Por La niebla estratégica es una buena solución para interferir (economistas)
Los aranceles, la deportación, las anexiones territoriales, así como el control de recursos minerales y energéticos asociados a los combustibles fósiles, son manifestaciones que reflejan cómo los intereses económicos de élite se imponen. Fue evidente que la administración actual no actúa como un representante genuino de la gente, sino más bien como un portavoz de una élite que siempre busca maximizar su influencia a través de una estrategia global que se siente distanciada y desconectada de las realidades locales.
Para comprender adecuadamente los aranceles impuestos por Trump, es crucial examinar el intenso conflicto que existe entre las grandes corporaciones estadounidenses, las cuales están desesperadas por controlar materias primas minerales, fuentes de energía y rutas estratégicas. La proyección de poder estadounidense no podría sostenerse sin puntos estratégicos como Groenlandia, el Canal de Panamá, Ucrania y la República Democrática del Congo. Resulta alarmante que China controle aproximadamente el 60% de las reservas globales de minerales raros y el 85% de su procesamiento. Este hecho, en sí mismo, proporciona una visión clara sobre las dinámicas geoeconómicas actuales.
Es evidente que el objetivo de Estados Unidos no se limita a proporcionar asistencia militar a Ucrania, sino que busca maximizar los ingresos derivados de dicha ayuda. La única forma de retribución radica en la asignación de sus riquezas minerales, como el litio, titanio, grafito, oro, zinc, plomo, níquel y minerales raros. Además, Ucrania alberga algunos de los terrenos más fértiles de Europa y vastas reservas de carbón, que, aunque no son el objetivo inmediato de Washington, se convierten en un punto de contención para la Unión Europea en el contexto de un conflicto imperial por el control del territorio ucraniano.
El modelo propuesto es bastante sencillo: recursos se ofrecen a cambio de supervivencia política. Un patrón análogo ya se observaba en diversas partes de África, donde el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ofreció acceso a minerales estratégicos a Estados Unidos a cambio de un “Pacto de Seguridad Formal“, convirtiéndose en un sistema de trueque. Mientras esto ocurre, el grupo M23 promueve regiones ricas en minerales como oro, cobalto y tantalio al norte de Congo, creando ofertas irresistibles para empresas como Apple, HP o Intel que buscan maximizar sus recursos.
Una situación semejante se vive en Argentina, donde los recursos naturales son sacrificados para sostener un modelo de dependencia, ahora bajo la dirección de Javier Milei. La lógica se replica: los acuerdos bilaterales enmascaran una pérdida estructural de soberanía.
El acuerdo firmado el 30 de abril entre Estados Unidos y Ucrania, presentado como un pacto de renovación, es en esencia un instrumento corporativo con cláusulas que se extienden a lo largo de 20 años. A cambio de “beneficios mutuos y tarifas del autor”, Ucrania cede derechos sobre sus recursos naturales, mientras que las empresas estadounidenses garantizan ganancias en dólares, en un acuerdo donde la responsabilidad de Kiev aparece como una cortina de humo.
Aunque los medios de comunicación lo enmarcan como una alianza estratégica, el contenido del documento dista mucho de ser lo que se sugiere. Se formalizó como un Memorando de Comprensión, lo que elude la aprobación del parlamento ucraniano. Se establece una vía legal que evita cualquier debate interno.
En un artículo para Financial Times, la ministra de economía ucraniana, Julia Svydenko, afirmó: «Esté preparado para firmar todos los acuerdos o regresar a casa»». Esta especie de “diplomacia” del Departamento del Tesoro dejó en evidencia el estrecho margen que Ucrania poseía: piedra, papel o tijeras.
Los intereses en juego son claramente los recursos, la dominación territorial y la eliminación de competidores. De este modo, Estados Unidos logra varios objetivos simultáneamente:
– Obtener acceso a minerales raros (el segundo depósito más grande de Europa).
– Sustituir el combustible nuclear ruso con tecnología de Westinghouse.
– Impedir la participación de empresas chinas y aprovechar los depósitos clave de minerales raros.
– Asegurar contratos blindados que extienden hasta 2040.
A pesar de todo, no existen garantías explícitas de seguridad. Ucrania debe adherirse a los términos del acuerdo, independientemente de si se logra o no un pacto de paz con Rusia.
