47 en abril, 52 en mayo y 21 en junio.
Sin embargo, el Equipo de Observación y Sistematización de Acciones de Paz (Eosap) —creado precisamente para verificar el cumplimiento del acuerdo— señaló durante la presentación de su informe en enero que, si bien hubo una reducción de las denuncias por extorsión en el primer periodo analizado, esta ya respondía a una tendencia previa a la baja. Además, advirtieron que durante el monitoreo identificaron casos en los que, aunque no se registraron denuncias formales, sí se efectuaron pagos por extorsión debido al temor a represalias.
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“Hay una naturalización de estas dinámicas y desarraigar eso va a ser un proceso muy largo. Estamos en un proceso de reflexión de ese piloto, pensando en separar las tipologías de la extorsión para ver si avanzamos y nos concentramos en unas. Hay otras que definitivamente nos va a costar un proceso cultural de muchos años”, señaló la senadora Zuleta en diálogo con este diario sobre el piloto.
A este reto se suma la falta de articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. Aunque el comisionado Otty Patiño hizo intentos por acercar posturas con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la posición de ambos mandatarios frente a la ‘paz total’ ha sido clara y contundente.
“Lo primero que debería exigir el Gobierno Nacional a quienes están en esa mesa es que dejen de delinquir. Está clara la línea de conexión de quienes están en la cárcel de Itagüí con quienes tienen en la calle ejecutando los homicidios, el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores y muchas otras actividades criminales”, expresó el alcalde de Medellín en marzo de este año, tras la captura de alias Ñaño, señalado como cabecilla principal de la estructura ‘Robledo’.
La persistencia de estas estructuras también se explica por la solidez de sus fuentes de financiación. Actividades como el hurto, las retenciones ilegales y el cobro por servicios que deberían ser públicos les permiten generar rentas ilícitas que alimentan un sistema jerárquico de distribución de recursos, clave para su sostenibilidad y control territorial.
Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y principal vocero del Gobierno en el proceso. Foto:Prensa Isabel Zuleta
“Las economías ilegales que sostienen este sistema giran en torno al sicariato, pagadiarios o préstamos gota a gota, la canasta básica y la extorsión, fortaleciendo el control social y territorial de estas estructuras”, se lee en la radiografía de Pares y Vivamos Humanos.
La violencia no cesa en el puerto
El 2 de octubre de 2022, ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, las dos estructuras que luchan por el control del puerto y que cuentan entre sus filas con cerca de 1.700 integrantes, sellaron una tregua luego de jugar un partido de fútbol. Este encuentro deportivo fue el primer paso para preparar la instalación del espacio de conversación sociojurídico en el puerto del Pacífico. Sin embargo, la paz que se respiró durante ese encuentro deportivo contrasta con lo que ha sido la negociación durante estos dos años de la mesa.
Desde la instalación de la mesa hasta la actualidad, los avances en el proceso han sido escasos, al punto de que hoy no existe una agenda definida. El espacio también ha estado marcado por la inestabilidad en la propia delegación del Gobierno: el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo, primer coordinador del Gobierno en la mesa, fue removido en julio de 2024 tras varios choques con Patiño y luego de denunciar la falta de recursos para llevar a cabo su labor.
A esto se suma que la tregua, que había permitido cierta tranquilidad para la población del puerto, llegó a su fin en febrero, tras 18 meses de vigencia, luego del asesinato del hijo de alias ‘Robert’, jefe de ‘Los Chiquillos’, un brazo armado de ‘Los Espartanos’. Desde entonces, la violencia ha vuelto a escalar. Para marzo ya se registraban 50 homicidios y, al 24 de junio, la cifra había alcanzado los 76, muy cerca del total de 2023, que cerró con 86 asesinatos, según Medicina Legal. Esta última cifra representó, a su vez, una reducción frente a los 162 homicidios cometidos en el año 2022.
De igual forma, durante el periodo de tregua ocurrieron, además, varios eventos que, según el informe Política de Paz Total: entre luces y sombras, elaborado por investigadores de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) y la Fundación Conflict Responses (Core), permitieron a las bandas afianzar su control sobre los barrios en los que operan.
Al 24 de junio, van 76 asesinatos, muy cerca del total de 2023, que cerró con 86 homicidios. Foto:AFP
Los investigadores señalan que, pese a la reducción de las muertes violentas durante la tregua, no se registró una disminución en otras dinámicas criminales. Por el contrario, concluyen que las bandas consolidaron su control territorial mediante estrategias como la administración de justicia por mano propia y la extorsión sistemática a comerciantes.
Y es que, aunque los datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía (Siedco) indican que el puerto pasó de registrar 257 denuncias por extorsión en 2022 a 135 en 2024, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Buenaventura advierten que este delito persiste en las 12 comunas, incluso durante los periodos de tregua. Las víctimas van desde comerciantes y lancheros hasta viajeros por carretera. Y no son solo los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ quienes exigen pagos: también lo hacen estructuras como el frente ‘Jaime Martínez’ y otras disidencias de las Farc que operan en las veredas.
