Por La política de ‘paz total’ entra en una fase decisiva. Con apenas un año de Gobierno por delante, el comisionado de Paz, Otty Patiño, admite que el tiempo se agota, pero sostiene que aún es posible dejar procesos en un punto avanzado. En conversación con EL TIEMPO, defiende la reactivación de la mesa con los exjefes paramilitares y su designación como gestores de paz, explica los avances de la mesa con el ‘clan del Golfo’ en Catar y su eventual traslado al país, y se refiere a la ley de sometimiento, una iniciativa que considera necesaria para que los procesos de negociación no políticos avancen.
¿Por qué nombrar nuevamente a los 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, cuando ellos mismos habían renunciado a la figura hace tres meses?
Lo que ocurre es que la primera fase únicamente permitió hacer un diagnóstico de la situación de cada uno de estos gestores y, desde luego, del objeto con el cual se les dio la oportunidad de asumir esa figura, que todavía no se ha cumplido. Esa oportunidad se planteó con base en que ellos pudieran aportar a la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas, señalar los sitios donde estarían personas dadas por desaparecidas y ubicar tierras y bienes que, aunque han dicho entregar, no aparecen por ningún lado. Digamos que es una manera de cerrar el proceso de Justicia y Paz. Con esta nueva resolución buscamos perfeccionar lo que ya se había iniciado con la primera. Además, se crea una comisión técnica. Esta es una diferencia importante, pues nosotros vamos a coadyuvar. Estrictamente hablando, esto no es un proceso de negociación, sino un acto fundamentalmente político que corresponde más al Ministerio del Interior. Nosotros acompañamos y hacemos parte de la comisión técnica, al igual que el Dapre.
Otty Patiño, comisionado de Paz. Foto:MAURICIO MORENO
¿Pero qué otra cosa pueden contar ellos diferente a lo que ya se sabe?
Yo creo que esto beneficia enormemente a las víctimas, porque algunas de estas personas involucradas en crímenes y atrocidades contra las comunidades no tuvieron el tiempo, pues fueron extraditados, entre otras razones, de revelar muchas de las cosas que sabían. Esperamos que con este nuevo espacio logren aportar en ese sentido, principalmente en temas de verdad, que desde luego son un elemento muy importante para la reparación de las víctimas.
Hubo un pulso político cuando se expidió su primera resolución entre su oficina y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se decía que a usted no le convencía la idea. ¿En este momento está de acuerdo con que se inicie esta mesa?
No solamente estoy completamente de acuerdo, sino que ya, junto con el ministro del Interior, habíamos empezado. Incluso se había designado a una persona para estar en esa mesa: Fabio Cardoso, un delegado nuestro que está atendiendo lo de Buenaventura. De tal manera que él está acompañando al ministro del Interior en este trabajo.
Cambiando de tema, cuénteme qué pasó en Catar con el ‘Clan del Golfo’…
La persona que más puede informarle en detalle sobre esto es Álvaro Jiménez, quien estuvo con ellos en Catar. Pero, a grandes rasgos, podemos decir que ya estamos terminando la primera fase, que es la creación de confianza. El hecho de que Catar y su gobierno hayan asumido la facilitación de este proceso es algo muy positivo. No solo por el aporte económico que hicieron al costear el viaje y la estadía de las delegaciones, un desplazamiento que cuesta bastante dinero, sino porque Catar ha jugado un papel importante como mediador en procesos complejos, como el que se llevó a cabo entre Estados Unidos y los talibanes, y lo que hoy impulsa en el caso de Palestina e Israel.
Catar anuncia que albergó la primera ronda de mediación entre el Gobierno y el ‘clan del Golfo’. Foto:Cortesía
Eso le iba a preguntar, ¿por qué en un lugar tan lejano?
Catar funciona, en cierta medida, con una lógica similar, aunque con diferencias, a la de Noruega. Es decir, es un Estado que facilita muchos procesos de paz. Y aunque está situado en otra geografía, comparte esa misma filosofía de apoyar y mediar en procesos complejos.
¿Cuándo es la próxima reunión con ellos?
Creo que al final de este mes. Sin embargo, hay un adelanto muy importante: se designaron cinco municipios en las zonas donde ellos tienen influencia. Es muy probable que en poco tiempo el proceso se traslade a Colombia, en la medida en que aquí se les puedan brindar garantías de seguridad. La idea es establecer acuerdos para que las personas que se ubiquen en esos lugares -que serían zonas de ubicación tempora- cuenten con una protección pactada previamente.
¿Qué temas concretos se acordaron con ellos?
Se acordó liberar a los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia en esas zonas. También se empezó a trabajar en la erradicación de las economías ligadas al narcotráfico, los desplazamientos, las actividades de minería ilegal y la migración irregular que ocurre en esos territorios. Me parece que esos ya son adelantos muy importantes.
El documento que firman ambas partes habla de un “proceso de desmovilización”. ¿Usted realmente cree que eso se puede lograr en un año?