El núcleo de este acuerdo radica en la creación de un Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania, una colaboración entre la Corporación Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos y la Agencia para Apoyar Asociaciones Público-Privadas de Ucrania. El capital inicial estará dividido, con un aporte del 50% tanto de EE. UU. como de Ucrania y la UE, sumando $5,000 millones.
Contribuciones de Estados Unidos:
– $1,700 millones en asistencia para Ucrania (2024-2025).
– $800 millones a través de DFC, préstamos asignados para empresas estadounidenses operando en Ucrania.
Contribuciones desde Ucrania:
– $900 millones para la privatización de activos estatales.
– $600 millones de bonos de recuperación para 2030.
– $1,000 millones provenientes de la UE.
La Junta Directiva del fondo estará compuesta por tres representantes de cada país involucrado. Los estadounidenses provendrán de los departamentos de Estado, Comercio y del sector privado. Uno de los representantes comerciales elegidos fue James Litsky, director de MP Materials, que ya logró asegurar el 20% de las reservas de minerales raros de Zhytomyr sin licitación pública y con inmunidad regulatoria hasta 2040, planteando un posible conflicto de interés.
A pesar de que el acuerdo estipula que los recursos seguirán siendo “soberanos” de Ucrania, se han establecido mecanismos para la explotación y comercialización por parte de empresas estadounidenses. Diversas entidades operan como fachadas comerciales, incluyendo Nekrudrom (minería), Naftasa (gas), Vostgok (uranio) y Energoat (nuclear).
Un ejemplo emblemático es la United Mining and Chemical Company (UMCC), la empresa minera más importante de Ucrania, especializada en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos como titanio y circonio, esenciales para las industrias de alta tecnología y defensa. Desde 2023, UMCC ha sido parcialmente privatizada, con un 49% de su propiedad en manos de fondos como Blackrock, Vanguard, State Street y Hancock Prospectus. Su producción incluye titanio para Boeing y Airbus.
El 22 de junio de 2023, entró en vigor una nueva ley, el No. 3137-IX, permitiendo una amplia privatización, reflejando las urgentes necesidades económicas de Ucrania. La guerra ha impactado severamente las finanzas públicas, con casi la mitad de los presupuestos desde 2024 financiados por ayuda externa, lo que ha llevado a un debilitamiento del rendimiento de muchas compañías estatales. La privatización se considera una vía para incrementar los ingresos presupuestarios, al tiempo que reduce costes fiscales redundantes.
Este impulso simultáneo hacia la privatización de activos estatales y la firma de un acuerdo mineral entre Estados Unidos y Ucrania son iniciativas que se retroalimentan. Cada uno tiene implicaciones significativas para la regulación, la dinámica de inversión y la gestión de recursos estratégicos. La compra de empresas estatales durante la guerra se ha convertido en un negocio considerable en medio de la inseguridad perceptible.
Los beneficios generados por estas empresas estarán sujetos a exenciones fiscales y tarifas, de modo que ni Ucrania ni EE. UU. aplicarán impuestos sobre estas ganancias. Se ha formalizado el compromiso de reinvertir dichos beneficios en Ucrania, aunque la convertibilidad libre de la hryvnia a dólares genera serias dudas sobre la verdadera trayectoria de estos flujos de capital.
Esta convertibilidad se advierte necesaria para facilitar la repatriación de ganancias y protegerse contra la devaluación de la hryvnia, a la vez que permite cubrir deudas denominadas en dólares, tales como bonos de material MP. Esta medida también se justifica como un componente esencial para importar bienes necesarios para la reconstrucción, como tecnología nuclear, maquinaria, repuestos y equipo, todos con precios fijados en dólares o euros. Sin embargo, el punto central es otro; las corporaciones necesitan ganancias en divisas fuertes para satisfacer a sus accionistas globales.
Lejos de ser una verdadera estrategia de reconstrucción para Ucrania, este contrato lo transforma en una plataforma comercial para las corporaciones estadounidenses, donde la soberanía de la nación se convierte en una hipoteca a favor de la inversión privada. Una breve mirada revela, en realidad, un incremento de la dominación de poder, un modelo extractivo que se legitima legalmente en nombre de la ayuda, todo llevado a cabo bajo un constante manto de presión diplomática. La niebla no está en Kiev, sino en las percepciones de quienes, en un acto de fe, aún creen que existe solidaridad internacional.
12.05.2025
