El Gabinete del Presidente Gustavo Petro ha presentado un total de 12 preguntas que giran en torno a la consulta popular, la cual está relacionada con el debate que tuvo lugar el 1 de mayo en el Senado. En una entrevista reciente con El Tió, el Representante del pacto histórico Alirio Uribe ofreció su opinión sobre las repercusiones de los acuerdos mencionados y el posible curso que podrá tomar este tema en la legislatura.
Cuando se adopta la consulta, el banco en la República del Empleo y el crecimiento informal en el país se activan nuevamente. ¿Podría esto realmente crear este impacto económico?
A mi juicio, la respuesta es negativa. Considero que lo que realmente se requiere es un llamado a la mejora de las condiciones laborales, lo que implica no solo el establecimiento de trabajos formales, sino también la garantía de un salario justo y la inclusión de servicios de salud y pensiones a través del Seguro Social. Este enfoque fortalece el sistema en su totalidad. Desde mi perspectiva, el fortalecimiento de la producción económica promueve la equidad de género, mejora las condiciones laborales y permite una distribución más justa de la riqueza generada, que es resultado directo del trabajo. Debemos enmarcar la reforma laboral dentro del contexto económico; esta mejora debería reflejarse en los ingresos de los empleados, como, por ejemplo, a través de la correcta compensación por el trabajo en días festivos. Al formalizar a trabajadores, desde madres de familia hasta aprendices del Sena y trabajadores del campo, se generarán más ingresos, potenciando así la capacidad de compra y estimulando la reactivación económica, que a su vez puede contribuir a la creación de un entorno de alto rendimiento laboral.
Instalación del Comité “SI” de consulta popular en soledad.
Foto:
Presidencia
Varias industrias aseguran que las preguntas que el gobierno ha planteado en la consulta popular han dejado fuera parte importante de la historia. ¿Qué opinas de esto?
No estoy de acuerdo. Como representante del departamento, puedo afirmar que hemos discutido y aceptado la reforma de la fuerza laboral en dos ocasiones dentro de la cámara. Es importante mencionar que el 90 por ciento de los artículos fueron objeto de correcciones a lo largo de esos debates. Las 12 preguntas ahora planteadas buscan abordar temas fundamentales sobre la estabilidad laboral, enfocándose en contratos de trabajo que deberían ser permanentes, ya sea en el ámbito público o privado, y luchar por la protección de los empleados. Adicionalmente, esto respeta la condición de los “contratos temporales”, que pueden generar presiones innecesarias, especialmente para las mujeres que enfrentan problemas como el acoso sexual y otros abusos. Debemos trabajar para formalizar más relaciones laborales; en los países industrializados, existe un porcentaje más alto de relaciones formales. Aquí, aún muchos trabajadores, incluidos los del hogar y las madres trabajadores, siguen en la informalidad.
Las industrias económicas han manifestado que la política fiscal vigente en el país no se alinea con la consulta debido a los altos costos asociados. ¿Cuenta el gobierno con los recursos necesarios para realizar la consulta y financiar lo que se propone?
Es importante considerar que todos los procesos democráticos tienen un costo asociado. Los costos electorales son significativos, especialmente en el contexto de elecciones para el Parlamento, los Consejos, Alcaldes, Gobernadores, entre otros. Organizar una consulta popular es un proceso que requiere un volumen mínimo de al menos 13.6 millones de votantes, lo cual implica gastos logísticos para llevar a cabo el evento electoral. En mi opinión, aunque la democracia tiene costos —incluidos los sistemas penitenciarios— estos deberían ser considerados como inversiones en la participación ciudadana.
Entonces, ¿crees que el financiamiento está garantizado?
