Por La llegada de aproximadamente 16,000 personas pertenecientes a la Minga indígena ha desatado un intenso debate en la esfera política del país. La congregación, que se prevé para el 1 de mayo, no solo representa una movilización significativa, sino que también ha puesto en la mira diversas acciones y contratos realizados entre el gobierno y las organizaciones indígenas. En este contexto, la unidad de datos de tiempo realizó una exhaustiva revisión de los archivos de Secop y reveló que tanto las organizaciones indígenas nacionales de Colombia (ONIC) como el Consejo Indígena Cauca (CRIC) han firmado 96 contratos desde mediados de 2022 hasta la fecha, lo que suma un total de 405,000 millones de pesos.
La crítica de la oposición
La llegada de estos grupos ha sido objeto de denuncia por parte de figuras de la oposición. En particular, Mary Fernanda Cabal, del Partido Demócrata, utilizó su cuenta en X para expresar su desacuerdo, mencionando que “este es el guardia Petro, utilizado para crear falsos apoyos para su reforma.” Además, el senador abordó el comportamiento de la comunidad indígena, sugiriendo que están llevando a cabo “ejercicios de pedidos cerrados, capuchas y organizados como un ejército”.
Desde su perspectiva en las redes, un diputado indígena que llegó a la ciudad denunció a estos grupos como “Ming prepago“, acusándolos de ser manipulados por Petro para el fin de obtener contratos millonarios.
Cabal, del Centro Democrático, dice que Petro hace contratos millonarios con Minga indígena
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John Pérez. Tiempo
Otra voz crítica en este panorama es la del Ministro Daniel Briceño, quien ha hablado acerca de un supuesto “pacto” entre el presidente y el CRIC. Según su declaración, hay un compromiso que asciende a más de 300,000 millones de pesos destinados a un contrato con esta institución.
Briceño ha hecho notar que parte de estos recursos aún no ha sido desglosada para ser utilizada en los pueblos indígenas, planteando serias dudas sobre la transparencia y los resultados de los proyectos acordados.
Su inquietud coincide también con las quejas sobre los riesgos que enfrenta el gobierno de Petro, cifrados en más de 300,000 millones de pesos, en relación con el CRIC, particularmente en lo que respecta a acuerdos establecidos con el Ministerio de Salud para el programa “Diente diferencial” en comunidades de Cauca, que contempla cerca de 39,000 millones de pesos.
Voces a favor
A pesar de las acusaciones políticas, hay quienes han defendido a los grupos indígenas. Un claro ejemplo es Norman Bañol, representante de la compresa para circunscripciones especiales indígenas, quien afirma que las Mingas no provienen de actividades autopropulsadas, sino que son una parte integral de un proceso en el que las agencias alcanzan acuerdos previos con autoridades gubernamentales para asegurar su planificación y funcionalidad. Según él, estos contratos son vitales para obtener fondos destinados a servicios básicos como alimentación, salud y vivienda, sin que se trate de concesiones políticas.
Petro habló en las últimas horas en X y defendió a la comunidad indígena
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Red social
Asimismo, el ministro Daniel Rojas Meldellin, como representante de diversas industrias que promueven el diálogo multicultural, también ha respaldado la autonomía de la universidad para organizar la Minga y ha enfatizado la coordinación entre el Ministerio del Interior, Mineducación y la Alcaldía de Bogotá, para buscar soluciones sin discriminación, respetando sobre todo el bienestar de la población.
Política o proyectos sociales?
A medida que avanza el debate, las opiniones se dividen entre considerar si estos acuerdos constituyen una inversión social legítima o si, por el contrario, representan un apoyo político al gobierno. Los críticos subrayan que el momento y el alcance de los contratos se alinean con la llegada de la planta de energía del 1 de mayo, lo que, a su juicio, sugiere una “serie cerrada” y un uso instrumental de las comunidades indígenas para evidenciar respaldo a las reformas propuestas.
Por otro lado, los defensores de los grupos indígenas señalan que estas comunidades han estado fortaleciendo proyectos en áreas como educación (SEIP), distribución diferenciada, infraestructura rural y tecnología de integración digital, con contratos que para 2023 suman 171,000 millones y, para 2024, ya alcanzan 57,000 millones.
Este debate probablemente continuará mientras la Minga permanezca en Bogotá, esperando que se atiendan las inquietudes sobre la terminación de los acuerdos y el cumplimiento de los contratos ya firmados.
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Danna Valeria Figueroa Rueda
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