Por Con la radicación del controvertido proyecto de ley del Gobierno con el que se busca darles gabelas a los capos de las bandas criminales, este domingo 20 de julio arranca la cuarta y última legislatura, que tendrá un tinte atípico en medio de las crecientes tensiones entre Casa de Nariño y Congreso.
Tradicionalmente, en el último año de sesiones los congresistas están pensando más en su reelección, así como en las presidenciales, que en tramitar grandes iniciativas. Los gobiernos, por su parte, a estas alturas ya han agotado prácticamente todo su capital político y se dedican más a presentar logros.
En octubre serán las partidistas, en las cuales el Pacto Histórico elegirá candidatos. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Pero este año legislativo, aunque parlamentarios y Ejecutivo están con miras en los comicios del 2026, estará marcado por grandes discusiones de origen gubernamental, pues hace tres años presentó una ambiciosa agenda que, según se dijo en su momento, iba a estar lista en seis meses, pero la imposibilidad de llegar a acuerdos terminó implosionando la poderosa coalición que se armó de la mano de los partidos tradicionales.
Los proyectos claves que se van a discutir esta legislatura
Después de que en los próximos días se definan las mesas directivas de las comisiones –este domingo eligen presidentes de Senado y Cámara–, se reactivará la agenda legislativa con la discusión de la reforma de la salud 2.0.
La reforma se la salud 2.0 se aprobó en la Cámara de Representantes. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo
Esa iniciativa, que está en su tercero de cuatro debates en la Comisión VII del Senado, quedó en stand by en medio de la discusión de la reforma laboral y la consulta popular.
En esa célula legislativa, donde ya se hundió una vez ese proyecto, estaban los votos para archivar nuevamente el proyecto oficial, pero con ese lapso de tiempo el Gobierno se habría estado moviendo para tratar de conseguir los votos y hoy no es tan segura una derrota para la Casa de Nariño.
La reforma, si no se tramita en los próximos doce meses, se podría hundir por falta de trámite.
Otro proyecto pendiente es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, que fue aprobada por las comisiones primeras pero no ha tenido discusión en las plenarias. Esa iniciativa está antecedida por una reforma constitucional y una ley estatutaria, pero necesita superar este último paso para ser una realidad.
No solo se tramitarán proyectos que están en curso, el Gobierno ya anunció nuevas iniciativas que darán que hablar y que no tienen un ambiente favorable.
Este domingo, según anunció el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se radicará el proyecto para someter a las bandas criminales. No es la primera vez que la Casa de Nariño tramita una ley de sometimiento. A principios de 2023 se radicó un proyecto en ese sentido, pero nunca avanzó y la iniciativa se hundió por falta de trámite.
Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Foto:Minjusticia.
También, el Gobierno radicará una nueva reforma tributaria que, hoy, todavía sin conocerse el texto definitivo, parece estar destinada al archivo. Los congresistas, a propósito del año electoral, no correrían el riesgo de aumentar los impuestos cuando en menos de doce meses los colombianos saldrán a las urnas. Asimismo, está el antecedente de diciembre del año anterior, cuando las comisiones económicas hundieron un proyecto con el que se buscaban recaudar más de 10 billones de pesos.
Se presentará también la ley para reducir tarifas de energía, que ya tiene un borrador que está siendo socializado con los distintos sectores. En los próximos meses también deberá ser radicada, por parte del Gobierno, la ley de competencias. Ese proyecto es clave, y de interés de todos los congresistas, pues definirá cuáles tareas que hoy tiene el nivel central pasarán a las administraciones regionales.
Ese proyecto, más allá de los tintes políticos, es muy esperado en el Congreso, ya que cuando se aprobó la reforma del Sistema General de Participaciones para aumentar la plata que la Nación les da a los departamentos y municipios se dejó claro que solo entrará en vigencia una vez se apruebe esa ley de competencias.
Cuando se aprobó esa reforma, Gobierno y oposición votaron en el mismo sentido y es uno de los pocos proyectos en tres años que han tenido un consenso en el Legislativo. Esa no tendría mayores problemas, en principio.
