“En los últimos cuatro años, 12 niños y niñas de Bojayá prefirieron suicidarse antes de ser reclutados por grupos armados en el Chocó. Con esta sentencia, una víctima de Bojayá describió cómo la esperanza que encontró en el acuerdo de paz está siendo socavada por la violencia en los territorios.”
Nueve años después de la firma del acuerdo, la paz está lejos de terminar. Cada semana recibimos noticias que nos hacen pensar que nos dirigimos a una espiral de violencia sin salida. Ni el fin del gobierno de Santos, ni Iván Duque ni Gustavo Petro pudieron frenar el crecimiento y expansión de la oposición, que es una de las amenazas más graves para la firma del acuerdo y su implementación.
En medio de la incertidumbre y el miedo, especialmente en las zonas más vulnerables donde la violencia ha ido en aumento, el acuerdo sigue siendo la mejor opción para contener y frenar esta espiral que ha ido aumentando en los últimos años.
Sin embargo, la implementación del acuerdo de paz no puede considerarse como un proyecto aislado de las cuestiones de seguridad. El acuerdo no es una isla, requiere condiciones materiales en el territorio para su implementación y comienza con que la autoridad pública restablezca urgentemente la integridad territorial. Pero seamos claros: la seguridad por sí sola es de corta duración. Lo que garantiza la sostenibilidad de estos esfuerzos es la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión que el conflicto agravó durante décadas en lugares como Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, entre otros.
Es obvio que sin cerrar las brechas y promover el desarrollo rural, estamos condenando a nuestros jóvenes a la vida que el crimen quiere que vivan. Sin oportunidades y participación, los estamos condenando a una vida sin futuro. Por este motivo, la implementación de la Convención sigue siendo la única hoja de ruta viable para erradicar la pobreza rural, promover la igualdad y ofrecer un futuro digno y con oportunidades. Una transformación geográfica que realmente abre una brecha entre un fusil o un suicidio.
La crisis de Bojayá y otros lugares donde se repite esta historia comienza a sentirse en las ciudades. Bogotá no se ha librado de los conflictos armados y sus consecuencias. Nuestra capital alberga a cerca de 380.000 víctimas del conflicto armado, que han decidido reconstruir aquí sus proyectos de vida. Además, 1.052 personas, entre escritores de paz y en proceso de reintegración, han decidido apostar por la legalidad en nuestra ciudad. Por esta razón, el compromiso de Bogotá con la implementación del acuerdo no es un pago, es una obligación y compromiso moral con el país.
Para las víctimas construimos la posibilidad de un país que no recicle la violencia y que las nuevas generaciones tengan un futuro diferente al dolor que vivieron sus padres y abuelos. La posibilidad de un buen futuro no puede esperar. Por ello, seguiremos avanzando en la implementación de acciones que contribuyan a garantizar su dignidad, su reconocimiento y promover su reparación universal.
Para quienes participan en el proceso de asimilación o integración, el acceso a las propias oportunidades de la ciudad no puede depender de los debates políticos del momento. Se trata de lograr que nosotros como alcaldes podamos ser un puente hacia la estabilidad económica social con especial enfoque en la inclusión económica y productiva y la prevención del estigma. Sólo así avanzaremos hacia la verdadera repetición.
Nueve años después, es fácil sentarse y esperar a que el acuerdo fracase. La paz no necesita una audiencia pasiva, necesita una voluntad inquebrantable. Una voluntad que se levanta cada día para trabajar por las víctimas, por los firmantes que han sufrido, pero sobre todo por los niños y niñas que necesitan tener una oportunidad de un buen futuro. La sostenibilidad de la paz requiere un compromiso real de los gobiernos locales y nacionales que no pongan excusas, no miren en el espejo retrovisor y no abandonen otras responsabilidades. Se requiere una voluntad que entienda que se trata de un compromiso de Estado, que reconozca lo logrado y a quienes lo han sostenido. Por eso Bogotá ha cumplido y seguirá cumpliendo cabalmente con el acuerdo.