Somos obligatoriamente optimistas porque el tiempo se nos acabó. Frente a los nuevos procesos que se están abriendo, planteamos que debe vislumbrarse un final, al menos un acuerdo de transición, que es lo que hemos dicho. Por supuesto, la transición hacia la transformación territorial, de la ilegalidad a la legalidad, y la disminución de la violencia en esos territorios no va a culminar en este gobierno. Pero esperamos que quede tan avanzada que resulte muy difícil echarla atrás. Debemos tener en cuenta que esta es la organización ilegal más numerosa, la que más territorio cubre y, de todas maneras, la que genera mayor sensibilidad entre las víctimas de la conflictividad colombiana.
Otty Patiño. Foto:MAURICIO MORENO
Pero hay muy poco tiempo, ¿no es un poco ingenuo pensar que se logrará?
No, de ninguna manera somos ingenuos. Creemos que debemos mantener un relativo optimismo, pero también ser muy realistas: todo aquel que demuestre voluntad de paz, no solo con palabras, sino con hechos, puede sentarse a conversar con nosotros. Y deben demostrar, a través de acciones concretas, que sus palabras se convierten rápidamente en realidad. Si eso no ocurre, paramos y dejamos que sigan en su guerra. Y, en todo caso, esa no es una pelea contra el Estado colombiano, sino contra las comunidades o contra otros actores ilegales con los que disputan el territorio. De tal manera que, así como nos sentamos con ellos, tampoco nos cuesta ningún trabajo volver a levantarnos de la mesa.
¿De qué depende ese tipo de decisiones?
Damos un tiempo, y si en ese plazo no se ven claras muestras de que se está avanzando, no vamos a perder más tiempo, porque no hay tiempo que perder.
¿Habría un cese del fuego como en otros procesos?
No. Este proceso no está basado en un cese al fuego. Está pensado sobre lo que llamamos el “triángulo de oro”: las transformaciones territoriales, el desescalamiento de las violencias y la transición hacia la vida civil. En la medida en que avancemos, podremos crear algunos mecanismos para proteger a quienes entren en este proceso y garantizar que no sean agredidos ni judicializados, o que las órdenes judiciales puedan posponerse en su aplicación. De eso se tratan las zonas de ubicación temporal.
El Gobierno reconoció al ‘clan del Golfo’ como GAO. ¿Esto busca darles, de alguna forma, un estatus político?
El GAO no es un estatus político. Simplemente significa “Grupo Armado Organizado”. Con ellos hay una decisión de abrir mesas o conversaciones de carácter sociojurídico, que transcurren básicamente en el ámbito legal. De tal manera que con estos grupos no se va a discutir nada relacionado con transformaciones estatales. Lo que sí es posible, dentro de ese “triángulo de oro” que ya le mencioné, es que participen en la construcción de Estado en territorios donde este no hace presencia, en procesos de transformación territorial, en la disminución de las violencias y, sobre todo, en la protección de la población más vulnerable.
¿Y qué responde frente a las críticas de la familia de Jorge Eliécer Gaitán por la decisión del Gobierno de avalar la denominación como ‘Ejército Gaitanista’?
A mí me parece un poco curioso. Con la familia Gaitán, desde un comienzo planteamos que el primer punto a discutir iba a ser el nombre. Después de un trabajo de diálogo con ellos, se llegó a un punto intermedio: nosotros no reconocemos el nombre, sino que reconocemos que ellos se autodenominan de esa manera. No es que aceptemos que sean el “Ejército Gaitanista”, sino que esa es la forma en que ellos se llaman a sí mismos. Resulta un poco extraño que, una vez que plantean en estas primeras conversaciones su disposición a desmovilizarse y a desaparecer como grupo armado, surja la protesta. Lo que nos interesa a todos los colombianos es justamente que estos grupos desaparezcan. Y, además, hay que tener en cuenta que no va a haber impunidad: el hecho de que exista un camino sociojurídico significa que también habrá penas.
¿Ellos aceptan eso?
Ellos tienen claro que no va a haber impunidad: habrá penas y habrá castigos. Por supuesto, al igual que con los otros grupos, se plantea que esas sanciones ojalá se apliquen en los territorios. Ninguno de los grupos con los que estamos negociando aspira a ser senador, representante o a ocupar altos cargos en el Gobierno Nacional. Todos son muy territoriales. Por eso, esa territorialización de la paz coincide con la aspiración del Gobierno de que la paz se construya desde los territorios, y no como una simple discusión de orden nacional.
¿Qué pasa si la ley de sometimiento no prospera?
Nosotros hemos avanzado sin necesidad de un proyecto de ley, y eso es importante destacarlo. La ley de sometimiento podría servir para atenuar las penas de los dirigentes de estas organizaciones, pero en realidad menos del 10 % del proceso depende de su aprobación. Aun si la ley no prospera, podemos seguir avanzando y encontrar alternativas. Tenemos tres escenarios: el plan A, que sería suspender los procesos si no se aprueba la ley; el plan B, si se aprueba, sería darle mayor velocidad a la implementación; y el plan C consiste en continuar con los avances aun sin la nueva ley.