Si bien 12 meses parecen suficientes para estas iniciativas, sin contar otras que están en curso, así como las que llegarán, a medida que la campaña se intensifique el Congreso sesionará a un ritmo más lento y como el Senado no quedará en manos de un aliado del Gobierno –está previsto que el liberal Lidio García sea el nuevo presidente del Congreso– eso podría significar que no se le dé prioridad al proyecto oficial.
Lidio García, senador liberal. Foto:@Lidiosenado
Pero ese no es el único inconveniente para las intenciones del Gobierno. En la legislatura anterior quedó en evidencia que cada vez se le dificultó formar mayorías, por lo que el trabajo del ministro del Interior, Armando Benedetti, será cada vez más complejo. Y es que en los últimos 12 meses se hundieron el presupuesto, la tributaria, la reforma laboral –que revivió y fue aprobada– y dos consultas populares.
“Las cuartas legislaturas, tradicionalmente, independientemente de este gobierno, son legislaturas estériles. Son estériles en materia legislativa porque se cruzan con un año de campaña. El Gobierno se va quedando sin capital político y, además, el Gobierno tiene intereses en la campaña. Sin embargo, en esta cuarta legislatura hay varios proyectos trascendentales que tendrán mucha atención”, dijo el analista político Gabriel Cifuentes, columnista de este diario.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto:César Melgarejo
Las tensiones entre Gobierno y Congreso
Hay bastante expectativa por la relación que tendría Lidio García con el presidente Gustavo Petro. Los dos últimos presidentes del Congreso, Iván Name y Efraín Cepeda, tuvieron constantes choques con el jefe de Estado, siendo este último constantemente mencionado por él en sus discursos y en su cuenta de X. El presidente Petro, incluso, acusó a Cepeda de liderar una banda y lo señaló de ser un “hp”. Fueron meses de enfrentamientos entre las cabezas de los dos poderes pero, curiosamente, el presidente Petro lleva varias semanas sin hacer mención alguna a Efraín Cepeda, quien aunque volverá a su curul de senador seguirá siendo una de las principales voces contradictoras al gobierno de Gustavo Petro.
Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en entrevista con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO Foto:Milton Díaz. EL TIEMPO
Cepeda ha insistido en que defendió la separación de poderes y dejó claro que su misión fue velar por la independencia del Congreso.
“No podemos pensar que el Congreso es notario de lo que piensa el Ejecutivo. Con todos los gobiernos se ha concertado, cada partido tiene una bandera y una propuesta que generalmente enriquece”, aseveró el senador conservador.
García es un hombre que habla poco y rara vez está metido en alguna controversia. No es mediático y tampoco trina. Sin embargo, el cargo que ostentaría desde hoy lo obligaría a pronunciarse sobre las principales discusiones del país, entre ellas las controversias, como si el Gobierno insiste en la idea de hacer una constituyente.
Además, García se ha venido acercando cada vez más al expresidente César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal, quien es una de las voces más críticas contra la administración Petro.
Cifuentes advierte, sin embargo, que el ambiente político no estará fácil y buena parte de ese ambiente lo marcará la elección de las mesas directivas de las comisiones y será clave ver si se respetan los acuerdos. Ya el mismo Gobierno rompió los pactos en Cámara al apoyar a un candidato de ‘la U’, cuando se había acordado que la última legislatura Cambio Radical tendría la presidencia.
El presidente Gustavo Petro durante la alocución del 15 de julio. Foto:Ovidio González – Presidencia de la República
“El Gobierno va a tratar en esta cuarta legislatura de salvar la presidencia de la Cámara y de las comisiones estratégicas, pero con esta campaña cruzada y donde verdaderamente se ha visto una ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo va a ser muy difícil recomponer las relaciones para pretender que en esta cuarta legislatura, que suele ser estéril, pueda generar los resultados necesarios”, aseveró el analista.