“Este proceso de diálogo es un enorme desafío que debe superar múltiples retos, incluidas la desconfianza ciudadana en el proceso, la persistencia de estos grupos en prácticas delictivas como las extorsiones, amenazas, narcotráfico, microtráfico y homicidios y control territorial”, señaló Diego Arias, analista de temas de conflicto y paz. “Hay otro desafío, no existe aún ese marco jurídico que haga posible el desarme de estos grupos y la desarticulación de toda su actividad ilegal”, agregó.
El hecho más reciente en el marco del espacio de conversación fue la declaración de Fabio Cardozo, coordinador del Gobierno en este proceso, quien reiteró que el compromiso con la paz en Buenaventura “es indeclinable” y que, pese a las recientes capturas de William Carvajal y Jimmy García —representantes de ‘Los Shottas’ en el diálogo con el Gobierno—, la mesa se mantiene activa.
El espacio de conversación en Buenavantura fue instalado en julio del 2023. Foto:Oficina del CONSEJERO Comisionado DE Paz
Vale recordar que la actual disputa entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ tiene su origen en la fragmentación de ‘La Local’, banda que surgió tras la desarticulación de ‘La Empresa’, una estructura narcoparamilitar que operó en Buenaventura durante la primera década de los 2000.
Quibdó sin avances
Uno de los procesos más rezagados, no solo dentro de la llamada ‘paz urbana’, sino en general de toda la política de ‘paz total’, es el de Quibdó. Actualmente, no existe una figura fuerte que encabece la delegación del Gobierno en el espacio de conversación sociojurídico, tras la sorpresiva salida de Brenda Rentería el pasado 14 de mayo, solo dos meses después de haber asumido.
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Como reseña el informe de Vivamos Humanos y Pares, los recientes cambios en el equipo negociador “han minado la confianza y han implicado altibajos frente a la continuidad de la hoja de ruta y la legitimidad del proceso”.
A esto se suma la ausencia de una tregua entre las estructuras armadas que operan en la ciudad —la más reciente estuvo vigente entre diciembre de 2024 y marzo de este año—, lo que ha dejado a los habitantes de la capital chocoana en medio de una situación crítica, marcada por disputas territoriales. Este escenario, más allá de ser evidente para la comunidad local, fue señalado en una alerta emitida a finales de mayo por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
En el municipio, cabe mencionar, hacen presencia ‘Los Mexicanos’, ‘Locos Yam’ y ‘RPS’, tres estructuras con las que, en agosto de 2023, se dio inicio al proceso de paz urbana. A estas se suman ‘Los Z’ y ‘Revolución Cabi’, que han pedido pista en el proceso, además de estructuras vinculadas al ‘clan del Golfo’, que también buscan controlar el municipio. Es justamente el avance de esa estructura uno de los retos del proceso, puesto que representa un problema de seguridad para cualquier intento de diálogo.
Otty Patiño, consejero comisionado de Paz. Foto:Juan Diego Cano. Presidencia
De igual forma, aunque desde mayo de 2023 se definió una hoja de ruta con acciones en temas como seguridad alimentaria, sustitución de economías ilícitas y participación de jóvenes en iniciativas de paz, hoy se sabe poco sobre el estado real de dichos compromisos.
El informe citado concluye que, durante 2025, los indicadores delictivos en Quibdó han seguido patrones similares a los de años anteriores. Según cifras del Siedco, recogidas por las organizaciones Vivamos Humanos y Pares, los homicidios aumentaron un 37 % entre 2023 y 2024, a pesar de una leve reducción en el último trimestre de 2024. Sin embargo, enero de 2025 cerró con 15 homicidios, la cifra más alta para ese mes en los últimos tres años.
“En este caso, el aumento podría deberse a la arremetida violenta del ‘Clan del Golfo’ y evidencia que las treguas con las estructuras no son suficientes y profundiza las preocupaciones sobre los riesgos de la presencia de este grupo armado en el municipio”, indican.
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Esta inestabilidad del proceso —que también se refleja en los casos de Medellín y Buenaventura— representa un desafío mayúsculo para la oficina del comisionado Patiño, justo cuando al Gobierno le queda apenas un año de gestión. Aunque la Ley 2272 (‘paz total’) abrió la puerta a la negociación con estructuras armadas, el principal obstáculo sigue siendo la ausencia de un marco jurídico claro para el sometimiento.
A esto se suma la falta de una hoja de ruta definida que permita avanzar con resultados verificables, ofrecer garantías reales a las víctimas y transformar de fondo las estructuras criminales que controlan los territorios. Sin estos elementos, la paz urbana corre el riesgo de quedarse, como ya ocurrió con otros procesos de negociación, en el discurso.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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