El punto crucial es que el Tesoro debe destinar fondos para esto. La crisis fiscal es un fenómeno generado por el Parlamento. El año pasado marcó un hito, ya que por primera vez desde la constitución de 1991, no se aprobó la Ley de Presupuesto. Las reformas fiscales progresivas que fueron desmanteladas por el Tribunal Constitucional y la inestabilidad política han complicado aún más la situación. El gobierno necesitará no solo abordar los problemas políticos, sino también asegurar que los derechos estatales e institucionales funcionen de manera efectiva. Si se busca avanzar en la consulta, será necesario que se asignen los fondos adecuados.
En una conferencia de prensa, Armando Benedetti y Antonio Sanguino presentaron preguntas sobre la consulta.
Foto:
SERGIO ACERO / EL TIEMPO
Usted dice que la consulta es una inversión para la democracia. Si es así, ¿cree que está garantizado el financiamiento que necesita?
Algunas de las preguntas planteadas tienen costos implicativos. En particular, al considerar el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas —que representan alrededor de 1,600,000 compañías y son responsables del 90 por ciento del empleo en Colombia— se avizoran beneficios que podrían incentivarlas a crecer y generar nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, permítanme recordar que también hay una fuerte responsabilidad política involucrada, ya que la reforma de la fuerza laboral fue objeto de rechazo por parte de ocho parlamentarios del Senado, a pesar de que había sido aprobada con el apoyo de 187 legisladores. Este es un claro indicativo de que si las decisiones de la Séptima Comisión del Senado fueran más favorables, podría haber un cambio positivo en la disposición hacia la reforma y, por ende, hacia un panorama más favorable para las empresas.
Se ha argumentado que la consulta no es un mecanismo adecuado para discutir iniciativas públicas y que podría sustituir las decisiones del Parlamento. ¿Cuál es su opinión al respecto?
De hecho, he manifestado críticas hacia la falta de participación ciudadana en estos procesos. La Constitución y la ley nacional contemplan múltiples formas de participación como campañas legislativas y referendos, pero estos métodos tienen requisitos y umbrales de votación que son muy altos, lo que excluye a muchos problemas sociales importantes. Mi anhelo es facilitar procesos más accesibles para los ciudadanos. Tanto el gobierno como nosotros, los parlamentarios, operamos dentro de la legalidad vigente, sin mucha experiencia previa en consultas ciudadanas. Cabe recordar que la primera consulta referida a la lucha contra la corrupción fue respaldada por 81 senadores, pero no alcanzó el umbral requerido de votos. Esto señala la falta de antecedentes en este tipo de procedimientos.
Algunos miembros de su partido han indicado que la consulta es una táctica populista y onerosa, además de que podría influir en las elecciones de 2026. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Los métodos de participación popular retan la política en su esencia, ya que permiten que las personas tomen decisiones directas. Esto puede dar lugar a campañas a favor o en contra de las propuestas, las cuales no siempre corresponden a campañas partidistas, sino que pueden ser impulsadas por ciudadanos convencidos. Lo interesante es que cada pregunta es sometida a votación por separado, lo que permite a los ciudadanos votar a favor de algunas y en contra de otras, promoviendo así una participación más activa.
Ministros de trabajo, Antonio Sanguino, y de interior, Armando Benedetti.
Foto:
Sergio Acero Yate. Tiempo
¿Cómo evalúas el ambiente en el Senado respecto a la discusión sobre la consulta? ¿Hay posibilidades de que sea aprobada?
Considero que las preguntas formuladas son muy pertinentes, pero es vital admitir que obtener una votación positiva en el Senado es complejo. Si me preguntas sobre las circunstancias actuales, diría que no contamos con los 55 votos necesarios de los 108 disponibles. Hay muchos senadores que están en conflicto, sumado a la existencia de varios candidatos presidenciales que están cuestionando duramente al gobierno y sus políticas. Esta es una clara indicación de que cualquier propuesta del gobierno, independientemente de su mérito, probablemente será rechazada. Por lo tanto, no será fácil conseguir esos 55 votos que se necesitan en el Senado.
Puedes ver:
#Politiquando con Maria José Pizarro. Foto:
Mary Alejandra González Duarte
Político