La legislatura anterior, además, dejó heridas abiertas que hoy no sanan, como la decisión del Gobierno de desconocer la negativa a la consulta popular y de emitir el decretazo convocando a las urnas, que fue visto por algunos sectores como una manera de presionar al Congreso para que se aprobara la reforma laboral.
Atentado a Miguel Uribe y captura de Name y Calle dejan un ambiente enrarecido
Más allá de la campaña y las tensiones entre los dos poderes, el ambiente está enrarecido por cuenta de la captura del senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle, quienes presidieron el Congreso en la segunda legislatura y hoy están presos en La Picota, en Bogotá, por supuestamente haber recibido dinero para favorecer el trámite de las reformas sociales. Esa plata habría salido del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo cerebro fue Olmedo López, exdirector de la entidad y cercano al presidente Gustavo Petro. Por ese escándalo hoy está prófugo Carlos Ramón González, exmiembro del M-19 quien en el gobierno fue director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Miguel Uribe Turbay Foto:EL TIEMPO
A ese enrarecido ambiente se sumará un nuevo remezón ministerial, lo que implicaría que lleguen nuevos ministros a apoyar el relacionamiento con el Congreso, una tarea que de entrada no es sencilla y más cuando se trata de un gobierno saliente.
A esto se suma el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe, quien se encuentra en cuidados intensivos en la clínica Santa Fe, en el norte de Bogotá. Se prevé que en las próximas semanas se ponga sobre la mesa la posibilidad de reemplazar, de manera temporal, al parlamentario, ya que con los apretados resultados de las consultas populares todo voto cuenta.
Lo más sano para la democracia será que se cumpla con la Constitución Política de 1991, la cual habla de que haya una colaboración armónica entre los tres poderes.
Sin embargo, ese no parece ser el tono que se verá en los próximos meses y, por el contrario, ya el presidente Petro ha enviado varias señales.
Ya el Presidente comenzó a presionar al Congreso y dijo en consejo de ministros televisado que “si no se aprueba, muere Colombia porque acaban el Estado”. Ese comentario, según analistas, es preocupante, pues es una presión indebida al Legislativo.
“Un punto muy preocupante de la alocución de Petro de esta semana es su naturalización de la violencia como supuesta consecuencia de que sus políticas no sean implementadas. Si no aprueban su ley de financiamiento “nos hundimos en la barbarie y la violencia”. Igual que cuando decía que si no apoyaban su consulta popular y varias de sus reformas, estaban condenando al país a la violencia. El ideal de todos los demócratas debe ser la eliminación de todas las formas de violencia. Creer que si no le aprueban una reforma, una consulta o un proyecto a un gobierno siempre será equivalente a llevar a la violencia es una forma de naturalizar y normalizar esa violencia”, opinó el analista Fernando Posada, también columnista de este diario.
El Gobierno, si no se aprueban estas últimas reformas, parece estar dispuesto a volver a la narrativa del supuesto bloqueo legislativo, lo cual carece de sustento si se hace una evaluación de todas las iniciativas de origen gubernamental que se han tramitado en estos tres años. No han sido proyectos de poca monta, se aprobaron reformas constitucionales como la del campesinado como sujeto de derecho, la jurisdicción agraria, la mesada 14 para la Fuerza Pública, la ley de ‘paz total’, una ambiciosa tributaria en 2022, la creación del Ministerio de la Igualdad, el Código Electoral, un presupuesto desfinanciado en 2023 y las reformas laboral y pensional. El Congreso, en su independencia, sí ha aprobado una buena parte de las iniciativas presentadas por la Casa de Nariño. Sin embargo, como ha insistido Cepeda, así como otras respetadas voces del Capitolio, no pueden ser notarios del Gobierno, que en varias oportunidades se ha negado a buscar consensos.
El presidente Petro parece estar decidido a jugársela por la reforma de la salud, que es la única de las reformas sociales que le queda por aprobar –la pensional está en manos de la Corte–. Pero el Congreso ha tenido bastantes reparos con esa iniciativa y hoy la victoria de Petro parece estar lejos.
MATEO GARCÍA
Subeditor de Política
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