Otty Patiño, comisionado de Paz. Foto:MAURICIO MORENO
Le cambio de tema. El Eln envió una propuesta para reactivar la mesa, ¿qué opinión le merece?
No se descarta abrir conversaciones. Estas pueden ir desde cuestiones humanitarias porque ellos en este momento tienen secuestrados de las Fuerzas Militares y del CTI y darle solución a eso podría ser un motivo para hablar con ellos. Sin embargo, nuestra aspiración es que se avance más allá de acuerdos humanitarios, porque existe el temor de que, si accedemos únicamente a esos acuerdos, se termine estimulando el secuestro. Y eso no es bueno para nadie: ni para la población secuestrada ni para el país, porque podrían intentar seguir avanzando sobre nuevos secuestros, y creemos que eso no es conveniente.
Al contrario, pensamos que, en la medida en que se logren acuerdos humanitarios que eliminen ese tipo de prácticas, podríamos tener cierta racionalidad en las conversaciones. Aspiramos a que, por lo menos, se abran nuevos caminos. Ellos han planteado que están de acuerdo con lo que ya se hizo en Quito y en México, y que a partir de ahí se pueden seguir desarrollando las conversaciones, que desde luego tienen un carácter político, con ellos se trata de una mesa sociopolítica.
‘Antonio García’, ‘Gabino’ y ‘Pablo Beltrán’. Foto:Archivo particular
¿Bajo qué condiciones aceptarían volver a la mesa?
No podemos desconocer que, durante este tiempo, ellos han cometido atrocidades como las ocurridas en el Catatumbo, donde asesinaron a muchas personas, desaparecieron a miles y provocaron el desplazamiento de comunidades enteras. Si no logramos establecer un acuerdo mínimo sobre el comportamiento de este grupo en esa región, será muy difícil avanzar. De lo contrario, estaríamos concediendo o legitimando atropellos contra la población que de ninguna manera son válidos ni legítimos.
Allí en el Catatumbo también se acordó la creación de una zona de ubicación temporal con el frente 33, pero el plazo establecido ya se cumplió. ¿Qué margen de espera dará?
Allí hay varios elementos de inseguridad. Por un lado, está el tema de las minas: es necesario desminar y descontaminar el territorio, lo cual es fundamental. Además, hay que blindar la zona frente a posibles ataques con drones, que es la tecnología que ahora están utilizando los grupos armados ilegales. Si no se establece una cortina de defensa contra drones, es muy difícil instalar una zona en la que ellos no corran peligro. Y, desde luego, creo que el elemento más importante es que la propia población proteja el proceso. No se trata únicamente de la presencia de la fuerza militar, sino de que las comunidades estén de acuerdo con los retornos y con el desarrollo de su economía, y se comprometan con la protección. De esa manera, cualquier ataque contra el frente 33 sería también un ataque contra el proceso mismo.
En el frente 33 está ‘Mocho Olmedo’, a quien el Gobierno no ha extraditado pese a que Estados Unidos lo solicita. ¿Cómo justifica esa decisión frente a la presión de Washington, que insiste en que se deben reducir los cultivos y extraditar a todos los requeridos?
Frente al tema de la extradición, el Gobierno no desconoce los acuerdos existentes, pero tampoco los aprueba de manera automática. Este es, de hecho, el gobierno que más extradiciones ha realizado en todos los periodos. Se han eximido de la extradición únicamente a tres personas que están comprometidas en procesos de paz, aun cuando la Corte Suprema ya había avalado las solicitudes de Estados Unidos. Pero hay cientos de personas en lista de extradición. De tal manera que la decisión del Gobierno es no aplicar la extradición a quienes estén realmente comprometidos con los procesos de paz.
Otro de los solicitados en extradición es alias ‘HH’, de Comuneros del Sur. ¿Qué avances concretos hay en la zona de ubicación temporal de ese grupo?
Sí, estamos pendientes de la zona de ubicación temporal. Hemos tenido algunos inconvenientes porque las cuestiones burocráticas han frenado el avance. Por ejemplo, está el tema de la certificación de la consulta previa. Nosotros consideramos que ya se cumplió con todos los requisitos, pero el Ministerio del Interior sostiene que aún falta una parte del procedimiento. Esa diferencia de criterios nos ha retrasado un poco.
De todas maneras, ya existe una zona de ubicación definida, y eso permitirá iniciar la transformación de las economías ilegales, como los cultivos de coca, hacia actividades legales como la extracción y comercialización formal del oro. Es una gran oportunidad para que la comunidad pueda transitar de la economía ilícita de la coca a una economía legal. Y, por supuesto, sin descartar otras formas de agricultura que también son viables y que en la zona de Abades han mostrado buenos resultados.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
