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En la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley 031 de 2025, que se llevó a cabo en el Salón Oval capitalino, representante del Ministerio de Hacienda, Cristian Cruz, Director de Política Macroeconómica, Explica al Parlamento por qué la propuesta “no es compatible” con la ley de financiación introducida por el gobierno nacional y podría incluso alterar los objetivos fiscales.
Las declaraciones marcaron un punto de inflexión en la cobertura del proyecto presentado por el representante Christian Garcés del Centro para la Democracia, que busca reactivar diferentes industrias a través de incentivos fiscales y medidas de promoción laboral.
Según Cruz, el proyecto de revitalización tiene objetivos diferentes y no genera los recursos permanentes necesarios para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, lo que plantea desafíos a la sostenibilidad fiscal.
En su discurso, Cruz dijo: “Hemos presentado un proyecto de ley de financiamiento acorde con lo que estaba, digamos, incorporado en el presupuesto nacional que se aprobó. Esta ley de financiamiento pretende recaudar 16 mil 300 millones de pesos para financiar el presupuesto como tal, “Tiene disposiciones fiscales que apuntan a generar ingresos no sólo en 2026, sino también a generar ingresos fiscales a perpetuidad”.
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Un representante destacó la importancia de esta permanencia, aspecto que distingue la ley de financiación del proyecto discutido en la audiencia: “Lo contrario, digamos, del proyecto de revitalización económica. “El proyecto de ley de revitalización económica no crea los recursos a perpetuidad previstos en la ley de financiación”.
Y añadió: “Ahora tenemos que ser justos. El propósito de la Ley de Reactivación no es exactamente aumentar los ingresos a perpetuidad. Probablemente tenga una agenda diferente, como sugiere el nombre, se llama Ley de Reactivación”.
Christian Cruz dijo desde el punto de vista técnico del ministerio: “Este proyecto de ley de reactivación, al menos, desde nuestro punto de vista, no genera ingresos suficientes para poder financiar el presupuesto general del próximo año”.
El funcionario explicó que el proyecto de revitalización se centra en incentivos y beneficios fiscales dirigidos a sectores específicos.
“Tiene algunas disposiciones que están dirigidas a la revitalización económica, particularmente lo que tiene que ver con la tasa del impuesto al consumo para bares y restaurantes, lo que tiene que ver con los beneficios fiscales para los alimentos de los trabajadores”, dijo.
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Sin embargo, advirtió de su limitado impacto en el actual momento financiero: “Estas acciones pueden tener una justificación macroeconómica, pero no necesariamente cuentan con el máximo apoyo fiscal cuando hablamos de una situación en la que “Es necesario recaudar más, no necesariamente crear incentivos que se centren en determinadas industrias del país”.
Representante del Ministerio de Hacienda, Christian Cruz, Director de Política Macroeconómica Imagen:tesorería
“El país debe tomar decisiones en materia tributaria”
Cruz reiteró que las finanzas públicas requieren decisiones más amplias: “La situación fiscal del país requiere decisiones que van más allá del gobierno, requiere apoyo del Congreso (…) independientemente de que se apruebe o no la ley de financiamiento, el país tendrá que tomar decisiones sobre impuestos en los próximos años, meses si se quiere”.
También aclaró que el ajuste fiscal no debe interpretarse como recortes equivalentes a las cifras sugeridas por algunos organismos: “No hay ningún subconjunto de gasto que se pueda recortar en 40 mil millones de pesos, no existe”.
“El proyecto de revitalización no responde a la necesidad de ajuste fiscal a través de la reforma tributaria que en este momento requiere el país”, puntualizó.
Otras intervenciones durante la audiencia
Representantes gubernamentales y empresariales participaron del debate y describieron los efectos fiscales, comerciales y técnicos del proyecto de ley 031 de 2025.
Carlos Rojas, jefe de asuntos jurídicos del Ministerio de Industria y Turismo, advirtió sobre la posible inconsistencia del proyecto con los acuerdos internacionales: “Estamos preocupados y es una cosa que se puede ver como una ley tributaria. En ningún otro acuerdo de libre comercio tenemos el compromiso de no cobrar IVA a los envíos urgentes por valor inferior a $200”. Agregó que la trifurcación de mercancías importadas según este método “causó grandes daños a los empresarios y a la economía del país” y pidió “moderar el literal J del artículo 428 del Código Tributario en circunstancias anormales”.
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Alberto Yohai, presidente de la CCIT, cuestionó el artículo 7 de la tasa técnica del SICOV, indicando que “viola el principio de legalidad tributaria por la falta de claridad en el aspecto del impuesto” y que “asigna indebidamente facultades tributarias al Gobierno nacional”. Señaló que la medida “afecta a la libre competencia al eliminar el único factor competitivo que es el precio” y recomendó archivar el proyecto.
Camilo Ospina, presidente de Asobares, enfatizó el aporte fiscal de su sector al señalar: “En este momento están creando una cartera de 4 mil 500 millones de pesos. Agregó que “hoy pagan más IVA además del no consumo de lo que sería la tarifa general” y propuso crear un “porcentaje diferencial del 10%” en la ley tributaria, que permita deducir el IVA de toda la cadena productiva para apoyar la actividad económica del artículo.
El presidente de la tercera comisión anunció que en las próximas semanas se seguirán discutiendo presentaciones y arreglos.
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*Este contenido fue escrito con la ayuda de inteligencia artificial, basado en información de la Cámara de Representantes, y fue revisado por un reportero y editor.
