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– La Corte Suprema ordenó el miércoles arrestar a los parlamentarios.
– Están salpicados en el escándalo de corrupción.
Iván Name y Andrés Calle. Foto: Red social
La comunidad política ha reaccionado rápidamente ante la resolución de la Corte Suprema que emitió una orden de arresto contra los exparlamentarios Iván Name y Andrés Calle. Se ha señalado que el Departamento Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) estuvo implicado al recibir montos de 3,000 millones y 1,000 millones de pesos para financiar la agenda del gobierno en colaboración con estas empresas. Este es un momento crucial, ya que es la primera vez que se enfrentan a una situación tan grave en relación a un escándalo de corrupción que ha afectado a múltiples figuras clave.
“El Congreso debe abordar esta situación con seriedad y asegurarse de que no se repitan estos errores en el futuro. En casos como este, los gobiernos suelen intentar desentenderse, negando cualquier implicación y señalando el escándalo como un ‘fraude’ que no les concierne. Cuando estos incidentes ocurren, lo que realmente se necesita es un cambio institucional y el compromiso de todos los actores políticos”, escribió Catherine Juvinao, una representante del partido verde.
El senador Ariel Awil también expresó su preocupación, comentando que “durante mucho tiempo hemos estado cuestionando al Partido Verde sobre la necesidad de actuar en consecuencia respecto a estas acusaciones hacia Iván Name y Sandra Ortiz. Con la decisión de hoy, la Corte Suprema valida nuestras preocupaciones, aunque el partido no ha asumido la responsabilidad necesaria”, declaró.
En la mañana del 7 de mayo, los magistrados de la Corte se reunieron con el Ministro de Justicia y otros representantes políticos, poco después de que se discutieran estas acusaciones en una sesión del Congreso sin llegar a una resolución definitiva.
Este proceso se ha iniciado debido a presuntos delitos de soborno y irregularidades administrativas en relación con la financiación de un tercer partido. La investigación cobró vida en mayo de 2024, cuando surgieron declaraciones de testigos, incluyendo a Snyder Pinilla, exdirector de la gestión de desastres, y Olmedo López.
La situación continúa en desarrollo, y es vital que se sigan analizando todos los hechos antes de llegar a conclusiones definitivas.
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